Las demandas contra aerolíneas siguen al alza y ya se reparten entre los doce juzgados civiles

Las demandas de transporte aéreo sufrieron un cambio de calado en 2022. En virtud de una reforma legal estos pleitos que recaían en su totalidad en el único juzgado de lo Mercantil existente en Vigo empezaron a repartirse entre todos los juzgados de Primera Instancia ordinarios, que se vieron así con una nueva competencia, la relacionada con estas reclamaciones por cancelación o retrasos de vuelos o por pérdida de equipaje, por citar los supuestos más frecuentes. Precisamente, a lo largo del pasado año este tipo de litigios volvieron a aumentar al registrarse casi 270, lo que supone prácticamente un 40% más que durante el ejercicio anterior y también una cifra más abultada que la de 2020, el año de la pandemia, que precisamente fue bastante agitado en lo que a esta cuestión se refiere por todos los vuelos que se tuvieron que suspender debido a la irrupción del COVID.

Fue el 28 de julio del pasado año cuando el BOE publicó la Ley Orgánica 7/2022 de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, en materia de juzgados de lo Mercantil. Con entrada en vigor el 17 de agosto de ese mismo año, esta reforma descargó de competencias a dichos juzgados mercantiles y, entre los tipos de procedimientos que se vieron afectados por el cambio, se encontraban los relativos al transporte aéreo: las reclamaciones por daños derivadas de la pérdida o desperfectos en el equipaje de los pasajeros y las motivadas por las denegaciones de embarque, cancelaciones o retrasos de vuelos. Todos estos asuntos que entraban en avalancha en el juzgado de lo Mercantil vigués –de hecho, era el tipo de litigio que estaba allí a la cabeza– pasaron a repartirse entre todos los de Primera Instancia ordinarios, un total de 12 sin contar el que hasta ahora estaba exento de reparto por dedicarse exclusivamente a resolver asuntos de cláusulas abusivas hipotecarias. También han pasado a competer a todos estos tribunales civiles –aunque son litigios muchos más excepcionales– los relativos al transporte terrestre –autobuses o ferrocarril– y al transporte por mar.

¿Cómo ha sido la experiencia de estos primeros meses con estos nuevos procedimientos? “Son casos que tienen su peculiaridad jurídica, que nos obligan a ponernos al día ya que es una competencia que nunca habíamos tenido”, afirman en un juzgado de Primera Instancia donde tienen varios asuntos en trámite aunque ninguno de ellos ha llegado todavía a juicio. En otro de estos tribunales sí dictaron las primeras sentencias. “Es una temática nueva, una materia diferente, pero está muy reglada ya que se trata de decidir sobre indemnizaciones objetivas ya fijadas por la normativa internacional existente”, explican.

Pandemia y huelgas

Cada vez son más los viajeros que se animan a reclamar judicialmente si sufren algún tipo de contratiempo en un vuelo, pero hay épocas en las que este tipo de pleitos aumentan de forma más notorio por hechos o circunstancias concretas. Una de esas claras circunstancias fue la pandemia ya que la declaración del primer estado de alarma en marzo de 2020 motivó la cancelación de miles de vuelos y, consecuentemente, las reclamaciones de los pasajeros para pedir el reintegro de los viajes que no pudieron realizar. Las huelgas en compañías como Ryanair también dieron lugar a un buen puñado de demandas que acabaron judicializadas.

Una cuestión nada baladí relacionada con este cambio es que si hasta agosto de 2022 todas las demandas recaían en una misma magistrada, desde entonces son doce los jueces que resuelven sobre esta cuestión, por lo que se puede dar la circunstancia de que un mismo tipo de asunto, en función del juzgado en el que recaiga, se resuelva según uno u otro criterio, ya que no es inusual que en determinados casos la jurisprudencia no sea pacífica. Por ejemplo, la cuestión de si los pasajeros afectados por la huelga de una aerolínea tienen o no derecho a indemnización dio lugar en su día a sentencias contradictorias en toda España, hasta el punto de que uno de esos casos, el de una familia de Vigo, llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

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