La pandemia de COVID-19 causó estragos no solo a nivel sanitario, sino también socioeconómico. Las colas del hambre en comedores sociales y ONG’s se multiplicaron, recordando los peores momentos de la anterior crisis financiera originada a finales de 2008, y las ayudas públicas se intensificaron para taponar esa sangría en las condiciones de vida. La mayoría de ayuntamientos y diputaciones también elevaron los recursos destinados a la protección social. Al menos 180 municipios gallegos y las cuatro diputaciones gastaron más el año pasado que en 2019, a pesar de la recesión.

Pensiones, cheques sociales o ayudas específicas para colectivos en riesgo de exclusión aumentaron el gasto en al menos seis de cada diez concellos, elevando el desembolso total en 14 millones de euros respecto a 2019: 416 millones frente a 402.

Y ello, a pesar de que no se computan todavía las cuentas de 40 municipios que no han entregado sus balances económicos, según las liquidaciones provisionales de sus cuentas que maneja el Ministerio de Hacienda.

En ellas, se detallan apartados como son las “actuaciones de protección y promoción social”. “Incluyen todos aquellos gastos y transferencias que constituyen el régimen de previsión; pensiones de funcionarios, atenciones de carácter benéfico-asistencial; atenciones a grupos con necesidades especiales, como jóvenes, mayores, minusválidos físicos y tercera edad; y medidas de fomento del empleo”, según la definición del portal de Rendición de Cuentas, impulsado por el Tribunal de Cuentas.

Y ese apartado creció en 36 concellos de Pontevedra, 51 de Ourense, 36 de Lugo y 57 de A Coruña, así como en los balances de las cuatro diputaciones. Gran parte de estos fondos proceden de una reordenación de gastos, como muestran las comparativas iniciales de inversiones. En 2019, se dedicaron 444 millones, mientras que el año pasado solo 354, si bien queda por añadir las cuentas de 40 municipios.

Un elemento ilustra las prioridades locales durante el año pasado. El COVID frenó hasta datos mínimos el gasto en obras “financieramente sostenibles”, aquellas vinculadas al superávit y que deben tener determinadas características, como no consolidar gastos futuros. Se pueden destinar a alcantarillado, alumbrado, jardines o asistencia social primaria.

El año pasado se desembolsaron casi 38 millones, frente a los 75 de 2019. De la primera cifra, 26,5 correspondieron al superávit de 2018 y 11 al de 2019. Estos últimos se dedicaron a atención social primaria, según Hacienda.

“Al no activar las reglas fiscales el año pasado, la prioridad de gasto fue luchar contra el COVID, por lo que las inversiones financieramente sostenibles se minimizaron”, apuntan desde la Federación Española de Municipios e Provincias.

En el terreno de los servicios públicos básicos, el gasto provisional también apunta a superar la cifra de 2019. El avance de liquidaciones refleja un gasto de 984 millones, frente a los 1.073 del año anterior, aunque en el primer caso faltan los datos de 40 municipios.

Este apartado refleja los gastos “obligatorios”, por lo que es previsible que crezca. “En esta área se incluyen las cuatro políticas de gasto básicas: seguridad y movilidad urbana, vivienda y urbanismo, bienestar comunitario y medio ambiente”, define Rendición de Cuentas.