Santiago y A Coruña exigen declarar zonas de alquiler tensionadas mientras Vigo lo rechaza
La petición, amparada por la ley estatal para limitar precios, parte del PSdeG: en la capital, desde la oposición, y en la urbe herculina, desde el gobierno
El Concello olívico opta por vivienda social y controlar pisos turísticos
Santiago y A Coruña exigen declarar zonas de alquiler tensionadas mientras Vigo lo rechaza / Borja Melchor
Hace casi cuatro meses, fue A Coruña. Esta semana, Santiago de Compostela. Son los dos grandes municipios gallegos que ya han mostrado su voluntad de que se apliquen limitaciones al precio del alquiler, medida contemplada en la nueva ley de vivienda estatal, en vigor desde el pasado mes de mayo, con el objetivo de facilitar el acceso a un hogar, un derecho constitucional. Mientras, Vigo, con problemas similares o incluso mayores que estas dos urbes, no ha movido ficha al respecto a pesar de ser una normativa impulsada desde el Gobierno socialista con Unidas Podemos. El Ejecutivo gallego se muestra abierto a utilizar esta herramienta tras su reticencia inicial.
El Concello de A Coruña, liderado por la alcaldesa Inés Rey (PSdeG), solicitó a comienzos del mes de octubre a la Xunta esta solución por escrito en una carta dirigida a la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, en la que justificaba la petición, entre otros motivos, en base a la cifra de demandantes de vivienda pública en la ciudad herculina, 2.305 en aquel momento –2.472 actualmente–, según el Rexistro Único de Demandantes de Galicia. En Vigo, son casi el triple: 7.031, y siete de cada 10 están a la espera de una opción de alquiler.
En Compostela, también fue el PSdeG el encargado de abanderar la petición desde la oposición –gobierna BNG con Compostela Aberta–. Las tres formaciones votaron a favor –el PP, en contra– de la moción presentada en el pleno del pasado lunes para respaldar la declaración del municipio como zona de mercado residencial tensionado, una condición que fija la ley estatal para limitar los precios de los alquileres. Defendió el texto la concejala socialista Mercedes Rosón, que expuso el alza del coste del arrendamiento en la ciudad para justificar la petición.
Si acercamos la lupa a la evolución del precio del alquiler en las urbes gallegas, vemos que, en Vigo, también se produjo un aumento importante del precio del arrendamiento en los últimos años. Según la información de Idealista, el porcentaje de incremento desde diciembre de 2015 hasta diciembre de 2023 supera el 36%: de 6,8 euros el metro cuadrado a 9,4 euros. En Santiago de Compostela y A Coruña, fue incluso mayor: 64,8% –de 5,4 euros a 8,9 euros– y 65,7% –de 6 euros el metro cuadrado a 9,4 euros–, respectivamente.
Analizadas las cifras, llama la atención que el Concello de Vigo, por ahora, no haya mostrado públicamente su voluntad de pedir a la Xunta la declaración de zona de mercado residencial tensionado. A mediados de octubre, la responsable de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento olívico y cuarta tenienta de alcalde, María José Caride, avanzó que el gobierno local, a diferencia de A Coruña y Compostela, no contempla la limitación de precios, reclamada por el BNG olívico y el Sindicato de Inquilinas de Vigo-Tui-Baixo Miño.
La entidad de la Praza do Rei opta por otro camino, según explicó en su momento Caride: “limitar nuevas actuaciones de pisos turísticos” –todavía no ha concretado cómo se hará– y esperar por el desarrollo de viviendas de protección –el Concello construirá 67 unidades en Barreiro y Esturáns, la revisión del PXOM (Plan Xeral de Ordenación Municipal) contempla 14.390 y la Xunta proyecta en Navia unas 1.600. Lo cierto es que, desde octubre, el precio del alquiler en Vigo no ha cambiado y no se espera que estas medidas tengan efecto a corto plazo.
Quince barrios afectados
Resulta llamativa la decisión del Concello teniendo en cuenta que la olívica es la ciudad de Galicia que cuenta con más zonas tensionadas de alquiler. El Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS) elaboró un estudio pormenorizado que concluye que el arrendamiento podría limitarse en 15 barrios de Vigo porque cumplen las condiciones que marca la ley de vivienda. Se encuentran en Oia, parte de Coruxo y de Candeán, Navia, zonas de Valladares, el centro, Lavadores, Bembrive, Cabral y Teis.
Según la ley estatal, podrán declararse zonas tensionadas aquellos municipios o áreas que cumplan uno de estos dos requisitos: que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler en el presupuesto familiar, más los gastos y suministros básicos, supere el 30% de los ingresos medios de ese hogar o que el precio del arrendamiento haya experimentado en los cinco años anteriores un porcentaje de crecimiento acumulado superior al menos tres puntos porcentuales al incremento del IPC. El estudio del Instituto Galego da Vivenda e Solo determina que ninguno de los más de 300 ayuntamientos gallegos cumple el primer requisito.
Según los datos de la Dirección General del Catastro, en 2022 –cifras más actualizadas–, se registraron 810 altas de propietarios de viviendas: 474 personas físicas y 336, jurídicas. En el primer apartado, destacan las de una y dos propiedades –350 personas–; las de tres y cuatro fueron 40; las de cinco y seis, 20; las de siete y ocho, 22; y las de más de ocho, 42. En el segundo, cobran más peso las de más de ocho, 267.
Si echamos la vista atrás, las 810 altas son más que las de 2021, 670, pero menos que las de 2020, 958. En todo caso, son números muy alejados del récord, logrado en 2010, antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando se anotaron 7.775 altas –5.445 de personas físicas–. La cantidad más baja de la serie se registró en 2016: solo 294 altas en el Catastro –235 de personas físicas–.
Se prevé que estas cifras aumenten con la entrada en vigor de la revisión del Plan Xeral, que prevé casi 51.500 viviendas nuevas. Eso sí, habrá que trabajar bien para que así sea: en A Coruña, casi 11 años después de aprobarse su planeamiento, ninguno de los 10 grandes polígonos residenciales incluidos se ha puesto en marcha –unas 19.000 viviendas–.
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