Las consecuencias que la pandemia han tenido para la población se han traducido en un 24,48% de incremento de las citas previas en Servicios Sociales del Concello de Vigo en 2020. Y, de las 17 Unidades de Trabajo Social repartidas por la ciudad, donde más se ha percibido este incremento ha sido en las de Teis, Cabral-Candeán y Rivera Atienza. La actividad directamente vinculada con el COVID supuso el 40% del total.
De todos modos, las UTS del Litoral y de O Calvario siguen liderando la demanda, tanto en número de usuarios –1.108 y 1.083 respectivamente–, como en el de expedientes familiares –770 y 820–. Cabral-Candeán se coloca en tercera posición, con 1.048 personas y 749 unidades familiares. A pesar del incremento experimentado, Teis es de las oficinas que menos actividad ha tenido –con 492 expedientes–, por detrás de la que atiende a la zona sur –458– y a la del O Castro –466–.
Casi dos tercios –el 71,21%– de las citas que se solicitaron desde que se declaró el primer estado de alarma, en marzo de 2020, fueron para solicitar ayudas de emergencia social.
Desde la Concejalía de Bienestar Social explican que “la incidencia de la pandemia se aprecia notablemente en la tipología de las intervenciones realizadas”. Detallan que el interés por las prestaciones existentes para hacer frente a la pandemia de COVID-19 impulsaron las citas de información, orientación y valoración. Si en 2019 representaban el 21,61% del total de las consultas, en 2020 escalaron hasta superar un tercio del total –un 35,8%, en concreto–.
Los servicios municipales destacan que “especialmente relevante” fue la información y asesoramiento sobre la tramitación del Ingreso Mínimo Vital, ya que el Concello de Vigo fue el único de España que habilitó una oficina específica para este fin. En ella, los trabajadores aconsejaron a más de 6.000 personas desde su puesta en funcionamiento.
El perfil de las personas que se han visto abocadas a recurrir a Servicios Sociales del Ayuntamiento no difiere demasiado de años anteriores. La mayoría son mujeres –el 58%– y se sitúan en una franja de edad de entre 31 y 60 años. Las unidades familiares tienen una media de 1,4 miembros y muy pocas –un 13%– superan los cuatro.
Algo menos de una décima parte –el 7,69%– son personas que sufren algún tipo de discapacidad, ya sea física, psíquica o sensorial.
Dos tercios de los solicitantes de atención son españoles –el 65,48%, en concreto– y la gran mayoría nacieron en la misma provincia de Pontevedra.
Entre los extranjeros, el grupo con mayor volumen de peticiones son los procedentes de Venezuela –el 2,62% de los casos–, seguidos por los de Colombia –2,03%–, de Perú –1,53%– de Brasil –1,32%–, de Portugal –1,12%–, de Senegal –0,86%– o de Rumanía –0,79%–.
Las ayudas para libros, material y comedor beneficiaron a 4.349 alumnos, por un importe de 829.917 euros. Con el confinamiento, el Concello ideó un sistema de tarjetas monedero para que las familias pudieran tener acceso a la beca.
Dentro de los esfuerzos que realizó Benestar Social con motivo de la pandemia, amplió sus servicios para cubrir necesidades surgidas. Entre otros muchos, el servicio de ayuda a domicilio extraordinario para realizar compra de alimentos y medicamentos o las 1.200 altas urgentes del servicio de ayuda a domicilio.
Para afrontar la crisis, se contrataron 6 auxiliares administrativos y 5 trabajadoras sociales y se reasignaron efectivos de otras áreas.
El 15% de la población recurrió a ayudas de emergencia en pandemia
Las necesidades básicas de alimentación y el pago de la vivienda han sido las principales cuestiones para las que el Concello de Vigo ha concedido ayudas de emergencia. A lo largo del pasado ejercicio, entregó 1.611.792 euros por este concepto. A día de hoy, la cuantía asciende a 2.347.944 euros desde el inicio de la pandemia. Son un total de 15.065 ayudas de emergencia concedidas que benefician a 45.195 personas, el 15% de la población.
El Concello destaca que estas ayudas “cubren prácticamente todas las necesidades que pueda tener cualquier ciudadano”. Abarca gastos de vivienda –alquiler, créditos hipotecarios con entidades bancarias para evitar desahucios, deudas de comunidad, mobiliario de primera necesidad y deudas de suministros–, alimentación básica, gastos de atención sanitaria no cubiertos por el sistema público de salud y para la adquisición de medicamentos.
El Servicio de Bienestar Social incrementó el presupuesto del programa contra desahucios y de emergencia social en 800.000 euros en 2020 –sumados a los 972.000 euros previstos–, a través del Real Decreto Ley 8/2020 del 17 de marzo, que permitió destinar el superávit presupuestario del ejercicio de 2019 para llevar a cabo las actuaciones necesarias para proteger a las personas más vulnerables o en riesgo de exclusión.
