Las cofradías gallegas lo ven como una injerencia más. La Xunta como un sinsentido. Y el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico como un incumplimiento claro de la normativa vigente. ¿El resultado? Una nueva guerra abierta entre Galicia y su sector pesquero y marisquero con el Ministerio que dirige Teresa Ribero. En este caso, en los juzgados. Y es que el Gobierno ha recurrido el Plan General de Explotación Marisquera 2021-2023 de la Xunta porque, según defienden, lo aprobó sin el informe preceptivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, pese a las advertencias de este departamento ministerial. Algo que la Consellería do Mar recuerda que es un hecho “sin precedentes”.
El plan del marisqueo se publicó el pasado 31 de diciembre de 2020 en el Diario Oficial de Galicia (DOG) e incluye un conjunto de normas y orientaciones destinadas a regular y programar la conservación y explotación sostenible de los recursos marisqueros hasta 2023. Según trasladó ayer Transición Ecológica, la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar solicitó a la Xunta que derogara dicho plan porque lo había aprobado sin contar con el preceptivo informe del Ministerio, como prevén la Ley de Costas y la de Pesca de Galicia.
La Consellería do Mar rechazó este requerimiento el pasado marzo alegando que la comunidad tiene las “competencias exclusivas” para regular la actividad, como así lo viene haciendo “desde que existe la autonomía”. “Por tanto, no nos parecía necesario ese informe preceptivo y vinculante, que sí lo es para cuando hay que dar una actividad en una zona de concesión o de autorización de dominio público marítimo terrestre”, explicó ayer la conselleira Rosa Quintana tras reunirse con las cofradías.
Sin embargo, el Ministerio de Transición Ecológica “lo que contestó fue presentando el recurso contencioso administrativo”, recriminó la conselleira.
La otra parte
La respuesta, sin embargo, careció de “fundamento jurídico”, a juicio del Ministerio, por lo que solicitó de la Subdirección General de los Servicios Contenciosos de la Abogacía General del Estado la interposición del actual recurso. “No hay, pues, injerencia en competencias autonómicas, sino incumplimiento por parte de la Consellería del Mar de los trámites previstos en la legislación autonómica y estatal, incluso tras requerirles expresamente para evitar la impugnación judicial del acto infractor”, alegaron desde el Ministerio de Ribera, que insistieron en que “es un defecto que no puede pasarse por alto y debe subsanarse”.
La decisión, en cualquier caso, tiene “bastante sorprendidos a todo el equipo de la Consellería” y a las propias cofradías, que ayer también tildaron de “injerencia” el movimiento de Transición Ecológica, que consideran grave. En iguales términos se expresó el BNG. Ante todo esto, Rosa Quintana espera que el TSXG “tenga en cuenta” lo que hace la comunidad “para regular de la forma más sostenible posible la actividad de los más de 3.400 mariscadores a pie y más de 4.000 a flote” y le dé la razón al Ejecutivo autonómico, de modo que “se continúe pudiendo desarrollar una actividad que es ejemplo en toda la Unión Europea”.
