Los vetos a la pesca de fondo cercan a la flota

Las perspectivas que manejan para los próximos años desde la flota pesquera gallega no son nada halagüeñas, como se encargan de recordar los propios armadores y tripulantes. Entre la caída del consumo del pescado, el alza en precios de combustibles y otros insumos desde hace ya demasiado tiempo y las restrictivas regulaciones que llegan desde la Comisión Europea, el futuro para el sector es cada vez más negro. Si en 2022 la perspectiva era más que negativa por la llegada de los vetos a la pesca de fondo en 87 caladeros, durante este año la situación empeoró con la publicación del Plan de Acción o la Ley de Restauración de la Naturaleza, dos medidas que amenazan con cercar todavía más la actividad en caladeros como Gran Sol. Por el momento, la flota sobrevive, aunque agravando la pérdida de flota y la escasez de tripulantes.

Respecto al veto que se aplica desde el 9 de octubre de 2022 pensado para proteger ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés), finalmente no hubo revisión, por lo que los 87 cierres (para profundidades de entre 400 y 800 metros) se siguieron aplicando, indistintamente, a arrastreros y palangreros de fondo. Lo que sí sucedió fue la publicación de la renueva recomendación de los científicos, que apuestan por aumentar los cierres, con cinco escenarios para clausurar entre 102 y 115 caladeros.

Vigo pierde la mitad de su flota pesquera en 15 años y anticipa más bajones de actividad

De igual forma, se publicó en verano el análisis socioeconómico realizado por el Comité Científico, Técnico y Económico de la Pesca (Stecf), que refleja un daño anual para la flota de 16 millones de euros y un impacto en el valor añadido bruto de hasta un 10%, siendo los barcos españoles loes más afectados “con diferencia”.

El Plan de Acción y la ley para restaurar zonas de mar se unen a la revisión al alza de los vetos que amenaza al arrastre

Sin embargo, el problema es que la apuesta de Bruselas por la protección del medio marino parece encaminada a cercar la actividad del arrastre. Así, se publicaron también el llamado Plan de Acción, que prevé eliminar este arte de pesca de forma gradual hasta 2030, al tiempo que se publicaron las líneas maestras de la Ley de Restauración de la Naturaleza, que aspira a recuperar un 30% de las áreas que los Estados identifiquen como degradados y plantea ayudas por “la pérdida de ingresos” de las actividades que se verán afectadas, como la pesca.

Normativas de este tipo preocupan, y mucho, a un sector que ya de por sí vive una situación difícil, ahogado por la falta de tripulantes perdiendo flota. Solo Vigo perdió la mitad de su flota pesquera en 15 años y no parece que la situación mejore si prosperan iniciativas relativas a la descarbonización de los buques, algo impensable para los próximos años ante la falta de una tecnología viable. Por no hablar de la falta de ayudas para renovar barcos, algo por lo que sigue peleando tanto el sector como el Gobierno de España, y las peticiones de apoyos al desguace desde los propios armadores.

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Todo ello al tiempo que se inició una ofensiva en Bruselas contra los falsos productos del mar, creaciones plant-based que en sus formas y etiquetado imitan distintas especies de pescado o marisco, o en un momento de crisis en el que se rebaja el IVA a diferentes productos, pero no al pescado, una demanda ya histórica que sigue sin cumplirse en España.

Al menos, las cuotas del próximo año serán, en general, positivas. El Consejo de la UE culmina con alzas en las principales especies, salvo en merluza de Gran Sol y el jurel y la cigala del Cantábrico.