Un tercio de los apartamentos del mercado inmobiliario vigués no tienen ascensor

En la mayoría de casos, los propietarios no hacen ninguna rebaja en los precios | Comunidades de vecinos se muestran reticentes por el elevado gasto que supone

Vecinos de un edificio de Vigo, que consiguieron una subvención para instalar un ascensor.

Vecinos de un edificio de Vigo, que consiguieron una subvención para instalar un ascensor. / Marta G. Brea

Sorprendentemente, en pleno año 2023, muchas comunidades de vecinos continúan ancladas en tiempos pasados. Solo hay que echar un vistazo al parque de viviendas de Vigo. Actualmente en el mercado inmobiliario hay 3.912 pisos y apartamentos disponibles en la ciudad para ser alquilados o comprados. Pero muchos de ellos están ubicados en edificios que no tienen ascensor. Concretamente, casi el 30% del parque inmobiliario de la ciudad no cuenta con elevador, un porcentaje impactante, pues la percepción social es que son mecanismos completamente extendidos.

Según se puede comprobar en el portal Idealista, referente a la hora de comprar y alquilar viviendas en Internet, muchos de los pisos que están en el mercado y no tienen ascensor no son precisamente baratos. Es decir, aunque estén en plantas superiores y los futuros inquilinos tengan que subir por escaleras, los propietarios no bajan los precios. Por ejemplo, un piso en una segunda planta de poco más de noventa metros en la calle Real, sin elevador, se anuncia ahora mismo por casi mil euros. Otro similar en As Travesas, en un cuarto, está en 1.700. Es decir, en la mayoría de casos, la ausencia de un elevador no es un atenuante para reducir el precio, sino que el alquiler sigue por las nubes. Y lo mismo ocurre con los inmuebles que están a la venta.

Hay que tener en cuenta varias circunstancias para que se pueda instalar un ascensor en un edificio. Por ejemplo, que el inmueble cumpla con los requisitos técnicos mínimos necesarios. En caso de que sea así, la comunidad de vecinos está obligada a su colocación si alguno de los residentes tiene más de setenta años o sufre algún tipo de discapacidad. También si en junta una mayoría vota a favor de su instalación. Y todos los propietarios tendrán que pagar las cuotas que se establezcan.

En el caso de los vecinos ausentes, si se ha alcanzado un acuerdo para instalar el ascensor entre los propietarios que acudieron a la Junta, se informará a los que no estuvieron y tendrán 30 días para oponerse a dicho acuerdo. En caso de no hacerlo se entiende que están a favor de la instalación y el proceso, por lo tanto, seguiría adelante.

Sin embargo, hay resquicios legales en la Ley de Propiedad Horizontal que algunas comunidades de vecinos utilizan para “escaquearse”. Por ejemplo, para la instalación de un ascensor o las obras de una rampa de acceso que superan las 12 cuotas o mensualidades, esta reforma ya no tendría carácter obligatorio y los propietarios podrían decidir en junta si llevarla a cabo o no.

Aunque los administradores de fincas incidieron en los edificios sobre todo más antiguos en la necesidad de realizar obras de accesibilidad necesidad más acuciantes, la mayoría sigue siendo reticente. Y es que aunque una obra simple como la instalación de una rampa de acceso para personas con movilidad reducida en un edificio de viviendas, aunque parece que es algo que podría estar generalizado, está muy lejos de ser así. Es más, únicamente el 8% de los pisos y las casas que se pueden arrendar en Vigo están preparadas para que discapacitados y vecinos con otros tipos de problemas funcionales puedan entrar a vivir.

Un dato que alarma a las entidades que ayudan a personas con problemas de movilidad. Por ejemplo, la Confederación Galega de Persoas con Discapacidade (Cogami) han reclamado en repetidas ocasiones la limitación económica de “doce mensualidades de gastos comunitarios” para que sea “obligatorio” realizar reformas de accesibilidad de la misma forma que se llevan a cabo otras obras de tipo estructural o de seguridad.

Administraciones se vuelcan para facilitar las obras de accesibilidad

El Concello de Vigo aprobó en 2022 la convocatoria para otorgar las ayudas para la “mejorar de la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas en edificios residenciales colectivos”, un plan que contará con un presupuesto de 100.000 euros durante los dos próximos años. El importe máximo total a subvencionar por edificio residencial es de 3.000 euros para actuaciones realizadas entre el 1 de enero de 2022 y el 15 de octubre de 2023. Estas obras incluyen la instalación de ascensores, rampas, plataformas elevadoras, barandillas o obras que tengan por finalidad salvar los desniveles existentes entre la acera, el portal y el ascensor.

La Xunta también destinó el año pasado ayudas para la instalación de rampas, salvaescaleras o elevadores tanto para viviendas como para viviendas unifamiliares por valor de 4,3 millones.

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