El Supremo avala a cofradías y Mar ante el Gobierno por los planes del marisqueo

El Tribunal Supremo ha dado un espaldarazo a la Consellería do Mar, a las cofradías y, principalmente, a todo los mariscadores gallegos. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha avalado los argumentos gallegos para defender sus planes de gestión de los bancos pesqueros y marisqueros al desestimar el recurso de casación interpuesto por la Abogacía del Estado contra la sentencia del TSXG de Galicia, que en marzo del pasado año desestimó el recurso presentado por el Ministerio de Transición Ecológica contra el último plan aprobado por la Consellería. Según explica Alberto Muñoz , letrado de varias de las cofradías afectadas, el Supremo “ha tenido en cuenta el silencio y pasividad que la Administración del Estado ha mantenido durante los últimos 30 años sin impugnar los planes de explotación gallegos” que se fueron aprobando.

La polémica explotó en 2021, cuando Transición Ecológica censuró el Plan General de Explotación Marisquera 2021-2023 de la Xunta, publicado el 31 de diciembre del año anterior en el Diario Oficial de Galicia (DOG). El Departamento que lidera Teresa Ribera entendía que este tipo de ordenanzas debían contar, previa a la aprobación de los mismos por parte de la Comunidad Autónoma, de un informe preceptivo y vinculante emitido por el Estado “como requisito ineludible”.

Tanto fue así que el Ministerio solicitó de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado la interposición del recurso tras la negativa de la Xunta a retirar el plan, ya que a su juicio el no contar con el informe previo era “un defecto que no puede pasarse por alto y debe subsanarse”. Para la conselleira do Mar, Rosa Quintana, aquello suponía un hecho “sin precedentes” por el que mostró, en varias de sus intervenciones ante los medios, su “perplejidad”.

En marzo del pasado año el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia ya rechazó el recurso del Estado en un fallo que, según Quintana, ponía de manifiesto que este tipo de planes no necesitan estar recogidos en la Ley de Costas, ni en la Ley de Pesca de Galicia, ni tampoco “la necesidad de pedir ese informe que argumentaba el Ministerio”, resaltaba entonces.

Con el fallo del Supremo, fechado el pasado miércoles, y según resume Muñoz, que Transición Ecológica requiera esos informes previos sería como “invadir, injerir o controlar competencias exclusivas de la Comunidad Autónoma”. “Con la orden impugnada no se concede ninguna autorización o concesión administrativa nueva, sino simplemente se aprueban normas de organización y planificación en la explotación de los recursos marisqueros”, resume el abogado.

De igual forma, el fallo incide en la idea de que “no se establece ninguna autorización encubierta que obligue a considerarlas como zonas necesitadas del citado informe preceptivo y vinculante”, como apunta Muñoz, que defendió los intereses de diez cofradías (de Cangas, Moaña, Arcade, Baiona, O Grove, Cambados, A Illa de Arousa, Vilanova de Arousa, Rianxo, A Pobra do Caramiñal) y de la Asociación de Marisqueo a flote de la Ría de Vigo.

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