Bruselas crea ahora un grupo de expertos para ver el impacto de las vedas a la flota

La revisión de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés) sigue en el aire. No fue a finales de 2022, cuando se creía, y tampoco a comienzos del pasado año, como se anunció, ni siquiera “a finales de otoño o comienzos de 2024”, como también se dijo. De hecho, la flota continúa sin una fecha clara para un nuevo reglamento en el que se prevé que aumenten las zonas, tal y como recomendó el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés).

Lo que sí habrá, en cambio, será un completo análisis del impacto socioeconómico que tienen estos cierres sobre las flotas de arrastre y palangre de fondo. La Dirección General de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) ha comunicado al sector y a los Estados miembro que se creará, ahora, un “Grupo de Trabajo de Expertos” especializado, que se encargará de realizar un “análisis a nivel de unidad de pesca individual o de pesquería” sobre las repercusiones de estos cierres.

Los científicos cifran el daño de las vedas para la flota en hasta 16 millones anuales

En una misiva remitida a los países y a la industria por la DG Mare de la Comisión Europea, Bruselas emplaza a una primera reunión de carácter online el próximo 20 de febrero. A ella invita a un representante de la autoridad pesquera de cada Estado miembro interesado y a un científico nacional para participar en el lanzamiento de este grupo de expertos, que se crea dentro del Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf, en sus siglas en inglés).

La carta, firmada por la directora general Charlina Vitcheva, hace alusión al “proceso de revisión” de las 87 vedas, que llevan en vigor tal y como están desde el 9 de octubre de 2022, extendiéndose desde el Golfo de Cádiz hasta al norte del caladero de Gran Sol y afectando a profundidades de más de 400 metros en las que hay o se supone que hay VME.

En el texto, consultado por FARO, Vitcheva señala que “la Comisión Europea ha solicitado al Stecf, que presente un análisis de las repercusiones socioeconómicas” más extenso que el conocido el pasado verano, que cifraba el impacto para la flota en hasta 16 millones anuales.

Irlanda denuncia “errores graves” en el informe que vetó la pesca de fondo

Para Bruselas, los datos de aquel primer informe del Stecf demostraron “un impacto relativamente bajo” a nivel socioeconómico. “Para distinguir entre las repercusiones en el conjunto de la flota y a nivel de buques individuales o de pesquerías específicas, el Grupo de Trabajo de Expertos se centrará en proporcionar información y análisis adicionales a nivel de unidad de pesca individual o de pesquería”, apunta Vitcheva.

ICES

La comunicación enviada por la responsable de la DG Mare coincide en el tiempo con la respuesta por escrito enviada al Consejo Consultivo para las Aguas Noroccidenales. Cuestionada por los “errores graves” detectados por los armadores de Killybegs, la búlgara respondió que actualmente hay en marcha un proceso para mejorar los datos disponibles y un análisis más completo de su impacto.

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“El ICES anunció el lanzamiento de un proceso específico para abordar y corregir los métodos de recopilación de datos para los VME y los análisis en 2024”, indicó Vitcheva en su carta, en la que también adelanta que el Stecf “llevará a cabo una evaluación socioeconómica más amplia de los cierres de los ecosistemas marinos vulnerables” durante este año.

Por el momento, ni en una ni en otra carta se da alguna pista de cuando se hará la revisión de las 87 vedas. Eso sí, en el sector hay cierto temor de que la situación vaya a peor en el futuro, si bien se critica la falta de información hasta la fecha.

También está por ver qué opina el Tribunal de Justicia de la UE tras la demanda presentada por parte de España, a la que no se sumaron ni Irlanda, ni Francia ni Portugal. Sin embargo, se espera que aun falte mucho para conocer la respuesta.

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