Sanidade prevé derivar al año a clínicas privadas 800 abortos, un tercio de los que practica la pública
Alega “falta de medios humanos y materiales” para realizarlos en el Sergas
Pagará 570 euros por cada interrupción del embarazo
Camas de la habitación de un hospital. / FdV
El Sergas prevé derivar a la sanidad privada la realización de más de 800 abortos al año. Son un tercio de los que se practican en el sistema público tomando como referencia el año 2022. La Consellería de Sanidade justifica que debe recurrir a estas clínicas ante la “imposibilidad” de prestar este servicio en el Sergas por “falta de recursos tanto materiales como humanos suficientes”. Recuerda además que los profesionales de la pública “tienen derecho a ejercer la objeción de conciencia”. La. en el que se contabilizaron un total de 2.975.
Así se recoge en la primera licitación que lanza la Consellería de Sanidade Xunta contrataba de forma directa, según las necesidades, sin mediar concurrencia ni publicidad. La Se hacía, pero mediante “autorizaciones de uso”, una modalidad contractual que se justifica solo para casos “urgentes y excepcionales”. Eso no significa que hasta ahora no se estuviera derivando a pacientes a estas clínicas para la realización de abortos. para adjudicar a centros privados la prestación de interrupciones voluntarias del embarazo.
El Consello de Contas llegó a recriminar a Sanidade el uso “indiscriminado” de estos contratos a dedo, una figura que además no se adecúa a la ley.
Por esta razón, tras el tirón de orejas del órgano consultivo, Sanidade ha decidido ajustarse a la Ley de Contratos y sacar a concurso la prestación del servicio.
Argumenta además el Sergas que las autorizaciones de uso están basadas “en una urgencia vital y excepcional” , pero “el incremento y continuidad” de las interrupciones voluntarias del embarazo, así como “la falta de recursos, tanto materiales como humanos suficientes que le permitan realizar la prestación a todas aquellas mujeres que lo necesiten, hace necesaria la contratación para garantizar la realización en plazo, para que no superen las 14 semanas de gestación”.
Evitar retrasos
La ley obliga al sistema sanitario público a disponer de medios que permitan que las mujeres que así lo demanden puedan abortar dentro de los plazos legales .
El contrato tendrá una vigencia de tres años y la importación prevista para pagar a las clínicas privadas se eleva a 1,3 millones de euros . Podrá, en todo caso, ampliarse por dos años más, en cuyo caso el valor total ascenderá a 2,5 millones.
La licitación se dividirá en dos lotes : uno para el norte de Galicia (área sanitaria de A Coruña y Cee, Ferrol, Santiago y Barbanza y Lugo, Monforte y A Mariña) y otro para la zona sur (Ourense, Verín y O Barco, Vigo y Pontevedra y O Salnés).
La Consellería de Sanidade estima que las interrupciones voluntarias del embarazo que deberán realizar los adjudicatarios del contrato ascenderán a 805 , de los cuales 801 son abortos instrumentales y solo 4 farmacológicos.
Según su previsión, en el área sanitaria de A Coruña se practicarán 343, en Ferrol 126, en Lugo 120, en Santiago 91, en Pontevedra y O Salnés 73, en Ourense 40 y en Vigo, donde el Sergas tiene ya convenio con Povisa, solo 8.
Por cada interrupción voluntaria del embarazo por métodos farmacológicos Sanidade pagará 350 euros, pero si hay intervención quirúrgica entonces ascenderá a 570 euros .
Plazos
Los adjudicatarios del contrato deben comprometerse a citar a la paciente para el aborto en un plazo no superior a dos días desde que lo solicite tras ser derivada por el Sergas. Según recogen los pliegos de contratación, se contemplarán diferentes grados de prioridad, atendiendo la situación clínica de la mujer y se ajustará “al mínimo tiempo posible” la intervención. Sanidade advierte que el plazo no podrá superar los 5 días naturales tras la aceptación por la paciente.
La Xunta introduce además un mayor control sobre la prestación del servicio pues se creará una comisión de seguimiento y evaluará indicadores de calidad para garantizar que las clínicas cumplen con las exigencias del contrato.
Así, esta comisión analizará las reclamaciones de las usuarias, los tiempos de espera, así como las complicaciones tanto durante el procedimiento como después del aborto.
Para acceder a esta adjudicación los centros deberán contar como mínimo con un médico especialista en ginecología y obstetricia, un anestesista, una enfermera o matrona, un técnico en cuidados auxiliares de enfermería, un trabajador social y un psicólogo.
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