Hace hoy una semana, efectivos de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional irrumpían en la sede viguesa del Colegio Oficial de Enfermería de Pontevedra en medio de un operativo para hacerse con documentación, discos duros y toda prueba que pudiese vincular a su presidente en los últimos 36 años, Carlos Fernández Gómez, su mujer Carmen Gayoso y su hija Estefanía, con un presunto desfalco en las cuentas.
Un secreto a voces
Este escándalo afectó al sector sanitario en general pero, más en particular, a los 4.000 colegiados en la provincia; un “secreto” a voces que nadie se atrevió a denunciar o para el que carecían de pruebas. “Nos pilló de sorpresa la denuncia, no los hechos. Nunca hubo transparencia ni publicidad en este Colegio; no se anunciaban las asambleas, no se informaba sobre las cuentas... A los enfermeros y enfermeras nos urge un Colegio que empiece de cero, con una legislación y unos estatutos nuevos. Ya era hora de terminar con esto”, explica Carmen Velicia, colegiada desde hace treinta años.
Un Colegio serio
“Aliviada” se ha mostrado también Concepción del Valle Sánchez, especialmente tras la designación de un interventor judicial para redirigir al órgano. “Sabíamos que ahí había algo raro, claramente la mejor decisión es la administración judicial del Colegio, un auditor que parta de cero, en lugar de la actual directiva. El Colegio es un órgano que debe ofrecer muchos servicios y debe ser serio, y hasta ahora no lo era”, argumenta esta enfermera, colegiada desde hace dos décadas.
Por su parte Lina, otra de las profesionales afectadas, advierte del “cúmulo” de errores que se apreciaban en la gestión del órgano. “Era un paripé, la intervención judicial es la mejor decisión, no puede estar peor que como lo han dejado. Estamos hablando de mucho dinero, no es ninguna tontería”, refleja esta enfermera de la provincia de Pontevedra.
Abandono del órgano
Frente a las más veteranas, Paula Fernández lleva solo desde 2017 como colegiada, por lo que su sorpresa fue mayor. “Cuando saltó todo me quedé bastante fastidiada. Pagamos cuotas que con las condiciones laborales que tenemos no son una tontería y enterarse de esto... Te dan ganas de salirte, claro”, cuenta esta joven. Junto a la asesoría jurídica y las responsabilidades sociales, el Colegio también se encontraba al frente de los cursos y servicios de formación para estos profesionales, que califican de “desactualizados". “Eran muy poco profesionales, en mi caso yo dejé de ir porque incluso se repetían”, reconocía Sánchez, También Lina dejó de acudir a estos cursos porque eran un “horror”.
Acusación particular
Siete días después de estos registros, y con la familia ya en prisión provisional, la institución buscar reponerse a este revés. Primero, con la designación por parte del magistrado instructor de dos auditores o economistas para administrar tanto el propio Colegio provincial como las empresas que integrarían esta presunta trama de blanqueo por la que también se les investiga –Galaprint S.L., Instituto Galego de Formación Sanitaria y Promoción Social, IGAF S.L. y Gestión Jurídica Gallega S.L. – y, segundo, con la personación de la propia institución colegial en la causa como parte perjudicada. Fue precisamente la actual vicepresidenta la que acudió ayer hasta los juzgados para personarse como acusación particular en el marco de estas actuaciones que se siguen por presunto delitos de falsedad documental, administración desleal y blanqueo de capitales.
Funcionamiento
Esta previsto que a lo largo de esta jornada, este interventor judicial se ponga en contacto con la plantilla del Colegio para explicar cómo será su funcionamiento. Además, deberá realizar una auditoría sobre las cuentas de la institución presidida por Carlos Fernández.
Fuera ya del procedimiento penal, otro contencioso espera al presidente. Será en julio cuando deba dar explicaciones sobre las presuntas irregularidades en las últimas elecciones al Colegio celebradas en 2018.
Otro supuesto desfalco a nivel nacional
El sector de la Enfermería no escapa al cerco judicial, ni en Vigo ni tampoco a nivel estatal. Tanto es así, que un Juzgado de Instrucción de Madrid abre juicio contra Máximo González Jurado, presidente del Consejo General de Enfermería (CGE) hasta 2017 por apropiación indebida y administración desleal. Según el auto, González habría desviado cerca de 11.000 euros para sufragar gastos en la boda de su hijo, tales como desplazamientos al enlace o incluso la moqueta del salón. Precisamente, este órgano estatal había reclamado, vía sentencia a favor, el abono al Colegio de Pontevedra de casi seis millones de euros en cuotas impagadas. Desde 2019, el órgano pontevedrés comenzó a realizar este abono atrasado.
