La falta de ingresos y la necesidad de abonar un recibo para evitar el corte de la luz o un desahucio condujeron a miles de gallegos durante el pasado año y el arranque de este a solicitar créditos rápidos y tarjetas “revolving” (que permite ir refinanciando y aumentando la deuda) que les evitasen la quiebra, sin reparar en la letra pequeña de estos salvavidas financieros que acaban por convertirse en lastre. En algunos casos, la solicitud de 200 euros, que llega a la cuenta del ciudadano en cuestión de horas sin necesidad de presentar nómina, se convierte en una deuda de 2.500. Y no para de engordar. Para sortear juicios por prácticas abusivas, entidades financieras y fondos buitre que compran grandes paquetes de este tipo de deudas se lanzan a la carrera con litigios exprés para cobrar a los morosos. De hecho, son los responsables de que el año pasado se cerrase con el dato más alto de estos procedimientos en una década. El arranque de este ejercicio mantiene la tendencia con 120 casos diarios.
“Se dan dos circunstancias para que aumenten estos casos. Por un lado, un aumento del endeudamiento particular, que es alto y la gente no pude pagar. Y por otro, las entidades financieras bombardean con publicidad de préstamos rápidos que ofrecen con mucha facilidad. Es un cóctel explosivo”, describe el abogado David Alfaya, especialista en estos conflictos. En algunos casos, esas entidades ofrecen hasta 200 euros sin necesidad de presentar nómina.
“Vemos intereses del 5.000%”, denuncia un abogado
A su despacho de Vigo han llegado decenas de casos. El último se refiere a una persona que pidió 900 euros en un crédito rápido y le reclaman 4.500. “Existe el préstamo tradicional, con un interés del 8%, por ejemplo, pero lo que más se comercializa son las tarjetas “revolving”, con un 20% que antes era del 28%, y los microcréditos, de entre 200 y 3.000 euros. Hay intereses desde el 30% al 3.000% y el 5.000%”, añade.
La dificultad para hacer frente a las cuotas se dispara por esos intereses y las tenedoras de créditos intentan ejecutar embargos de cuentas o bienes. Para evitar sentencias que tumben los préstamos por usura o prácticas abusivas, recurren a los monitorios, una especie de litigio exprés. Se presentan en sede judicial, pero evitan procurador y abogado. Ante el incremento de estos casos de impagos, fondos buitre de inversión han adquirido grandes paquetes de deuda a precio bajo para intentar cobrar por todos los medios y obtener beneficio, según fuentes judiciales.
El año pasado, los monitorios batieron el récord de la década con 40.267 casos. En el primer trimestre, han alcanzado en Galicia los 10.581, la cifra más alta entre enero y marzo de la última década.
Las entidades recurren a los monitorios porque son más rápidos. Una vez presentado en sede judicial, se inicia una cuenta atrás. Si el deudor no se opone o no comparece, el juzgado le da la razón automáticamente al demandante y abre un período de 20 días. Si el deudor no paga, sufre un embargo. Si se opone, las partes deben acudir a juicio.
“La gente quiere pagar, pero no suele responder porque tienen vergüenza o desconocen este procedimiento. Siempre hay que oponerse porque si los intereses son abusivos un juez puede anularlos”, apunta Alfaya. De hecho, el año pasado, una vecina de Vigo que rechazó un monitorio no solo recuperó los 5.589 euros que le reclamaban por una tarjeta “revolving”, sino que la justicia decretó que la indemnizasen con 6.000 euros por condiciones abusivas en el contrato.
