El aumento de las dificultades económicas de las familias así como el progresivo envejecimiento poblacional saturan los servicios sociales de muchos municipios. Los concellos son la “puerta de entrada” al sistema de prestaciones y atienden un elevado volumen de usuarios. En 2019 dieron respuesta a 467.000 personas, aunque la mayoría solo acuden al consistorio en busca de información o para realizar consultas puntuales. Sin embargo, el 17 por ciento –casi 80.000 personas– se convierten en beneficiarios de algún recurso público. Y esta cifra de usuarios es cada vez mayor: los trabajadores sociales municipales atienden ahora a unas diez mil personas más que hace cuatro años.
“El incremento se debe, por un lado, a que veníamos de una crisis económica, pero también porque cada vez son más los recursos que la administración pone a disposición de los ciudadanos, además de por la evolución demográfica de la población”, explica el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado.
El perfil más habitual de los usuarios es el de familias en riesgo de exclusión social o en situación de pobreza, que se traduce en carencia de recursos económicos o en dificultades para el acceso o para el mantenimiento de una vivienda. Pero además entre los ciudadanos atendidos por los servicios sociales también hay casos de personas con déficits de autonomía, dependientes, así como mayores que viven solos.
Los servicios sociales de los ayuntamientos gestionan desde la ayuda a domicilio, programas de educación y apoyo familiar, planes de inserción social y fomento de la solidaridad, las ayudas de la Risga o las prestaciones a la dependencia.
Según los datos de la Consellería de Política Social, en 2019 se abrió expediente en los servicios sociales municipales a 466.810 personas, 20.000 más que el año anterior y casi 60.000 más que las registradas en 2016. “Hay que tener en cuenta que representan ya más de un 24 por ciento de toda la población de Galicia”, señalan desde la consellería.
Y los que se convierten en usuarios de algún recurso han pasado de aproximadamente 69.000 ciudadanos en el año 2016 a más de 79.000. En esta cifra se incluye tanto el perceptor directo de la ayuda como los miembros de su familia que indirectamente también se benefician de las prestaciones. De hecho, los familiares son un tercio de las personas con una intervención abierta por los trabajadores sociales de los ayuntamientos gallegos. “Se les hace un seguimiento periódico, que puede ser a través de visitas domiciliarias, para comprobar su evolución”, explican desde el departamento que dirige Fabiola García.
La pandemia de COVID-19 y la crisis económica que acarrea han incrementado la demanda de servicios sociales, según explica el director xeral de Inclusión Social.
Desde los concellos han alertado que están desbordados y reclaman a la Xunta mayor financiación. “Se está haciendo un importante esfuerzo económico para incrementar el número de profesionales que trabajan en los servicios sociales municipales. Es una responsabilidad compartida tanto del Gobierno, la Xunta, los concellos y las diputaciones”, apunta Arturo Parrado.
La saturación en la que se encuentran estos servicios se traduce en ocasiones en demoras en los plazos para dar respuesta a las necesidades de los ciudadanos. Y lo que no ayuda tampoco es la burocracia. El propio director xeral de Inclusión lo reconoce: “las tramitaciones deben ser más ágiles y tiene que haber un mayor número de profesionales para que la atención sea más rápida”.
