Hace años, un equipo del 061 tuvo que utilizar una pata de cabra para forzar la puerta de la vivienda de una mujer de edad avanzada en el centro de A Coruña, que se había roto la cadera al caer y cuyos gritos habían alertado a los vecinos. Acabó ingresada y con los servicios sociales buscando familiares que pudiesen cuidarla tras abandonar el hospital. Cuando esta opción fracasa o cuando los parientes son incapaces de hacerse cargo de un mayor dependiente, la administración puede recurrir al ingreso por vía urgente en una residencia para evitar el desamparo del afectado. Los casos de este tipo en Galicia repuntaron con fuerza el año pasado hasta alcanzar los 970, la cifra récord registrada en la Consellería de Política Social.
Los altos precios de las residencias privadas, la escasa oferta de plazas públicas –Galicia es la comunidad con menor porcentaje de estas con un 41%– y el incremento de mayores en Galicia que viven solos (124.000 en 2020, según el Instituto Galego de Estadística), especialmente en el ámbito urbano, disparan la necesidad de lograr una plaza residencial para ancianos sin recursos afectados por algún grado de dependencia. La vía urgente permite encontrarles una salida en una situación de déficit de recursos públicos. “La normativa en vigor establece tres supuestos por los que se puede considerar una persona en situación de emergencia social y asignarle un plaza en una residencia o del servicio de ayuda en el hogar: estar en desamparo, sufrir malos tratos y presentar riesgo para su integridad física”, explica Ana Rodríguez, secretaria del Colexio de Traballo Social de Galicia.
Es este colectivo profesional el que dictamina qué casos se adaptan a esos requisitos y pueden entrar de forma automática en una residencia. Los expedientes pueden llegarles derivados de los profesionales sanitarios, de familiares o tramitarse en los propios servicios sociales municipales.
Durante el año pasado, Política Social aprobó la atención por esta vía de urgencia de 970 mayores. A 968 se les asignó una plaza en una residencia, de los que 19 presentaban algún tipo de discapacidad. A otros dos se les concedió un servicio de atención diurna. De esa cifra global, 350 casos corresponden a Pontevedra, 370 a A Coruña, 139 a Lugo y 111 a Ourense. En lo que va de año, la cifra alcanza las 635: 209 en Pontevedra, 265 en A Coruña, 75 en Lugo y 86 en Ourense. Desde 2016, los casos totales suman casi 5.000, con aumento de 134 en 2021 respecto a 2020.
Rodríguez explica las causas de estas situaciones de emergencia. “Por un lado, hay mucha gente mayor que vive sola, sobre todo en las ciudades. Por otro, está el precio de las residencias privadas. Ahora mismo las plazas más baratas están en torno a los 2.000 euros al mes y de ahí, para arriba. La mayoría de estas personas dependientes pagan entre 2.300 y 2.500. En Galicia la pensión media es de 700 euros y es imposible, incluso poniendo dinero toda la familia. Si dos hijos de un mayor tienen un salario mínimo de 1000 euros, es imposible que les alcance y estas personas entran en situación de emergencia al no poder sufragar la plaza. Si no pueden pagar la plaza privada, entran por emergencia”, detalla sobre esta situación. Una vez dentro, su plaza es permanente.
“Muchas personas con algún tipo de demencia, por ejemplo, no se dejan atender por sus hijos o se escapan...”
El Código Civil obliga a los parientes cercanos a hacerse cargo de un familiar mayor en este tipo de situaciones, pero la atención a dependientes supera a muchos hogares por falta de medios económicos, materiales e incluso por falta de conocimientos. “Muchas personas con algún tipo de demencia, por ejemplo, no se dejan atender por sus hijos o se escapan...”, explica Rodríguez antes de referirse a la “claudicación familiar”, es decir, el reconocimiento de los parientes de que no pueden hacerse cargo de un dependiente.
Aun así, este no resulta el primer motivo de ingreso residencial por la vía de emergencia. “En primer lugar, suelen ser personas que viven solas y sin familia; en segundo, los casos de claudicación familiar; y en tercero, cuando existe riesgo para la persona, a la que se le olvida apagar el gas o comer. Los casos minoritarios, que son prácticamente anecdóticos en Galicia, son los de malos tratos”, resume esta trabajadora social.
Galicia extenderá en 2023 el control remoto de las constantes vitales a 22 centros
El pasado mes de octubre, A Estrada estrenó la aplicación de las nuevas tecnologías de control biométrico a distancia en el ámbito de las residencias de mayores. El centro público de este ayuntamiento presenta habitaciones con sensores que alertan de posibles caídas, domótica que conecta con las familias, geolocalización y la monitorización a distancia de parámetros vitales como la tensión, el azúcar en sangre o el peso corporal. Este modelo de extenderá el año que viene a 22 complejos, de los que 19 tratan a mayores y tres a personas con discapacidad.
Así consta en el pliego de un contrato por más de 571.000 euros licitado por la Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (Amtega) para ampliar el modelo aplicado en A Estrada, siguiendo las directrices de la Consellería de Política Social.
En la actualidad, enfermeros o auxiliares de enfermería toman una o varias veces al día muestras de los usuarios de los centros para comprobar su estado. “Esta tarea es, por su naturaleza, repetitiva y requiere una dedicación de tiempo importante del personal del centro”, expone el pliego. “La automatización de este proceso generará una descarga de trabajo diario del personal que podrá invertir ese tiempo en otras tareas como cuidados diarios, ejecuciones de escalas de valoración o actividades del plan de atención individual”, añade.
Al menos, se recogerán de forma telemática mediante dispositivos de medida el peso del usuario, la cantidad de glucosa en sangre, la temperatura corporal, su tensión arterial sistólica y diastólica, el tiempo de coagulación sanguínea, sus pulsaciones por minuto y la saturación de oxígeno en sangre.
Se aplicará en las residencias de Vigo I y Vigo II, O Carballiño, A Milagrosa, As Gándaras, Carballo, A Estrada, A Pobra do Caramiñal, Burela, Campolongo, Caranza-Ferrol, Castro Caldelas, Marín, Oleiros, Santiago, Monforte, Nosa Señora dos Miragres, Torrente Ballester y Volta do Castro, así como en centros para personas con discapacidad de Chapela-Redondela, A Coruña y Sarria.
