Transportes compensará a Audasa por la merma de ingresos con cálculos de la propia concesionaria

La Comisión Galega da Competencia ya reprobó la discrecionalidad con la que se le permite actuar Autopistas del Atlántico SA (Audasa) por parte del Gobierno central. A saber, la concesionaria traza un calendario de ingresos previstos por la explotación de la autopista AP-9; si lo que cobra por los peajes se queda por debajo de sus propias estimaciones, se gana el derecho de reclamar una indemnización al Estado por lo que considera “ruptura del equilibrio económico patrimonial”. Entre los años 1999 y 2020, este calendario de previsiones de facturación ha sido siempre de mejora anual de ingresos, sin tener en cuenta “ni la posible aparición de crisis económicas” –que las hubo– o cambios en la movilidad de la ciudadanía –que también–.

Un poder nunca revertido y “una simulación poco realista” con consecuencias para el erario público, “a pesar de ser la concesión rentable”. Una autoritas –prolongada con ejecutivos de distinto signo político– que le ha facultado a reclamar al Ministerio de Transportes una compensación de 46,2 millones por el descenso de tráficos durante la pandemia del COVID. Y un dominio, finalmente, que este miércoles ha vuelto a consolidar tras la última reunión del año del Consejo de Ministros.

El viaje Vigo-Coruña por autopista costará 18 euros desde el 1 de enero

Las aspiraciones de Audasa eran de incrementar los peajes en un 9,46%, resultado de la suma de la inflación y un punto porcentual a mayores como compensación por la ampliación de Rande y la circunvalación de Santiago. Lo que ha hecho el Ejecutivo es limitar esa subida al 4%. ¿Aportará con dinero público la diferencia hasta el 9,46%? No completamente. Se calculará “de oficio” qué parte corresponderá asumir a la administración, pero la concesionaria de la AP-9 no facturará lo que tenía previsto.

Será la propia Audasa la que remita “una relación de los tránsitos que se hayan producido [cada trimestre], indicando sus ingresos por peaje y los que habrían percibido” de no ser por esta medida de contención de la subida. Esto es, será la propia compañía la que marcará el camino, en base a sus propios cálculos y previsiones, para el importe de indemnización que vaya a recibir por parte del Gobierno central vía Presupuestos Generales del Estado. Así consta literalmente en el Real Decreto-ley 20/2022 de medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la Guerra de Ucrania, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta indemnización por la merma de ingresos por peajes, además, se abonará (devengará) a mitad de cada trimestre y “calculados al tipo de interés legal del dinero”. Una ratio que fija el Banco Central Europeo y que se sitúa a día de hoy en el 2,5%, su nivel más elevado desde diciembre de 2008. Y que continuará subiendo –hasta mediados de 2025, al menos–, como avanzó la presidenta de la institución, Christine Lagarde, porque el objetivo de llevar la inflación de la eurozona al 2% todavía está lejos. Con la entrada en vigor de este Real Decreto, un turismo pagará 18,2 euros entre Vigo y A Coruña, gracias a que se ha topado ese alza de los peajes. Eso sí, el papel del Estado como parapeto hacia las subidas irá menguando y en 2026 desaparecerá esta intervención.

La denunciada arbitrariedad de la concesionaria a la hora de fijar sus objetivos de ingresos –y nadie más que Audasa puede medir la intensidad de tráfico en la AP-9– quedó patente en el mismo informe de Competencia. Entre 1999 y 2011, la concesionaria siempre obtuvo una facturación superior a sus previsiones. En algunos casos, muy por encima. Por ejemplo, para 2009 –plena crisis del ladrillo y financiera– contaba con ingresar 21,4 millones, y registró más de 26.

A partir de 2012 (tras la doble recesión y con el euro a punto de partirse), sus cabinas de peajes nunca más volvieron a colmar sus previsiones. Por ello Competencia reprobó esa “simulación poco realista, porque un ritmo inferior [de recaudación] al excesivamente optimista previsto haría muy fácil la ruptura del equilibrio económico patrimonial y daría derecho a la concesionaria a demandar el reequilibrio, a pesar de ser la concesión rentable para la empresa concesionaria”.

La oposición comparte crítica

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lamentó ayer la decisión del Gobierno central de contener al 4% la subida de los peajes en las autopistas de titularidad estatal. “Sigue siendo una subida. Con la misma concesionaria con la que la Xunta ha negociado una subida del 0% para 2023, el Gobierno negoció un 4%. Es cuestión de voluntad y de priorizar. Lamento que no se priorizase que los usuarios no empezasen el año con un 0% de subida”, zanjó.

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, tachó el incremento de “inaceptable” y como “una discriminación y un agravio con Galicia en materia de infraestructuras”.

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