El primer intento de la Xunta de contratar la construcción del centro integral de salud Olimpia Valencia de Vigo fracasó en marzo. El concurso para la adjudicación de esa obra no logró interesar a ninguna empresa en un contexto de incertidumbre que, desde entonces, ha ganado en incertezas. La inflación se incrementa por encima del 10% cada mes y las empresas arrastran el encarecimiento de los materiales desde el año pasado, motivo por el que la Xunta ha decidido revisar al alza sus nuevas licitaciones para adaptarlas al nuevo contexto económico. Esa práctica ya la ha aplicado a 17 obras este año, pasando de 13,2 millones de euros a 16,6 (casi 2,4 más, que supone un 17,8%). Antes, tuvo que volver a licitar las del centro de salud de Vigo, cuyo presupuesto aumentó un 16% hasta los 14,8 millones (2 millones más) para adaptarse a los nuevos precios y costes del mercado. Con esa decisión, logró que las ofertas presentadas alcanzasen las ocho. En total, inyectó 4,4 millones más a los presupuestos iniciales de 18 proyectos.
La subida incontrolada de la inflación, que en julio se situó en el 11,8% en una cifra inédita desde 1984, ya generó en el primer trimestre del año las primeras peticiones a la administración autonómica de renegociaciones de contratos de obra pública, todas previas al inicio de la guerra en Ucrania, que ha desatado una tormenta económica y disparado el coste de la energía.
El principal departamento inversor de la Xunta, la Axencia Galega de Infraestruturas (AGI), ha tomado medidas para combatir esta situación, que ha generado que a sus dependencias llegasen este año 23 solicitudes de revisión de contratos de obra ya adjudicados. “Se están evaluando para determinar si cumplen con las condiciones que estableció el Estado para que las obras sean revisables”, apuntan desde la Consellería de Infraestruturas, de la que depende el citado organismo.
Con materiales imprescindibles para la construcción batiendo récords a comienzos de año –el aluminio alcanzó los 3.841 dólares la tonelada–, las empresas adjudicatarias se toparon con materias primas más caras que cuando vencieron en los concursos para realizar obra pública, circunstancia que se sumó al encarecimiento del combustible. Antes de esa situación, la Xunta lanzó un salvavidas a las empresas en vigor desde el 1 de enero que permitía renegociar al alza el precio de una adjudicación si los costes aumentaban el 20% y las pérdidas superaban el 6%. “Se estimó que se podría garantizar la viabilidad de cerca de 170 obras en ejecución, con más de 130 empresas diferentes implicadas y más de 5.300 puestos de trabajo asociados”, destaca el departamento dirigido por Ethel Vázquez.
Poco después, fue el Gobierno central el que aplicó una medida similar que se solapaba con la autonómica, aunque cubriendo sobrecostes a partir del 5% y con una máximo de revisión del 20%, si bien establecía diversas condiciones.
En estos momentos, las peticiones de revisión en la agencia encargada de la mayor parte de la obra pública de la Xunta suman 23 expedientes, aunque todavía no han sido aprobadas sus actualizaciones. De momento, no existen renuncias a contratos.
Para evitar esos problemas, la Xunta está revisando al alza la cifra de los contratos ya aprobados antes de su licitación “para actualizarlos a los precios del mercado”. “Se han hecho para ello 17 resoluciones de actualizaciones de precios de proyectos ya aprobados”, reconoce Infraestruturas, si bien matiza que se está produciendo “cierta estabilización en los precios”. “Los nuevos contratos que se van cerrando ya vienen con esos precios de mercado”, añade este departamento del Ejecutivo.
De hecho, los precios de aluminio, cobre, acero, estaño o combustible han bajado desde comienzos de año, lo que la industria gallega vincula a un ajuste previo a una recesión, como adelantó FARO. “Los precios de las materias primas llevan semanas aflojando, pero es que estábamos en un nivel insostenible. No es un abaratamiento casual, creemos que la economía va a caer. Esta burbuja no podía durar mucho”, apunta el responsable de un área de producción del sector de la automoción a este diario hace tres semanas.
Estas revisiones se mantendrán mientras dure esta escalada inflacionista, si bien la Xunta destaca que de momento no ha registrado ninguna renuncia a una obra en la sede de la Axencia Galega de Infraestruturas, a pesar de problemas puntuales. “Hubo momentos complicados por las tensiones de la crisis de materiales en actuaciones como la reforma interior de la estación de autobuses de Pontevedra o el CIS de Lalín, que afectaron en su momento a la ejecución, pero que fueron resueltas”, indica este departamento.
Centro de salud de Vigo
De los 60 contratos licitados por la AGI desde noviembre, solo quedó desierto el del centro de salud Olimpia Valencia de Vigo. “Lo que se ha detectado, por norma general, es que la concurrencia de empresas a los concursos se ha reducido, al igual que se han reducido las bajas en las ofertas presentadas por los contratistas, lo que indica que las empresas seleccionan mejor los proyectos a los que concurren”, apunta Infraestruturas, departamento que mayor volumen de inversión gestiona en la Xunta, si bien también se detectaron peticiones de empresas para renegociar contratos en Política Social –la construcción del centro para personas con discapacidad de Ourense– y en un suministrador de gasóleo de la Consellería de Educación.
