Un mar de “deberes” para Bruselas

“No tiene sentido que no tengamos fondos para construir barcos del siglo XXI y sí para reformar barcos del siglo XX”. Es un mensaje claro, comprensible y urgente, pero solo uno de los muchos que la pesca gallega lleva años trasladando a Bruselas con el objetivo de salvaguardar el pleno desarrollo de su actividad. Ante la pérdida de flota, el detrimento de nuestra soberanía alimentaria, el sector ha reiterado repetidas veces que las políticas comunitarias precisan un cambio real, que tienen que virar y enfocarse en potenciar nuestro papel como productores, y para ello es vital vertebrar ayudas. Para motivar la inversión y crear barcos punteros que garanticen la continuidad de este oficio de crucial importancia para Galicia; para atraer a los jóvenes, al relevo generacional que falta más que nunca; y evidentemente para seguir mejorando en sostenibilidad, algo a lo que no se renuncia.

La flota española clama contra la “demonización” del sector y pide plazos reales a Bruselas

Pero lo que es obvio, desde luego, es que no habrá buques sostenibles si no hay buques, si desaparecen antes, y eso lo destacaron ayer diferentes voces del todo autorizadas en materia pesquera. A las puertas de la reunión informal de ministros de Pesca de la Unión Europea, que se celebra entre hoy y mañana en Vigo como parte de la Presidencia de turno de España del Consejo de la UE, pusieron un mar de deberes que en todo caso pasan por avanzar “de verdad”. Porque la cumbre siente las bases de una hoja de ruta que “pronto” se materialice en una partida económica que apoye la confección de nuevas naves.

“La descarbonización –el tema que acaparará los focos en las dos jornadas internacionales que acoge la ciudad– está muy bien, pero no valdrá de nada si no queda sector”, recuerda Edelmiro Ulloa, director gerente de la Cooperativa de Armadores del Puerto de Vigo (ARVI). De la misma opinión es Joaquín Cadilla, presidente de la Organización de palangreros guardeses (Orpagu), o Juan Carlos Martín, director gerente de la Organización de Productores de Marín (Opromar), que remarcan que es imprescindible contar con barcos actualizados –y financiación acorde– para alcanzar la neutralidad de emisiones.

“La mayor parte de nosotros somos empresas familiares”, explica Cadilla, que considera vital redirigir el fondo que hay habilitado para reformar buques, muy en desuso, a uno destinado a impulsar nuevas construcciones. Con la medida, motivada ya que muchas de esas compañías no tienen la solvencia para acometer proyectos de gran envergadura, subraya que los consumos podrían reducirse hasta un 80%.

“Tenemos a los mejores ingenieros del mundo, tenemos que aprovechar esta oportunidad”, manifiesta, advirtiendo que si no se renueva la flota y se sigue perdiendo terreno en el mar, cada metro de agua será ocupado por barcos de terceros países donde la regulación brilla por su ausencia. Por su parte, Ulloa insiste en la necesidad de incrementar la seguridad jurídica y generar un clima de tranquilidad, únicamente posible teniendo en cuenta al sector, mientras que Martín añade que todo esto debe constar en el papel, a través de una legislación que plasme el futuro relevo de las embarcaciones europeas.

Europa gasta ya 15 millones diarios en comprar pescado de países multados por actividad ilegal

Se trata pues de llevar esperanza a un oficio que durante los últimos años se ha visto relegado a un segundo plano, incluso “demonizado”, y en el que las consecuencias de las acciones promovidas en el seno de los Veintisiete se han dejado notar desde el primer día hasta el último día. ¿Algunas de las cifras más actuales que lo certifican? Los 70 millones en pérdidas que viene de registrar la actividad –la mitad para armadoras gallegas– o los 15 millones diarios que gasta Europa en comprar pescado de países multados por actuaciones ilegales.

Precisamente esta cuestión debe abordarse a nivel económico, pero también desde el punto de vista social. Lo recalca por ejemplo Luz Baz, coordinadora de la International Transport Workers’ Federation (ITF) en España e inspectora en Galicia, haciendo hincapié en que “el sector pesquero está absolutamente desregulado en materia social y de seguridad de los trabajadores”. “Es urgente que todos los países europeos ratifiquen el Convenio de Torremolinos sobre seguridad de la vida humana en el sector pesquero y es fundamental que exista un mayor control en la contratación de tripulantes. Las lagunas en la legislación y la falta de control en la contratación de mano de obra extranjera hace que en buques de propiedad europea haya condiciones de trabajo que rozan la esclavitud. Eso genera no solo un abuso sobre los derechos de los trabajadores, sino que perjudica el relevo generacional y genera una importante competencia desleal en el sector”, denuncia al respecto.

Desde el centro de Stella Maris en Vigo, su directora, Elvira Larriba, receta a Europa que esté “en alerta” para evitar los productos derivados de la pesca ilegal, por ejemplo de países asiáticos como China donde los barcos que atentan contra los derechos humanos son la tónica general. Asimismo, cree que es fundamental que “mejoren los estándares de seguridad” de la vida a bordo, tratar problemas como la salud mental en el mar y garantizar derechos básicos como lo es poder votar. Y es que, como resalta, en pleno 2023 muchos marineros que están embarcados no podrán hacerlo al no estar recogida ninguna posibilidad en la legislación española.

Arranca la cumbre

Las sesiones de trabajo de la reunión informal de ministros de Pesca de la Presidencia española del Consejo de la UE arrancan hoy para “definir los puntos en común que los ministros de los Estados Miembros consideran necesarios para avanzar en el proceso de descarbonización del sector pesquero y acuícola comunitario”. Este lunes, a las 15.30 horas, habrá una visita al buque escuela Intermares, y el martes se espera el grueso del contenido con una visita a la lonja de Vigo y un acto posterior en el Auditorio Mar de Vigo, donde se celebrará el congreso. El objetivo del mismo es “que la flota europea y la acuicultura puedan adecuarse paulatinamente en la sostenibilidad medioambiental para cumplir con uno de los retos del Pacto Verde Europeo. Es decir, dejar de producir emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050 sin provocar graves perjuicios económicos”.

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