Profesionales de residencias exigen más personal, turnos y sueldo justos y seguridad

El personal sanitario de Política Social se concentró ayer ante el Parlamento de Galicia con un objetivo: reclamar los derechos perdidos en 2012. Recién firmado un convenio que contendría algunas de sus peticiones, los trabajadores apuntan que “se ha hecho en agosto y sin preguntarnos para no poder decidir”. “Muchos compañeros no han podido venir por trabajo o por miedo”, aclara Manuel Bóveda, uno de los portavoces del movimiento de trabajadores externo a los sindicatos. “Ayer el PSOE nos invitó a participar en el pleno del martes desde la tribuna y hoy se sumó el BNG, ahí debatirán las problemáticas de nuestro sector”, comenta con la esperanza de mejorar un acuerdo que consideran “injusto” y “escaso”. Entre otras cosas, deja fuera cuestiones como el derecho a usar el comedor y una mejor organización de los cuadros de trabajo.

“Haces una noche y al día siguiente gastas un día de vacaciones. Descansas, pero no es la compensación por nocturnidad”, explica Rosa Diz, TCAE del CRAPD Vigo I. “Antes teníamos 22 días anuales de vacaciones, el nuevo convenio recoge un mes natural. Teniendo en cuenta el ratio de trabajadores tan bajo, por el que una auxiliar de enfermería atiende a 40 personas en los turnos de noche, los que se queden estarán cargados de trabajo y harán varios fines de semana seguidos. Por eso, es habitual no poder disfrutar de los días de libre disposición, alegan falta de personal o necesidad de servicio, dos conceptos para situaciones extraordinarias. Así terminamos el año con vacaciones sin disfrutar”, continúa Diz. Y afirma que funcionan mejor en las huelgas “porque hay más personal con servicios mínimos que a diario”.

Empleados de la residencia de la Xunta denuncian ratios de una enfermera por 160 plazas

Aunque les van a pagar las extras perdidas, sostienen que solo tiene carácter retroactivo hasta 2022 (cuando se les hizo funcionarios), perdiendo los otros 10 años desde que habrían dejado de cobrar por trabajar domingos y festivos. Y aseguran que, haciendo el mismo trabajo y en la misma categoría profesional, percibirán cerca de 20 euros menos que los compañeros del Sergas.

El convenio (considerado “de mínimos” por los trabajadores), que firmó la Xunta y los sindicatos con clara oposición de la CIG, que alega haberlo ratificado “para no quedar fuera de la comisión de seguimiento”. En esa fase, se matizarán cuestiones importantes que no se han incluido. Entre otras, la negociación de la jubilación anticipada y las ayudas para pasar a segunda actividad, de un colectivo donde los años pasan factura física por décadas cargando a pacientes.

Los centros de mayores acusan problemas para encontrar personal sanitario formado

Por su parte, el Comité de Empresa de Política Social de Pontevedra retoma las denuncias por agresión en centros sociosanitarios que supuestamente habrían cometido “usuarios de emergencia social” en Vigo, tras hacer púbica esta semana la agresión sexual que habría sufrido una compañera del CRAPD Vigo II. En su comunicado afirma que “es completamente falso que fuera un usuario de régimen ordinario (como apunta la Xunta), ni por su edad, ni por su patología”. Y tacha de “hipócrita” la política de mezclar ancianos con pacientes psiquiátricos en las residencias. “El problema (agresor) se traslada a otro centro de titularidad privada, lo que hace más difícil el seguimiento”, sostiene. Y pide “soluciones efectivas ya” dirigiéndose a Sanidade para que “abra los centros y camas de ingresos de larga estancia de usuarios con patologías psiquiátricas”, alegando que lo pide “por su dignidad” y la seguridad del personal de la asistida.

Desde la Consellería de Política Social insisten en que “es falso” que el agresor sea un usuario de emergencia social. Y dicen que el ratio de ingresos mensuales en residencias a través de esta figura (que acoge a personas vulnerables, también jóvenes) “no llega a 4 de cada 10 nuevas altas”. Sanidade, aún no ha emitido respuesta.

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