La venta de vivienda protegida en Vigo se hunde al mínimo histórico: 12 en 9 meses

Comprar un piso en Vigo es, para muchos, una quimera. Y lo es cada vez más. En un escenario de subidas de los tipos de interés, encarecimiento de la financiación, inflación y precios por las nubes –tanto de alquiler como de compra–, la única opción que les queda a una parte importante de los ciudadanos es pensar en la vivienda de protección, es decir, más asequible. El problema: no hay prácticamente porque, en los últimos años, las administraciones públicas no han considerado prioritaria esta cuestión. Las cifras lo relevan: según los datos del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, solo se vendieron 12 propiedades de este tipo en la ciudad en los nueve primeros meses de 2023.

Es la cantidad más baja de toda la serie histórica –sin considerar el año de la pandemia, atípico por las restricciones a la actividad inmobiliaria–, que comienza en 2004, teniendo en cuenta los tres primeros trimestres de cada ejercicio. No se superan el medio centenar de transacciones de este tipo en ese periodo desde 2015. Y muy lejos quedan guarismos como los de 2005, con 375 operaciones en nueve meses, el máximo; 2006, con 211; o 2008, con 165. Estos dígitos transparentan una realidad preocupante en la ciudad más poblada de Galicia a la espera de la ampliación de Navia y el nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM).

El precio medio del alquiler en Vigo en todos los meses de 2023 superó el máximo histórico

Las cifras de Vigo llaman más la atención si las comparamos con las de municipios de población similar, como Valladolid. En los tres primeros trimestres de 2023, se registraron 141 transacciones de vivienda protegida en la urbe castellanoleonesa. En Gijón, con menos habitantes, todavía más: 168. Y, en Córdoba, que supera los 320.000 vecinos, 176. En el resto de ciudades gallegas, la situación es parecida a la de la olívica: el ministerio refleja 11 operaciones de este tipo de propiedades en Ourense; cuatro en Santiago de Compostela; 25 en Lugo; 31 en A Coruña; 20 en Ferrol; y siete en Pontevedra.

Mientras la cifra de transacciones de vivienda protegida cae, el número de demandantes de esta modalidad de pisos y casas aumenta de forma sostenida. En Vigo, según el Rexistro Único de Demandantes de Galicia, ya son 6.973, 12 más que hace seis días y 463 más que hace algo menos de seis meses. Suma más que el resto de ciudades de Galicia juntas. En todo caso, este número refleja la cantidad de personas que conocen este procedimiento y deciden armarse de paciencia hasta que les llegue su turno. Muchos otros ciudadanos, ante la falta de construcción de vivienda asequible, ni siquiera se apuntan.

Vigo concentra más demandantes de vivienda protegida que el resto de urbes gallegas juntas

Según la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), 60.106 hogares vigueses –el 50,61% de la población–, por su ratio de ingresos, únicamente pueden aspirar a una vivienda de protección oficial (VPO). “Quedan totalmente excluidas de poder acceder a una vivienda del mercado libre al ingresar menos de 30.000 euros anuales”, explica el presidente de ambas entidades, Benito Iglesias, que hace un llamamiento al impulso de la colaboración público-privada para ofrecer soluciones a estos vecinos.

Las esperanzas: Plan Xeral y desarrollo de Navia

El nuevo PXOM dispondrá suelo para la construcción de casi 51.500 viviendas, de las que cerca de 14.400 se prevé que estén sometidas a algún tipo de protección. Expertos en materia inmobiliaria y la concejala de Urbanismo, María José Caride, vaticinan que el aumento de la oferta y la exigencia a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior del 30% de vivienda protegida contribuirán a reducir los precios de arrendamiento y compraventa. Se contempla el mismo efecto con el futuro desarrollo de San Paio de Navia –unas 1.600 de protección–, que comenzará este año, según avanzó el presidente del gobierno gallego, Alfonso Rueda.

A corto plazo, se esperan 22 nuevas viviendas de protección autonómica una vez finalizadas las rehabilitaciones previstas y en marcha por el Consorcio Casco Vello de Vigo, participado en un 90% por la Xunta.

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