Las negociaciones para acabar con los subsidios en la pesca impulsadas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) se encuentran en su punto álgido. El presidente del comité encargado de dirigir las conversaciones, el colombiano Santiago Wills, asegura que el tiempo se agota para alcanzar un acuerdo que, entre otras medidas, supondría acabar con las bonificaciones al diésel que emplea la flota gallega y que supondría un encarecimiento del costo anual de unos 50 millones de euros. Con el límite de final de año para que se culminen unas negociaciones en las que se vienen trabajando desde hace dos décadas, sus impulsores acaban de recibir el espaldarazo de dos importantes organismos: la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, y la de los países y presidentes de bancos centrales del Grupo de los Veinte, el G20. “Faltan siete semanas, y el reloj sigue corriendo”, alertó ayer Wills.
Esta medida fiscal de la que se beneficia la flota española es indispensable para garantizar la rentabilidad de las empresas armadoras. Pese a que la reunión ministerial de la OMC que se celebró el pasado 15 de julio (y que se antojaba clave) acabó sin acuerdo sobre los subsidios pesqueros, la propuesta “tiene visos de prosperar”, como alertaron en su momento desde el sector pesquero (en boca de la patronal europea Europêche). No en vano, de salir adelante pondría en jaque la operativa de los más de 4.200 barcos que hay solo en Galicia.
La próxima conferencia ministerial comenzará el 30 de noviembre en Ginebra
Aquella decepción en las conversaciones no sirvió más que para que sus defensores cogieran impulso. En lo que va de año el comité se reunió de manera informal en 28 ocasiones para tratar la materia, además de la cita oficial del pasado verano. Desde entonces las voces que apuestan por el acuerdo siguen apareciendo. Las últimas, de calado. Según informó Reuters esta misma semana (y como compartió posteriormente Wills en sus redes sociales), el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió una carta a los líderes mundiales el pasado 29 de septiembre para que se unan a él “para impulsar un acuerdo en la OMC que ponga fin a las subvenciones pesqueras perjudiciales antes de finales de este año”.
La misiva, que fue calificada por el medio como “una rara intervención del jefe de la ONU en asuntos de la OMC”, vino acompañada también esta misma semana por un nuevo apoyo del G20. En este caso, a través de las conclusiones de la reunión ministerio del pasado martes, también compartidas por el diplomático colombiano. “Apoyamos las negociaciones en curso de la OMC sobre subvenciones a la pesca para alcanzar un acuerdo significativo para la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC con medidas eficaces sobre las subvenciones perjudiciales a la pesca, en consonancia con el ODS [Objetivo de Desarrollo] 14.6, que respondería al imperativo de la sostenibilidad de nuestros océanos, mares y recursos marinos”, recoge el texto.
Mientras la patronal pesquera se mantiene firme a la hora de pedir que se diferencie entre ayudas fiscales y subsidios directos (de algunos países y que sí contribuyen a la sobrepesca), la OMC sigue con su hoja de ruta. Tanto Santiago Wills como la directora general de la organización, Ngozi Okonjo-Iweala, esperan cerrar un acuerdo en la conferencia ministerial que comenzará el 30 de noviembre en la sede de Ginebra. “Hay cuestiones muy, muy difíciles que deben abordarse... las discusiones sobre las exenciones, el camino es muy difícil”, apuntó el portavoz de la OMC, Keith Rockwell, este mes. Y mientras, Bruselas apuesta también por gravar el combustible que usa la flota con un mínimo de 13 euros por cada 100 litros, como publicó FARO el 2 de septiembre. El sector está entre la espada y la pared.
