La revisión de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo podría alargarse a 2024

Primero iba a ser a finales de 2022. Luego se retrasó a comienzos de este año o, como mucho, durante el primer semestre. Y, finalmente, se producirá “a finales de otoño o comienzos de 2024”. La revisión de las 87 zonas vedadas a la pesca de fondo para la protección de los ecosistemas marinos vulnerables (VME, en inglés) se alargará en el tiempo y la nueva propuesta a cargo de la Bruselas no se producirá hasta después del verano. Así lo comunicó al sector la propia la directora general de Asuntos Marítimos y Pesca (DG Mare) de la UE, Charlina Vitcheva, a través de una comunicación, en la que además desvela que el análisis de impacto socioeconómico se limitará una “opinión” por parte del Scientific, Technical and Economic Committee for Fisheries (Stecf), el organismo dependiente de la Comisión Europea que evalúa los aspectos socioeconómicos relativos a la actividad pesquera.

El pasado 9 de octubre entró en vigor el acto de ejecución lanzado por Bruselas para vedar la pesca de fondo (de las flotas de arrastre y palangre) en 87 caladeros que se distribuyen por aguas de España, Portugal, Francia e Irlanda, afectando a caladeros como el de Gran Sol o el litoral ibérico y del Golfo de Vizcaya.

Desde el primer momento, el sector puso el grito en el cielo por una normativa lanzada sin un análisis socioeconómico previo y con errores de batimetría (había zonas que no llegaban a los 400 metros de profundidad marcados como límite).

La propuesta de Bruselas se basada en un informe científico del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en inglés), con cuatro escenarios diferentes, en el que además no se había tenido en cuenta la actividad del palangre de fondo, pese a que la actividad de esta flota también fue vedada en las zonas.

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Ante la contestación del sector y del Gobierno de España, que incluso presentó un recurso para tumbar la medida, la Comisión señaló en numerosas ocasiones que las 87 zonas serían revisadas en base a nuevos informes científicos y que, además, se procedería a realizar un análisis del impacto socioeconómico de cualquier medida a adoptar.

En la comunicación remitida al sector, Vitcheva concreta que el próximo 25 de abril habrá una reunión para tratar el nuevo informe del ICES sobre los VME, cuya publicación se espera para el 18 de abril. Tras ello, “el Stecf procederá con una opinión programada para su sesión plenaria, que comenzará el 10 de julio”, tras la que se convocará otra reunión con los Estados miembro y con los sectores afectados para su análisis.

Superado este proceso, “la Comisión revisará la lista de zonas en las que se sabe que están presentes o es probable que estén presentes VME y, en su caso, podrá suprimir una zona de la lista o añadir una zona a la lista presentando una propuesta de adopción de un acto de ejecución”, recoge la misiva, que señala también que esto último se producirá “a más tardar a finales del otoño de 2023 o principios de 2024”. “Quisiera reiterar que la Comisión proseguirá esta revisión con la debida diligencia”, zanja Vitcheva.

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