El Gobierno limita al 4% la subida de los peajes en la AP-9 en 2023

Los peajes en las autopistas estatales tendrán como tope una subida de un 4% para 2023, según ha aprobado este martes el Consejo de Ministros dentro de su nuevo paquete de medidas anticrisis. Esto supone que, por primera vez, no se aplicará el IPC en el alza de las tarifas por el uso de estas vías, lo que implicaría un encarecimiento del 8,4%. Entre los usuarios que se benefician de este techo en los precios están los de la AP-9. Así, el coste de ir desde Vigo hasta A Coruña supondría 18,2 euros para vehículos ligeros (+ 0,7); hasta Santiago 10,71 euros (+0,42); y hasta Pontevedra, 4,32 euros (+0,17).

¿Cómo te afectan en la cesta de la compra las medidas antinflación?

La medida alivia el bolsillo, más que exprimido, de miles de usuarios, que temían una escandalosa e histórica subida. De mantenerse la fórmula de cálculo de las tarifas sin ningún tope, los usuarios de la AP-9 se enfrentarían a un encarecimiento de más de un 9%.

Los peajes se actualizan cada año en base a dos factores: el IPC móvil anual hasta octubre y, hasta ahora, el 1% en compensación a Audasa por las obras en Rande y Compostela. Con un IPC móvil interanual hasta octubre del 8,4% más el 1% extra, los precios subirían a partir del 1 de enero por encima del 9%.

El Gobierno anunciaba hace unos días que saldaba la deuda con la concesionaria de la AP-9 por la ampliación del puente de Rande y la circunvalación de Santiago con un pago de 400 millones, por lo que se suprimía ese 1% extraordinario. Sin embargo, no ha optado por esa fórmula, sino por compensar a las adjudicatarias por el tope a la subida de tarifas.

Madrid saldará con 400 millones la deuda con Audasa y mitigará el alza de peajes en la AP-9

Según lo anunciado hoy, el Ministerio de Transportes compensará entre 2023 y 2026 parte de los ingresos que las concesionarias dejarán de percibir el año que viene por la contención del incremento de los peajes.

En concreto, habilita una línea de 23,3 millones de euros para financiar la reducción del incremento de las tarifas en 2023, y se establece la obligación de que la Administración General del Estado dote las partidas necesarias para mitigar parcialmente la subida entre 2024 y 2026 para que esta sea escalonada.