La Justicia europea rechaza modificar la forma de establecer las cuotas pesqueras

La reunión del Consejo de los ministros de Pesca de la Unión Europea celebrada a mediados de diciembre fue de las más turbulentas que se recuerdan. La decisión final sobre los totales admisibles de capturas (TACs) y cuotas para este año llegó con más retraso del habitual por las discusiones sobre el recorte de días de pesca en el Mediterráneo o aquellas en torno a especies concretas. Sin embargo, el ambiente también estaba tenso por una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se esperaba para principios de año. Aunque el ministro español, Luis Planas, aseguró que se negoció “sin miedo”, lo cierto es que “influenció bastante la toma de decisión y los debates”, como aseguran fuentes del sector pesquero. Un temor que, con la sentencia conocida hoy, resultó finalmente infundado: el TJUE rechaza modificar la forma en la que se establecen las cuotas pesqueras al desechar la premisa requerida por una ONG irlandesa, que urgía ceñirse estrictamente a las recomendaciones científicas en base al reparto para algunas especies realizado para el año 2020.

La cuestión dirimida por la Justicia europea hace alusión al reparto de los cupos de bacalao, merlán y solla en aguas que rodean Irlanda y entre esa isla y Francia. Para la ONG Friends of the Irish Environment (apoyada también por ClientEarth), la asignación final de cuotas fue superior a lo que aconsejó el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, por sus siglas en inglés) en sus recomendaciones elaboradas en 2019, que pedía un TAC cero. Además, suponía que no se cumplía el mandato de la Política Pesquera Común (PPC) de llegar en 2020 al rendimiento máximo sostenible en todas las especies, es decir, el nivel más alto de capturas que se puede dar sin afectar a una población concreta.

La organización denunció a Irlanda por establecer esos cupos y el sistema judicial del país elevó la cuestión al TJUE en base a si era legal o no aquel reglamento de TACs y cuotas de 2020. Los ministros de la UE, atendiendo a criterios socioeconómicos, acordaron fijar otras cantidades superiores a las recomendadas por el ICES para aquellas especies.

La esperada decisión del TJUE señala, por un lado, que la cuestión planteada es admisible, pero también que “el examen” de la cuestión planteada “no ha revelado ningún elemento que pueda afectar a la validez”. Es decir, rechaza que haya modificar el reglamento o que los ministros deban ceñirse de forma imperativa a las recomendaciones científicas.

Hubiera tenido consecuencias devastadoras

Daniel Voces

— Director de Europêche

Esto, a juicio de la patronal Europêche, es un alivio. “Nos complace enormemente la decisión judicial. Los tribunales han reconocido lo que desde el sector llevamos mucho tiempo diciendo: la gestión pesquera no solo debe atender al medioambiente, sino a las empresas, a la economía y a las personas”, apuntó su director gerente, Daniel Voces.

Para la patronal europea del sector, “la rigidez” a la hora de aplicar los consejos de los científicos “hubiera tenido consecuencias devastadoras”. “Muchas de estas especies se capturan de manera incidental en nuestras pesquerías y su prohibición total podría haber llevado al cierre anticipado de la pesca para nuestros barcos, a pesar de que aún contamos con cuotas para otras especies”, recuerda Voces en base a la norma que obliga a llevar a tierra todas las capturas para evitar los descartes. “De lo contrario, se abriría la puerta a un proceso de judicialización en el que las recomendaciones científicas se convertirían automáticamente en ley”, añade.

Por el momento, ninguna de las ONG demandantes se pronunció sobre la sentencia. “Es alentador ver que el tribunal reconoce la complejidad de la gestión de pesquerías mixtas”, sentenció el director de Europêche.