Bruselas tendrá en septiembre el nuevo estudio del impacto de las vedas a la flota

El “Grupo de Trabajo de Expertos” creado especialmente para analizar el impacto socioeconómico de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo ha echado a andar. A través de una reunión de carácter telemático, la Comisión Europea y el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf, en sus siglas en inglés) presentaron las líneas maestras y el alcance del estudio ante los Estados miembro, representantes del sector y científicos. Y la principal conclusión es que los resultados del análisis se podrán saber en septiembre, mes marcado para dar a conocer a las partes interesadas –o stakeholders– las cifras preeliminares. A partir de ahí, el informe final no se espera hasta noviembre, por lo que el actual cierre de caladeros cumplirá más de dos años inalterable pese a que el compromiso era el de una revisión anual.

El alemán Ralf Döring fue el encargado de dirigir el encuentro ayer por la tarde. Lleva 16 años trabajando en el Stecf y será el que pilote el recién creado grupo de expertos. En la presentación, en la que estuvo acompañado de Jenny Nord y Francois Bastardie, Döring explicó cuál será el calendario de trabajo y las metodologías a utilizar.

Bruselas crea ahora un grupo de expertos para ver el impacto de las vedas a la flota

La idea inicial es la obtener un estudio más a fondo que el que se presentó el pasado verano, que cifraba el impacto para la flota en hasta 16 millones anuales. La intención de la Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) es disponer de unos datos más robustos y completos de cara una futura evaluación o revisión. Para conseguirlo, la propuesta del Stecf es la de cruzar los datos recogidos en los diarios de a bordo de todos los buques afectados por los 87 cierres con las derivas de los mismos en base al sistema de monitoreo satelital (VMS, en inglés).

A mayores, y como ya avanzó la propia responsable de la DG Marea, Charlina Vitcheva, la “evaluación exhaustiva” prometida llegará hasta los armadores. Así, además de conversar con miembros de cada país, “se realizarán entrevistas semiestructuradas con representantes de la industria pesquera a lo largo del año”. Con ello el Stecf busca “conocer mejor las repercusiones del reglamento”, además de “la situación económica, los segmentos específicos de la flota o las percepciones del sector pesquero”.

De lo que no hay noticias es si la evaluación se centrará solo en los arrastreros o si incluirá la afectación al palangre de fondo, ya que la industria y el sector científico siguen defendiendo que se trata de un segmento de flota cuyo impacto en el fondo es mínimo.

Por otro lado, lo que sí se tendrá en cuenta es el movimiento efectuado por los buques hacia otros caladeros para evitar los 87 cierres. A juicio del Stecf, “es probable que ya se haya producido un desplazamiento del esfuerzo” pesquero y las empresas “tendrán que ajustar sus actividades en el futuro”.

Los vetos a la pesca de fondo cercan a la flota

Por ello, el informe final de este grupo de expertos “debe tener en cuenta la cuestión de la redistribución del esfuerzo como resultado de los cierres de las zonas”. Para ello, hay dos opciones encima de la mesa: que sean los propios Estados miembro los que realicen el análisis y envíen los resultados al Stecf, o que sean los propios expertos los que lo hagan, para lo que los países tendrían que enviar información sensible de sus flotas.

Sea como sea, noviembre es el mes en el que se aprobará el informe definitivo durante la sesión plenaria del Stecf. De esta forma, el próximo 9 de octubre se cumplirán dos años desde que se decretaron las 87 vedas en zonas con profundidades de más de 400 metros bajo la premisa de proteger los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés). Cierres que se extienden desde el Golfo de Cádiz hasta al norte del caladero de Gran Sol y que, en base a un reglamento y como se dijo, se iban a revisar de forma anual. Algo que hasta la fecha no se ha hecho.

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