La demanda para cubrir bajas en la Xunta crece un 25% en un año

“Una vez que entras, vas ganando puntos y luego ya conseguirás la plaza”. Comentarios como este resultan frecuentes hacia quienes aprueban una oposición para trabajar en la Xunta, pero si no consiguen hacerse con una plaza y quedan a expensas de las llamadas para cubrir bajas de funcionarios o puestos que no logran ser cubiertos. Para lograr esos trabajos temporales como interino, la administración cuenta con un sistema de listas regulado desde 2006. El interés por estas crece ante la avalancha de plazas en una Xunta que debe mitigar su temporalidad y ante las masivas jubilaciones que ya se están produciendo –se prevén 63.400 en todas las administraciones gallegas en diez años– y cuyo ritmo irá aumentando, además de la clásica seguridad que ofrece trabajar para la esfera pública. Este atractivo ha disparado un 25% las peticiones para cubrir sustituciones en la Xunta en poco más de un año.

Para acceder a la administración es necesario aprobar una oposición, condición necesaria, pero no única, pues debe lograrse una nota mejor que la del resto de aspirantes para conseguirla. Pero cuando esto último no se logra, el opositor que ha aprobado puede apuntarse a las listas de contratación de la Xunta, que sirven para llamar a trabajadores para cubrir bajas por enfermedad de funcionarios o puestos que todavía no han sido adjudicados.

El efecto llamada de las oposiciones: 11.000 gallegos más se centran en estudiar

Por ese motivo, la temporalidad en la administración duplica a la registrada en la empresa privada, tras los últimos cambios legales para favorecer los contratos fijos.

A comienzos del verano del año pasado, la administración general de la Xunta –las listas de educación y sanidad funcionan de forma independiente– contaban con 150.000 inscripciones, cifra que no equivale a personas, pues un aspirante puede figurar en varias listas para ser administrativo en las dependencias de San Caetano o en el Consorcio do Benestar, por poner un ejemplo.

En la actualidad, las inscripciones en la administración general, que incluyen personal administrativo, de los centros de bienestar, el servicio de lucha contra los incendios o incluso veterinarios, suma 190.000 fichas, según las últimas estadísticas disponibles de la Consellería de Facenda, de la que depende la Dirección Xeral de Función Pública. “No está incluido el ámbito de centros docentes ni el Sergas (Servizo Galego de Saúde), que gestionan sus propias listas”, insisten desde el departamento de Miguel Corgos.

La inclusión en las listas para nombrar personal funcionario interino o personal laboral, además de haber aprobado un examen, exige plena disponibilidad, es decir, que si la administración llama a un inscrito para un puesto debe aceptarlo, aunque sea en un lugar que no le convenga o por un tiempo escaso. En caso contrario, es penalizado. Antes del COVID, el castigo era de un año de suspensión sin ser llamado, período que se rebajó a la mitad para agilizar las contrataciones en un momento de urgencia y necesidades.

Precisamente el miedo al COVID disparó en 2020 los castigos a interinos por rechazar plazas. Estos tocaron techo con 4.696, cifra que el año pasado cayó a 3.803. Aun así, siguen lejos de los valores de 2017, cuando la Xunta penalizó a 2.811 personas.

El rechazo a cubrir sustituciones por miedo al COVID dispara los castigos a interinos

El colectivo de trabajadores vincula esas penalizaciones a llamadas con escaso tiempo para incorporarse o a ofertas por muy poco tiempo y lejos de la vivienda habitual, que generan más problemas que soluciones a quienes desean ocupar un puesto en la administración,

Facenda justifica este sistema de contratación para poder lidiar con las contingencias diarias. “Las listas de trabajo temporal requieren la disponibilidad para trabajar de quien se inscribe en ellas. Los contratos se ofrecen con la secuencia azarosa con la que se producen las necesidades del servicio y precisamente para asegurar la correcta cobertura es por lo que suele preverse un mecanismo común en todas las administraciones que penaliza aquellos supuestos en los que las personas inscritas y en situación de disponibilidad rechazan las ofertas de empleo. De no existir mecanismos de este tipo, la continuidad del servicio podría quedar comprometida por la previsible demora en la cobertura de vacantes”, alega.

Los inscritos en las listas de contratación pueden pedir la suspensión de las llamadas por no estar disponibles y volver a ellas más tarde sin perder su puesto en ella, que se fija por méritos (nota de examen y experiencia).

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