Milei ultima otro golpe a la pesca: quiere asignar licencias y cuotas al mejor postor

Las tres especies que más se capturan en aguas argentinas son la merluza, el langostino y el calamar. Superan, con mucha diferencia en toneladas, a otras como abadejo, anchoíta, caballa, centolla o la bacaladilla. La flota gallega, que tiene en el país uno de sus bastiones pesqueros, participa en las tres, siendo la merluza la única de ellas que se enmarca en un sistema de cuotas y en la que los barcos vigueses ejercen como líderes. Sin embargo, todo podría cambiar.

El nuevo gobierno del ultraliberal Javier Milei continúa con su política de profundas reformas y tras el tarifazo al sector al multiplicar el gravamen a las exportaciones fijándolo en el 15% del valor de la mercancía, propone ahora una serie de modificaciones en la Ley Federal de Pesca que, según los armadores gallegos consultados, supondría “cambiar las reglas de juego”. Entre otras medidas, los cambios propuestos provocarían que se sacasen al mejor postor, en licitaciones internacionales, las licencias y cuotas pesqueras, rompiendo con la seguridad jurídica y dando la posibilidad a que entren nuevos actores en el caladero. “Es una bomba”, lamentan las patronales relacionadas con la industria en Argentina, con las que se alinean las empresas de Galicia.

La pesca argentina, contra el ‘tarifazo’ de Milei: “Tiene un impacto muy negativo”

Según refieren medios generalistas y especializados del país sudamericano, la llamada la Ley de Bases y Puntos de Partida Para la Libertad de los Argentinos, o Ley Ómnibus, ha provocado la reacción del sector pesquero y naval del país, al afectar de lleno a ambas industrias por las modificaciones que propone en la regulación pesquera argentina.

El Gobierno de Milei busca “liberalizar” al sector y, para ello, está dispuesto a dejar la puerta abierta a que flotas internacionales pesquen dentro de sus aguas territoriales. Así, modifica o deroga el contenido de varios artículos clave para el desarrollo de la actividad tal y como está concebida hoy en el país dentro de la Ley Federal de Pesca.

Entre los cambios más significativos se encuentra el nuevo redactado preparado para los artículos 26 y 27, los que versan sobre la concesión de las licencias y cuotas de pesca. Así, según denuncia la propia industria, los permisos de pesca podrán ser otorgados sin dar un “tratamiento diferencial” al “origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen”. Tampoco se valoraría “las características de las empresas titulares” de los barcos.

Esto, en la práctica, supondrá que flotas de otros países (como los asiáticos) podrían entrar en el caladero, sin importar si se reduce la mano de obra argentina. Además, en lugar de los 10 años de vigor, estipula un mínimo de 20, si bien en la normativa actual se puede llegar a los 30 si además se cuenta con una planta de procesamiento en tierra.

En lo que respecta al artículo 27, centrado en la asignación de cuotas, la modificación propuesta es de calado, ya que plantea ese “sistema de licitaciones internacionales”, con la idea de adjudicarlas “a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada”. Se licitarán, si nada cambia, para períodos de 10 años.

Antes, entre las premisas para acceder a los cupos estaban, por ejemplo, la media de toneladas elaborados de cada especie en los últimos ocho años o el nivel de mano de obra local empleada.

Junto a estos cambios, la Ley Omnibús incluye otros que también tendrán su impacto, como la derogación del artículo 25, lo que eliminaría la obligación de desembarcar en muelles argentinos, o la derivación de los poderes para conceder permisos y asignar cuotas.

En el país tienen una gran presencia a través de sus filiales operadores como Iberconsa o Nueva Pescanova, pero también otras como Wofco (con el 45% de Conarpesa), Grupo Profand, Vieirasa, Gandón (dueña de Pesquera Cruz del Sur, antes compartida con Fandicosta) o Videmar.

Según las fuentes consultadas, tanto las empresas españolas como las argentinas están en la misma hoja en esta cuestión, compartiendo la preocupación inicial. Eso sí, si bien los primeros se muestran cautos al tratarse todavía de una propuesta que “no es firme”, los segundos ya han puesto el grito en el cielo.

Afectados

La Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina (Capeca), presidida por Eduardo Boiero, opina que la propuesta “es una bomba” y “una irresponsabilidad total”. “Esto genera una incertidumbre y una inseguridad jurídica terrible, total. Es una locura”, señala a La Nación.

De forma similar se pronuncia el presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina, Fernando Rivera, que indica que hay una “profunda preocupación”, ya que la iniciativa cambia parámetros fundamentales”. “Son cambios muy profundos que podrían afectar a las fuentes de trabajo”, explica en su caso a Pescare, sobre todo porque “hace 15 años que la actividad se encuentra funcionando sin cuestionamientos y logrando un importante ingreso por exportaciones para nuestro país”. De ahí que una de las principales críticas esté en que esto se produce “sin consulta ni aviso de los sectores afectados”.

De hecho, no solo las armadoras se sienten atacadas por las modificaciones propuestas. También las propias tripulaciones, como reconoce el secretario general de la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca, Jorge Frías, o la industria naval, como trasladó el empresario Vito Contessi, de Astillero Naval Federico Contessi y Cía. El primero explica que “todo lo que se está leyendo genera incertidumbre” y que “es algo que no deja de generar intranquilidad desde ya mismo”. El segundo escribió en la red social X (antes conocida como Twitter) que “no solo afecta al sector pesquero sino especialmente a la Industria Naval Argentina”. “No hace falta que la Ley se apruebe, su sola presentación ya genera un daño terrible”, lamenta.

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