Ocho de cada diez testamentos vitales inscritos en 2023 incluyen la eutanasia

Hace dos años y medio, a finales de junio de 2021, entraba en vigor en España la Ley Orgánica de regulación de la eutanasia (LORE). En aquel momento, el Gobierno destacaba su carácter “garantista” y que la legalización y regulación de dicho procedimiento daba “respuesta” a una “demanda social”. Precisamente a esa necesidad “latente” social se remitían desde asociaciones como Morrer Dignamente para explicar cómo, tras los primeros 18 meses de vigencia, la cifra de gallegos que recogían esta posibilidad en su testamento vital se duplicó.

Los números parecen seguir avalando la existencia de una bolsa de gallegos que quiere asegurarse de tener esa posibilidad en el futuro. A lo largo del año que acaba de terminar, el grueso de los otorgantes que han dejado en el Rexistro Galego de Instrucións Previas constancia anticipada sobre los cuidados y tratamientos que podrían precisar en el futuro para que esas decisiones sean tenidas en cuenta y respetadas si se encuentran incapacitados para expresarlas solicita acogerse a la LORE si se halla en alguno de los supuestos que contempla.

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En concreto, escogen específicamente esa alternativa casi el 80 por ciento de los nuevos testamentos vitales suscritos el pasado año, según los datos de la Consellería de Sanidade. En números absolutos, eso supone que 1.900 personas marcarían, por ejemplo, la casilla correspondiente a la eutanasia en el modelo de instrucciones previas que tiene colgado el Sergas en su web y cuyo anunciado recoge que el interesado quiere que se le “facilite la prestación de ayuda para morir” si se encuentra “en alguno de los supuestos clínicos previstos en la ley de regulación de la eutanasia (sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en la ley)”.

Desde que entró en vigor la LORE, cada vez son más quienes la solicitan de forma anticipada previendo situaciones médicas que puede depararles el día de mañana. Así, durante el primer año, en 2021, en un solo semestre quedó constancia de esa decisión en uno de cada tres nuevos testamentos vitales inscritos en el registro gallego. En 2022, ya lo indicaban el doble: en dos de cada tres documentos, la mayoría, se adscribían a esa opción llegado el caso. Con los datos de 2023, lo inusual sería lo contrario: solo dos de cada diez ciudadanos no toman en consideración esa posibilidad en su relatorio de cuidados y tratamientos deseados.

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En treinta meses, los gallegos que dejan registro expreso de esa voluntad superan los 3.300 y suponen ya uno de cada cinco de todos los que cuentan con un testamento vital en Galicia. En general, la cifra de quienes se animan a indicar por escrito sus voluntades médicas anticipadas se ha disparado un 31 por ciento en los dos últimos años y un 16 por ciento en el ejercicio que acaba de finalizar. En la actualidad, el registro gallego ya suma un total de 17.217 documentos. En todo caso, las instrucciones previas no son inmutables. Los declarantes pueden introducir modificaciones si cambian de opinión.

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De hecho, algunos incluso nombran un representante, cuya misión, según Sanidade, sería servir de interlocutor con el médico o con el equipo sanitario que presta la asistencia para “procurar el cumplimiento de las instrucciones previas”. Esa figura aparece recogida en dos de cada tres documentos y su presencia ha ido a menos con los años al tiempo que aumenta la edad de los declarantes. En 2023, la media llega ya a los 66 años, y es la más elevada de la serie de la que ofrece datos el Sergas, que se remonta a 2014 cuando era 11 años inferior.

Donación de órganos

A la par que el envejecimiento, lo que ha ido en incremento cada año es el altruismo: si hace justo una década menos del 40 por ciento de quienes inscribían un testamento vital se declaraba favorable a donar sus órganos y tejidos, en la actualidad manifiestan ese gesto seis de cada diez, un 54 por ciento más. En cambio, quienes se animan a donar su cuerpo para la ciencia siguen en mínimos y bajan por segundo año consecutivo del 2 por ciento, tras arrancar la década con un 9%.

La mayor parte de los testamentos vitales se otorgan ya ante funcionario –ocho de cada diez–. Esta posibilidad se instauró en 2015 y ha ido ganando adeptos mientras cae en picado el recurso a testigos. Respecto a la opción de acudir a un notario, también alcanza su mínimo en la serie, con un 15%.

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