Acelerón a la “regularización” de pequeños propietarios para gestionar talas en el monte

Al cierre del año 2019 apenas se habían registrado en Galicia 5.000 instrumentos de gestión del monte, que no es más que una planificación “profesional” de gestión sostenible, con el fin de que sea socialmente beneficiosa, económicamente viable y ambientalmente responsable y de la que la Xunta tiene notificación porque es una obligación informar de las talas de masas forestales. Al año siguiente finalizaba el plazo legal para que los propietarios de montes de menos de 15 hectáreas –se calcula que son unos 700.000 en la comunidad– contasen con algún instrumento de ordenación forestal o de tratamiento silvícola. Esta exigencia es necesaria para realizar talas y vender madera, pero también para recibir subvenciones. El cumplimiento de esta obligación comenzó de forma muy laxa, pero con el tiempo fue cogiendo impulso hasta el punto que en este año, en los diez primeros meses, aumentaron las inscripciones un 30% y ya son 109.200 los pequeños dueños de monte que se han “regularizado”.

En diciembre de 2022 apenas llegaban a los 83.600 propietarios, con 62.200 hectáreas a su cargo. Actualmente la superficie gestionada bajo alguna herramienta autorizada supera las 79.400 hectáreas, lo que significa un incremento del 27,7% en diez meses.

Terratenientes

Las fórmulas para explotar el monte son varias. No hay una única vía. Depende, entre otras consideraciones, de la superficie que se pretenda administrar. Los propietarios de más de 15 hectáreas, entre los que se encuentran las comunidades de montes, tienen que elaborar un plan o un documento de gestión. Se trata de una herramienta más compleja, dado que se trata de una planificación adaptada a las características de cada terreno en la que se define cómo se organizan en un espacio determinado y en el transcurso del tiempo los recursos forestales. Debido a su dificultad de elaboración, el plazo para adaptarse a esta normativa termina en 2028.

Aún así, ya se han apuntado 1.500 promotores que tienen bajo su gestión 453.252 hectáreas de superficie forestal.

Fórmula simple

Pero los titulares de montes de menos de 15 hectáreas se rigen por un procedimiento bastante más simple. Por eso el plazo para que “regularizaran” su actividad acabó en diciembre de 2020. Solo tienen que adherirse a alguno de los modelos silvícolas que tiene la Xunta o firmar un compromiso de buenas prácticas, que es un documento en el que se responsabilizan para realizar los adecuados tratamientos silvícolas, hacer las talas o las podas conforme a unas reglas o respetar una determinada densidad de masa forestal.

Los pequeños propietarios se comprometen poco más que a aplicar unas normas básicas de explotación forestal. Sin embargo, esta adhesión –de la que la Xunta lleva registro– resulta imprescindible para, por ejemplo, tener la opción de recibir subvenciones públicas o realizar cualquier aprovechamiento comercial. Sin este documento, la Lei de Montes prohíbe desde 2020 que puedan vender la madera que talan.

De todas formas, los 109.200 dueños “regularizados” suponen un muy pequeño porcentaje con respecto al total de propietarios que reúnen estas características. Se calcula que son unos 700.000 que tienen a su cargo 1,3 millones de hectáreas, pero a una inmensa mayoría no le interesa explotar comercialmente el monte, tiene sus parcelas abandonadas por completo o, tras heredarlas, ni siquiera saben de su ubicación exacta, a lo que se une un acceso difícil por falta de camino o una maleza descuidada durante años por la falta de actividad.

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