Vigo reúne 4 de cada 10 solicitudes para acceder a viviendas protegidas en Galicia

Cuanto más altos son los precios del alquiler y la compra de pisos y casas en Vigo, que están por las nubes, a 9,3 euros y 2.089 euros el metro cuadrado, respectivamente, más engorda la cifra de solicitantes de viviendas de protección. En el Rexistro Único de Demandantes de Galicia, figuran ya 6.756 personas anotadas, 25 más que hace 10 días, casi el triple que A Coruña y seis veces más que Pontevedra. El dato no para de crecer: el de la urbe olívica representa casi un 40% del total de la comunidad gallega, que se eleva a 18.093.

Para lograr una vivienda en Vigo a precio tasado, tendrán que armarse de paciencia. Desde el año 2009, según destacó recientemente la responsable de Urbanismo y Vivienda del Concello, María José Caride, solo se construyeron 44 pisos de protección en la ciudad. Los hizo la Xunta en dos parcelas cedidas por el Ayuntamiento. La escasa construcción de propiedades de este tipo es, precisamente, lo que aleja a más vigueses de anotarse en el Rexistro Único de Demandantes de Galicia. La cifra real, según indicó hace un año el alcalde, Abel Caballero, podría superar los 10.000 solicitantes.

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Son números preocupantes en un escenario marcado por la inflación y la falta de vivienda nueva debido al retraso en la aprobación del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que prevé más de 51.000 pisos y casas para estrenar, de los que más de 14.500 serán de protección –además, exigirá a todos los ámbitos de nueva urbanización o reforma interior el 30% de vivienda protegida–. Se espera que lleguen antes las tan ansiadas viviendas protegidas de la ampliación del barrio de Navia, que suman unas 1.600. Son las dos grandes esperanzas para ampliar el parque inmobiliario olívico y, a su vez, según los expertos, reducir los precios del alquiler y la compraventa.

Según la información que manejan la Asociación de Empresas Inmobiliarias de Vigo (Asemi) y la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein), más de 68.000 unidades familiares viguesas, por su ratio de ingresos, únicamente pueden aspirar a una vivienda de protección oficial en régimen de propiedad o arrendamiento. “Quedan totalmente excluidas de poder acceder a una vivienda del mercado libre al ingresar menos de 30.000 euros anuales”, explica el presidente de ambas entidades, Benito Iglesias.

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El representante de la patronal inmobiliaria muestra su preocupación por la situación que padece Vigo. “O se ponen de manera urgente viviendas de protección oficial en el mercado o se tendrá un problema muy grave de acceso a un hogar el próximo año”, destaca antes de apuntar que el precio del alquiler subió un 4,5% en el último ejercicio. “El 52% de los ciudadanos de Vigo tienen posibilidad de ahorro y financiación para adquirir una vivienda nueva o usada, un 9% menos en la comparativa interanual”, detalla.

Concreta que los ingresos medios por persona en Vigo son de 1.023 euros y los de la unidad familiar, de 2.559 euros. “El 33% de los hogares vigueses llegan con dificultad o mucha dificultad a final de mes. En total, más de 37.000 hogares en la ciudad llegan con dificultades a final de mes”, advierte en relación a los precios de la vivienda. “La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social es del casi 16% en el municipio, según la catalogación de la Unión Europea en su estrategia 2030”, apostilla.

El presidente de Fegein y Asemi anota que Vigo necesita “con urgencia” más de 7.500 viviendas de protección oficial “únicamente para poner a disposición de sus propios habitantes como plan de choque para atender las necesidades de quienes no pueden tener una vivienda en propiedad en el mercado libre y, a mayores, les cuesta llegar a fin de mes al tener que asumir un coste del alquiler que provoca que más del 33% de las familias lleguen con dificultad o mucha dificultad a final de mes”.

La patronal apunta que un 39% de personas en Vigo solo pueden vivir de alquiler debido a sus ingresos, un 7% más en la comparativa interanual, y un 9% necesitan recurrir a las viviendas públicas de protección oficial en alquiler al disponer de pocos recursos, un 2% más que hace un año. “El 27% de los hogares, es decir, más de 32.000 familias, ingresan menos de 18.000 euros al año. Estas personas son las más perjudicadas por no poder acceder a un piso protegido. El problema de la vivienda es mayúsculo y la okupación es un efecto colateral”, indica Benito Iglesias.

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