Los juzgados dictan el ingreso no voluntario de 6.200 mayores con discapacidad en residencias

Un procedimiento judicial que se usa para pacientes psiquiátricos o personas con deterioro cognitivo está siendo empleado también para el internamiento de mayores con discapacidad en residencias. Es un sistema idéntico al que se aplica a una persona que carece de capacidad para el pleno ejercicio de sus facultades, o bien por deterioro cognitivo o por problemas psiquiátricos, el que solicita una familia o un centro para blindarse durante el ingreso de un mayor en una residencia. Así, tras la desaparición de la figura de la tutela judicial en Galicia, se recurre a un proceso que requiere de dictamen judicial y se conoce como “internamiento no voluntario”, tal y como comenta el responsable Departamento Jurídico de Afaga Alzheimer, Iván Rarís.

Las cifras de los que dictan los juzgados gallegos se consolidan desde hace, al menos, tres años: unos 6.200 mayores o personas con discapacidad ingresaron en una residencia en un año a través de esta medida judicial –según los últimos datos extraídos de la Memoria de Fiscalía de 2022, que confirman que la medida representa más de la mitad de los procedimientos en materia de discapacidad ese año, el 53%–. Es decir, más de una de cada dos intervenciones de Fiscalía en discapacidad son internamientos no voluntarios, aunque las cifras no permiten discriminar entre psiquiátricos o geriátricos. En lo que respecta a la provincia de Pontevedra, además, registra el mayor volumen de visitas (un 74%) de las realizadas por parte del fiscal a centros relacionados con personas con discapacidad, como refiere literalmente la memoria.

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Asimismo, el número dista poco del ejercicio anterior, en el que fueron 6.419 los internamientos no voluntarios. Es decir, familiares o la directiva de los centros de mayores solicitan este informe a los juzgados. “Cualquier persona con discapacidad o mayor con demencia requiere de una autorización judicial para ingresar en una residencia. Normalmente, se comunica luego del ingreso”, explican fuentes consultadas del proceso.

Sobre la cifra que es, de entrada, abultada, una de las explicaciones radica en que cada nuevo ingreso en un centro residencial requiere de dicha orden. “Las medidas de ingreso involuntario –internamientos– recogen dos supuestos muy distintos, por un lado los ingresos psiquiátricos involuntarios, que son la minoría, y los ingresos en centros residenciales, principalmente de personas de edad avanzada. En estos casos, todo ingreso en una residencia de una persona que no está en condiciones de decidir por sí misma (principalmente deterioros cognitivos por edad) requiere de autorización judicial y de un control periódico cada 6 meses”, detallaba el fiscal delegado de Galicia de protección a personas con discapacidad, Santiago Miguel Cruces, a FARO. “Se producen al menos dos resoluciones de control al año, si no se ha fijado un periodo más corto”.

Una nueva normativa que prometía dar un giro de 360º a la situación legal de la discapacidad en Galicia, donde el alcance del envejecimiento poblacional es dramático, no lo ha hecho tanto en este terreno, por falta de herramientas complementarias.

Desde la entrada en vigor de la Ley 8/2021 de 2 de junio a nivel estatal, que prohíbe la incapacitación judicial de las personas con discapacidad intelectual, las privaciones de derechos de quienes eran tuteladas quedan sin efecto. Es decir, desde hace exactamente un año se eliminan tanto las “incapacidades” como la figura de tutor legal. Es más, este cambio legislativo obliga ahora a los jueces a revisar miles de sentencias de incapacitación. De hecho, 1.903 tutelas o guardias de hecho fueron revisadas en un año (2022) en Galicia con esta nueva normativa.

El juez de Familia de en Vigo, Tomás López, explica que esta medida “se sigue aplicando exactamente igual a pesar de la entrada en vigor de la ley, porque si un mayor no se puede gobernar por sí solo, no existe otra herramienta para determinar su internamiento en un geriátrico”. De todos modos, en este epígrafe –sin consentimiento– aclara, la memoria de Fiscalía unifica los que son en contra de su voluntad o sin su voluntad, y los geriátricos, así como los psiquiátricos.

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La catedrática de Derecho civil de la Universidad de Santiago de Compostela que participó en la redacción de la normativa, María Paz García Rubio, explicó que “la nueva normativa en la que prevalecen los gustos, apetencias y decisiones de las personas con discapacidad elimina las tutelas y patrias potestades y establece, como máximo, la figura de la curatela. Muchos de los cuidadores tiene el título de “cuidador de hecho”, figura que no cuenta con respaldo de una sentencia como ocurría antes con los certificados de discapacidad. 

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