Con las negociaciones del Reglamento de Control de la Pesca como telón de fondo, la Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador contra España y Francia por vulnerar uno de los preceptos básicos de la Política Pesquera Común. Concretamente, por no cumplir la normativa de desembarques, que entró en vigor en enero de 2019 y obliga a todos los buques a computar y desembarcar todo lo que pescan de las especies sujetas a cuota. El sector rechaza la amenaza de sanción europea, que llegaría en dos meses de no mejorar los protocolos establecidos en ambos países. Y es que los expertos defienden que España es uno de los países en los que se efectúa un mayor control sobre la flota. “Nos sorprende. El nivel de inspección y control que existe en España es el más exhaustivo de Europa”, reflexiona Andrés García, portavoz de la Asociación de Armadores de Cerco de Galicia. “Flotas más controladas en el marco comunitario no las hay”, apunta Edelmiro Ulloa, gerente de la Asociación de Armadores de Vigo (Arvi).
En una dirección similar apuntan fuentes de la Consellería del Mar: “Galicia defiende la actuación de su flota y el cumplimiento generalizado de la normativa europea que obliga a desembarcar todas las capturas”. Una idea que complementan desde la Secretaría de Pesca al señalar que sería necesario que “las medidas de control de la obligación de desembarque que se planteen sean realizables en la práctica y no quede solo en mero ejercicio teórico que no pueda realizarse”.
En un paso más, la Secretaría de Pesca evidencia que “España sigue trabajando para aplicar de una forma efectiva los controles necesarios para garantizar el cumplimiento de la obligación” y pone sobre la mesa los nuevos métodos y medidas incorporadas para aplicar la obligación de desembarque: “Recientemente se han incorporado a la inspección pesquera nuevos mecanismos para reforzar la vigilancia aérea mediante el uso de drones”, ejemplifican fuentes del organismo que añaden a la lista un proyecto en colaboración con la Dirección de Estructuras de la Comisión Europea para digitalizar los métodos de control.
La sombra que se cierne tras este expediente sancionador podría tener un trasfondo político. “Probablemente sea una forma de desviar el debate hacia el reglamento de control y mediatizar e influir sobre la fase final del texto”, apunta Ulloa. Una idea de la que recoge el guante la Consellería del Mar al señalar que espera que “la apertura de este expediente no sea utilizada de forma torticera para hacer presión en los trílogos –entre la Comisión Europea, la Eurocámara y el Consejo Europeo– de debate del futuro reglamento de europeo de control”.
Bruselas defiende que ni España ni Francia han garantizado el control y el cumplimiento de la obligación de registro que todas las capturas de especies sujetas a límites de capturas. Un argumento que esgrime para considerar que las prácticas que se efectúan en los buques contribuyen a la pesca ilegal. “Precisamente, este tipo de declaraciones son las que nos apuntan a un trasfondo político. La Comisión sabe cómo de rigurosos son los controles y, en el caso de España, hablar de pesca ilegal nos parece un desfase en cuanto a lo que se denuncia no tiene ningún sentido”, asevera Ulloa.
En un paso más, la Consellería del Mar asegura que la flota gallega “realiza una pesca altamente selectiva”. A esto añade que el sector ha efectuado “un importante esfuerzo para adaptar las labores de pesca a la nueva normativa, que condicionó en buena medida la actividad abordo” y suma a ello que se “trabaja en distintos proyectos para darla aún más valor a las capturas que antes eran descartadas y ahora se ven obligados a llevar a tierra.
