Uno de cada cuatro menores que comete algún delito en Galicia es reincidente

Lesiones, amenazas, hurto, violencia de género y doméstica, robo con violencia e intimidación, atentado contra la autoridad, cultivo o tráfico de drogas, incluso abusos sexuales o estafas. El listado que conforma los delitos que el año pasado llevaron a los tribunales a medio millar de menores gallegos es extenso y en ciertos casos los juzgados de menores se las vieron con rostros conocidos, porque uno de cada cuatro adolescentes que cometieron en 2023 alguna infracción penal y que pasaron a rendir cuentas ante la Justicia ya estaba “fichado” por Política Social.

No obstante, darle la vuelta a ese dato implica también que tres de cada cuatro chicos –y chicas, pero ellos son la mayoría– que cometieron delitos el año pasado lo hicieron por primera vez, o al menos les pillaron y desde los juzgados les asignaron alguna de las medidas previstas judiciales de naturaleza “sancionadora-educativa” previstas en la ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores, una normativa, explican desde el Ejecutivo, que “pone el acento en las funciones rehabilitadoras y reeducadoras” con el objetivo de lograr la “reintegración y reinserción social de los menores que delinquen” al primar el interés de los jóvenes.

El informe da cuenta, por un lado, del número de medidas notificadas que tuvieron entrada en la Dirección Xeral de Familia durante el pasado año remitidas desde los juzgados de menores, así como del número de menores afectado y las infracciones penales que cometieron. Con medidas, el informe alude tanto a las privativas de libertad como a las que se, por ejemplo, se traducen en prestaciones en beneficio de la comunidad, asistencia a centros de día o tratamientos ambulatorios, entre otras soluciones, como la libertad vigilada, que es la predominante.

Medidas notificadas

Así, en concreto, durante el año 2023 se impusieron 839 medidas que afectaron a 501 menores, en su inmensa mayoría varones –la proporción es casi de 4 a 1–. La primera cifra supone un incremento de un 15 por ciento con respecto al año previo y es el segundo dato más elevado del lustro. Si bien ocho de cada diez medidas se corresponden con indicaciones de medio abierto, sin internamiento, en casi 150 casos implican la privación de libertad en diferentes regímenes. Por otra parte, el que en 2023 hubiera 501 menores con relaciones conflictivas con la ley implica también una subida de un 13,3 por ciento en comparación con 2022.

De esos 501 jóvenes, un 24,5% figuraba ya en la aplicación en la que la Xunta registra los menores infractores, es decir, habían tenido contacto previo en el cumplimiento de medidas judiciales. Política Social matiza que pueden no ser reincidentes como tales, sino que el menor vaya cumpliendo diferentes medidas. Sin embargo, en 378 casos los nombres trasladados a la Administración autonómica estrenaban alta en el apartado correspondiente a justicia penal juvenil. En los últimos años, la Xunta gestionó expedientes de más de 1.800 menores que habían cometido por primera vez una infracción penal.

Delitos más repetidos

Los jóvenes que pasaron el año pasado por juzgados de menores fueron sentenciados por un total de 955 delitos. El más repetido es el de lesiones, con 188 casos, seguido de amenazas, que se queda por poco por debajo del centenar, y el de hurto, que roza los ochenta delitos. Pero en sus tribunales se también se han visto muchos casos de violencia de género y doméstica (71 delitos), casos de daños (53), robos con violencia e intimidación (casi medio centenar). En menor medida a los tribunales llegaron maltratos, abusos sexuales o tráfico de drogas, pero también cinco delitos de homicidio o tres de asesinato.

No obstante, desde Política Social inciden en que, de acuerdo a los datos oficiales del Gobierno central, Galicia sería la segunda comunidad por la cola de todo el Estado en tasa de menores infractores. Con todo, aquellos que cometen infracciones penales deben afrontar las consecuencias de sus actos y la Xunta, en particular el departamento dirigido por Fabiola García, es la encargada de ejecutar las medidas, tanto de internamiento como de medio abierto, derivadas de las sentencias judiciales.

Menos menores ejecutando medidas

En lo que respecta al trabajo efectivo realizado el pasado año para ejecutar las resoluciones judiciales, Política Social destaca el descenso en el número de menores que cumplieron medidas en la comunidad, cuyo número, apuntan, disminuye por cuarto año consecutivo. Solo en relación al ejercicio anterior, se pasó de 670 a 659 menores, y ese dato es un 11,5 por ciento inferior al registrado en el último año prepandémico, 2019, cuando se habían alcanzado los 745. Asimismo, se nota también un descenso en relación a 2019 en las medidas ejecutadas. Fueron 921 –porque un mismo menor puede cumplir varias medidas–, un 17,2 por ciento inferiores.

Desde la Xunta enfatizan que la inmensa mayoría –ocho de cada diez– de las medidas impuestas por los juzgados de menores son medidas de medio abierto. Eso implica que se desarrollan en centros especializados en intervención educativa con adolescentes. Solo una de cada cinco disposiciones recogidas en las sentencias, subrayan, implican el internamiento del menor en centros de reeducación. En total fueron 138 casos, 121 chicos y 17 chicas.

Medidas pendientes

Aunque es a las administraciones autonómicas a las que les toca llevar a cabo las sentencias que se deciden en los juzgados de menores, a veces las resoluciones quedan pendientes de un año para otro. De las medidas notificadas a lo largo del ejercicio pasado, quedan 218 sin ejecutar, a las que se sumarían otras 28 de años anteriores. En lo que atañe a las relativas a internamientos, Política Social alega que en 2023 las causas principales por las que quedaron pendientes de materializar fueron que el menor estuviese ejecutando otras medidas similares o más restrictivas, la imposibilidad de localizarlos por los juzgados o recursos pendientes de resolución.

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