La familia de Déborah se da por vencida y pide el sobreseimiento: "No es un adiós, es un hasta luego"

El abogado de la víctima, que apareció muerta en una cuneta de O Rosal hace 20 años, denuncia el maltrato de la Justicia y del Estado con este caso

Familiares y el abogado de Déborah, antes de anunciar que pedirán el sobreseimiento de la causa

Familiares y el abogado de Déborah, antes de anunciar que pedirán el sobreseimiento de la causa / Alba Villar

M. F. / R. V.

La familia de Déborah Fernández Cervera, la joven viguesa que apareció muerta en una cuneta de O Rosal en 2002, se ha "dado por vencida" y ha pedido el sobreseimiento provisional del caso ante el "maltrato" de la justicia, del Estado español y del Estado de derecho, tras más de 20 años luchando para encontrar al culpable del fallecimiento de mujer.

"Nos damos por vencidos. Es difícil derribar un muro con bolas de papel, por muchas que tiremos. Los familiares ya no quieren soportar más lo que entienden como un maltrato de la Administración de Justicia, del Estado español y del Estado de derecho", ha indicado uno de los abogados de la familia, Ignacio Amoedo, ante los medios de comunicación.

Él ha explicado que el pasado lunes se les dio trasladado de una providencia del 4 de julio con el objetivo de que manifestasen su opinión sobre la prórroga del caso, que finaliza en unos días.

En este sentido, ha subrayado que desde que se denegó el pase a procedimiento de jurado por parte de la jueza en noviembre de 2022, "carecía de sentido continuar con la presente instrucción" y ya en abril de este año los abogados de la familia preguntaron al juzgado si era necesario continuar con la causa y "hacer sufrir a la familia" si por aquel entonces ya se pensaba (por parte de los jueces) que la joven "no había muerto de forma violenta".

"¿Para qué mantener como investigado a persona alguna? ¿Para qué seguir haciendo sufrir a la familia? ¿Para qué hacer gastar dinero a las partes con periciales de diferente tipo? ¿Para qué seguir practicando pruebas? ¿Qué valor tenía el atestado de 2019 de la Policía Nacional, que señalaba a una persona como autora de la desaparición y muerte de Déborah? Si consideraban que el mismo era una invención, ¿por qué no se indicó a los agentes que hicieran bien su trabajo?", ha lamentado el abogado, recordando que por aquel entonces se solicitó la declaración del doctor Curiel "y en la misma sus argumentos fueron atacados a fin de mantener viva la teoría de la muerte súbita".

Críticas a cómo se llevó el caso

En un emotivo discurso, Amoedo ha hecho un repaso de todo lo vivido desde 2002, criticando ciertos aspectos como es el caso del disco duro del ordenador de la joven que, según los peritos de Lazarus (inicialmente propuestos por la propia magistrada) había sido manipulado en algún momento después de haber sido entregado a la Policía Nacional. Sin embargo, la Guardia Civil concluyó que no había sido manipulado.

También se refirió al móvil de la víctima, que apareció el año pasado en un legajo "desconocido hasta la fecha" en una comisaría de Madrid sin tarjeta SIM. "Tampoco sacaremos nada en limpio de la inspección del teléfono móvil porque dos personas con nombre y apellidos se la quitaron (la SIM) cuando lo recogieron", ha criticado.

Por todo ello, ha lamentado la "inacción" del Ministerio Fiscal, aunque entendiéndola "legítima porque consideran que no hay delito". Sin embargo, tras el oficio de la Policía en 2019 (donde se señalaba a un culpable de la muerte), Fiscalía tampoco actuó, a su juicio.

Pese a solicitar decenas de diligencias de pruebas, que en la mayoría de los casos fueron denegadas, finalmente la familia ha dejado de creer "en el Estado de derecho" y se "han dado por vencidos", esperando que nadie tenga que pasar por lo que ellos han tenido que vivir.

"Nos oponemos a la prórroga de la instrucción y, si se entiende que no hay elementos para abrir el procedimiento de jurado que se proceda al sobreseimiento provisional de la causa. Lo cual no quiere decir que no se seguirá trabajando, que con la causa cerrada se seguirá trabajando para intentar saber qué pasó con Déborah Fernández. Esto no es un adiós, es un hasta luego", ha sentenciado el abogado de la familia.

"Su recuerdo sigue amenazando a quien la mató"

Tras él, fue la madre de la propia Déborah la que ha querido agradecer a los medios de comunicación su trabajo a lo largo de todos estos años, que permitió la reapertura del caso en 2019.

Ella ha leído un texto sobre "el fin de la vergüenza", en el que se ha referido a los "errores de la investigación" que terminaron señalando la "muerte súbita" como una posible causa del fallecimiento de la joven en la que "convenientemente coinciden el fiscal y la defensa".

"El sinsentido de exigir responsabilidades a Déborah por morir, por ser asesinada de una manera tan poco elucuente, sofocada, asfixiada, privada de aire hasta matarla. Y su voz sigue molestando, su recuerdo sigue amenazando a quien la mató", ha añadido.

Para ella, la justicia "no los ampara" y no ampara a Déborah. "No podemos consentir que la instrucción convierta en una burla su memoria. No podemos permitir que maten también su dignidad. Hasta aquí decidimos llegar en el ámbito de la instrucción", ha sentenciado, esperando que no vuelva a suceder un caso similar al que han tenido que soportar ellos.

La defensa no se opone a la prórroga

La decisión sobre la prórroga de la instrucción se conocerá este mismo a mes. Como es preceptivo, la jueza ha pedido informes a todas las partes antes de emitir su resolución. Además del escrito de la acusación particular en representación de la familia de Déborah, ayer se presentó el de la defensa del exnovio de Déborah, único investigado en la causa, que en su caso no se opone a la ampliación del plazo de la investigación.

“Esta representación nada tiene que objetar a la prórroga de la causa, en la lógica consonancia con nuestro escrito de fecha 22 de mayo de 2023, en el que nos ofrecíamos a practicar una nueva prueba de ADN”, indican. “No será en ningún caso esta representación la que se oponga a la prórroga de la instrucción si la juzgadora estima que se puede o debe practicar alguna diligencia de prueba que no se hubiese llevado a cabo y que pudiese dar alguna luz sobre los hechos investigados”, señalan. Falta el informe de la Fiscalía antes de que la instructora adopte su resolución.