La pesca gallega perdió 1.200 trabajadores el último año y se agrava la falta de relevo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) considera expresamente la pesca como “una ocupación peligrosa en comparación con otras” en el Convenio 188 aprobado el 14 de junio de 2007 para garantizar a los profesionales del mar “condiciones decentes”. El acuerdo, de ámbito internacional, fija “requisitos mínimos para el trabajo a bordo”, incluidos el alojamiento y la comida, protección en materia de seguridad y salud, atención médica y seguridad social. La Federación Europea de Trabajadores del Transporte (ETF, por sus siglas en inglés) y la patronal del sector comunitaria, Europêche, acordaron su ratificación en 2012, aunque hasta 2017 no entró en vigor en los diez primeros estados miembros de la OIT. Entre ellos no estaba España. El Congreso de los Diputados lo aprobó por unanimidad en abril de 2022 y el acuerdo de ampliación de derechos a los trabajadores del mar entró por fin en vigor el pasado 29 de febrero.

Muchos ven en el Convenio 188 de la OIT la mejor arma posible contra la sangría laboral en la pesca. Su aplicación era “urgente para afrontar un relevo generacional”, asegura Juan Manuel Trujillo, presidente de la sección de Pesca de la ETF, en un reportaje de la revista Mar del Instituto Social de la Marina. “Daremos reconocimiento a la formación, mejoraremos los temas de seguridad y evitaremos la innumerable cantidad de accidentes que se producen como consecuencia de un hundimiento, muerte y demás”, asegura Trujillo, que lamenta que el oficio “no se conoce por parte de los jóvenes en general”.

Las afiliaciones en el Régimen Especial del Mar, donde cotiza la plantilla de la Marina Mercante, ocupados en la pesca y la acuicultura, la estiba, rederos o buceadores profesionales, alcanzaron las 18.196 al cierre de febrero en Galicia, según los últimos datos de la Seguridad Social recopilados por el Instituto Galego de Estatística (IGE). Otro mínimo histórico tras un recorte superior al 6% en los últimos doce meses. El sector perdió 1.196 trabajadores comparación con febrero de 2023. Ninguna otra actividad sufrió un desgaste mayor. Ni las también diezmadas agricultura y ganadería, donde la caída fue del 3%, unos 700 ocupados menos que hace un año.

El recorte en la pesca es incluso superior, del 12%, entre los jóvenes menores de 30 años. Queda unos 1.200. Suponen solo el 6,7% de todas las altas en el régimen a estas alturas. Cerca de la mitad tiene 50 o más años.

La destrucción de empleo entre los profesionales del mar en la comunidad es constante. En las últimas dos décadas las afiliaciones mermaron en más de 11.500. Desaparecieron prácticamente cuatro de cada diez. La caída entre los cotizantes de hasta 30 años llega al 70%.

La adhesión al Convenio 188 permitirá avanzar, según Trujillo, “en el campo de la seguridad y en las condiciones socioeconómicas, mayor estabilidad”. “Tendrán mayor conocimiento de cuáles son las posibilidades de desarrollo profesional y las prestaciones económicas que van a llevar para ello”, insiste. Cada vez más voces se unen a la necesidad de fijar un salario mínimo en el sector. La ETF apuesta por ello y que “después, finalizadas las campañas, las mareas y los periodos de pesca y se produzca la venta del pescado, se realice un ajuste”. En esa misma línea va el análisis sobre el relevo generación en el sector elaborado por la Universidade de Santiago a petición de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. Ir más allá del reparto según capturas y marcar una retribución fija para lograr la estabilidad de las plantillas a bordo y atraer a los jóvenes, ayudando así, además, a extender algunas prestaciones de la Seguridad Social como el derecho a cobrar el paro o la baja por enfermedad.

El reciente estudio del Consejo Económico y Social (CES) sobre la pesca, la acuicultura y la industria transformadora en España pone el acento en el desequilibrio en la mano de obra en las actividades vinculadas al mar, donde el 71% de los trabajadores empleados supera los 40 años. El organismo remarca la necesidad de mejorar la retribución” de los pescadores para que sea “suficiente” e, incluso, va más allá y apuesta por un convenio colectivo marco que se pueda aplicar a las distintas flotas, como sí ocurre en la acuicultura. Entre las fuentes de financiación posibles para elevar las nóminas, el CES pone como ejemplo el turismo marinero.

La única vía que por el momento está dando pie a frenar la bajada en picado del personal del mar en Galicia es la contratación de extranjeros. En su caso sí aumentan las afiliaciones a la Seguridad Social. Son casi 1.500 foráneos en el régimen en la comunidad tras sumar 63 altas en un año. El grupo mayoritario son los pescadores procedentes de Senegal: 325.

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