El 20 de agosto de 2017 las fuerzas de seguridad impidieron el desembarco de cientos de pasajeros en las Islas Cíes al superarse el cupo de visitantes diarios obligando a cuatro barcos a regresar a tierra, donde otros tantos viajeros presentaban sus reclamaciones en las taquillas de las navieras convirtiendo a la Estación Marítima en el epicentro de la indignación y el enfado.

Cuatro años de investigación

Cuatro años después de que la Xunta denunciara esta sobreventa de billetes y que la Fiscalía presentara inicialmente una querella por presuntos delitos de estafa y falsedad documental contra los responsables de cuatro navieras, la investigación se ha dado por terminada –y desinflada–. Tanto es así, que a falta de quedar rubricada en sentencia, las partes ya habrían llegado a un acuerdo para poner fin a esta causa penal, concretamente una multa de 6.480 euros.

Acusación de conformidad

Así se desprende del escrito de acusación de conformidad al que ha tenido acceso FARO, fechado el pasado 13 de julio. El Ministerio Fiscal acusa a la naviera Illa de Ons (Nabia) y a su gerente de cuatro delitos de falsedad en documento oficial en concurso ideal con cuatro delitos leves de estafa. Para la primera, demanda, por cada uno de los cuatro delitos tres meses de prisión  (a sustituir por una multa de 1.080 euros) y multa de 540; lo que hace un total de 6.480 euros. A mayores, a la entidad le impone 250 euros de multa por cada delito.

Hechos

En su relato de los hechos, la fiscal expone que la única naviera investigada y su gerente, la cual tenía una autorización para el desembarco de visitantes a las islas Cíes en el 2017, por la que se fijaba un número máximo de pasajeros diarios con el fin de cumplir la normativa de protección del Parque Nacional Illas Atlánticas. A lo largo del 2017 y “con el fin de obtener un beneficio económico de carácter ilícito”, vendió varios billetes en los que figuraba un código QR “mendaz” con el fin de transportar “a más pasajeros que los autorizados”.

Así, los días 11 de junio, 3 de agosto, 5 de agosto y 17 de agosto expidió varios billetes cuyos códigos QR –que vinculan a esa persona con el billete– “habían elaborado mendazmente”. Al estar la causa parada durante meses, la fiscal aprecia la concurrencia de dilaciones indebidas.

Sanciones administrativas

Junto a esta causa penal, la Xunta también incoó sus propias sanciones administrativas contra tres de estas navieras inicialmente investigadas fijando multas por valor de 930.000 euros, que si bien fueron recurridas en varias instancias, por superar este pasaje. Precisamente, en el informe que el organismo autonómico remitió a la Fiscalía en 2017 para incoar la causa penal se reflejaba una sobreventa por parte de las navieras valiéndose de pasajes con códigos QR falsos o ilegibles y anulaciones de viajes ficticios.