Llegar a un acuerdo entre 164 partes no es fácil. Menos aún si se trata de las economías que forman la Organización Mundial del Comercio (OMC). Y todavía más difícil si la decisión que se persigue es sobre los subsidios para la pesca, que lleva 20 años siendo todo un debate. El que se esperaba como decisivo encuentro ministerial para negociar las limitaciones a las ayudas para este sector de cara a firmar un acuerdo internacional a finales de año, se quedó en nada. Las disputas sobre si las exenciones fiscales al gasóleo que emplea la flota constituyen o no una ayuda directa que debe ser recortada aplazan la consecución del acuerdo, que se espera ahora para septiembre. “Se evidenció que hay lagunas, pero seguir nos permitirá rellenarlas y acortar las diferencias entre los miembros”, explicó ayer tras las reuniones el presidente del comité encargado de estudiar las “subvenciones” al sector pesquero, Santiago Wills. Según ha podido saber FARO, las reuniones y debates continuarán en septiembre.
“Hay lagunas, pero seguir nos permitirá rellenarlas”
Tanto el embajador colombiano como la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, señalaron que la reunión había sido un éxito al haber podido recoger la opinión de 104 representantes de los países miembro, que según indicaron los países aceptaron trabajar sobre el último texto presentado por Wills el pasado mes. Ambos participaron en una rueda de prensa para explicar el resultado, aunque lo cierto es que no se logró un acuerdo más que el de continuar negociando. “Los miembros están listos para usar el texto para futuras negociaciones, reconocemos que hay muchas cuestiones localizadas, lagunas que necesitan ser cubiertas, pero también fortalezas”, explicó la nigeriana.
¿Y cómo serán las siguientes negociaciones? “Vamos a consultar durante los próximos días para ver cómo podemos proseguir para presentárselo a los miembros”, reconoció Wills, que durante su intervención insistió en que si pasan otros 20 años sin acuerdo “no habrá pescado”. Okonjo-Iweala, por su parte, señaló que todos los miembros “quieren concluir un acuerdo de calidad, balanceado y con rapidez”.
Según pudo saber este periódico, las principales diferencias se encuentran en la definición de qué países están o no en vías de desarrollo, ya que estos serían los más protegidos ante las normas adoptadas por la debilidad de sus economías. Junto a ello, el otro gran tema fueron precisamente los subsidios a los combustibles que utilizan los pesqueros.
El diésel bonificado, el llamado gasóleo B, es el que emplea la flota tanto de altura como de bajura para poder trabajar. Acabar con esta exención fiscal supondría que barcos como los gallegos encararían un sobrecoste de 50 millones de euros al año en combustible, algo inasumible teniendo en cuenta que el 40% de los costes operacionales de una compañía arrastrera radican hoy en el carburante con el que operan los buques.
Tanto la flota, en boca de las patronales española (Cepesca) y comunitaria (Europêche), como el propio Gobierno español y gallego, defendieron la necesidad de que estas exenciones continuaran en vigor, al entender que no son unas ayudas directas y que no forman parte de los denominados harmful subsidies, es decir, los subsidios dañinos.
