La revisión de precios en los contratos de obra pública es historia desde hace años. Antes de 2015, tanto la administración como las constructoras adjudicatarias podían reclamar un ajuste sobre las cantidades pactadas para un proyecto; si había un desplome en los precios de las materias primas, o al revés, el contrato podía modificarse al alza o a la baja. Entonces se aprobó, por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, la llamada ley de desindexación. Al margen de la literatura, y por recomendación de Bruselas, el IPC dejaba de servir para actualizar los precios de nada. El objetivo, a priori, era frenar la inflación. Esta práctica –la de no admitir modificaciones en el valor de los contratos– se institucionalizó dos años después, con la Ley de Contratos del Sector Público. “En reglas generales, para acatar cualquier cambio, tienen que haber transcurrido más de dos años desde el inicio de las obras, y haberse ejecutado el 20%”, explica el gerente de la Asociación de Constructores de Pontevedra (ACP), Javier Carballeda.
Insuficiente, habida cuenta del desorbitado incremento de precios en aceros, hormigón, aluminio o plásticos. El sector de la construcción, como avanzó FARO el pasado septiembre, reclamó el Ejecutivo la aprobación de un Real Decreto que permita ajustar el valor de las adjudicaciones, como han hecho otros países europeos. Y el Gobierno no solo ha accedido a negociar, sino que el acuerdo está próximo. Solo en Galicia, y solo desde enero, se han licitado contratos por más de 1.450 millones de euros.
“Muchas empresas están renunciando a contratos; también hay falta de suministros y personal”
Son los ministerios de Hacienda y Transportes los que están manteniendo los contactos con la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), como constatan fuentes conocedoras del proceso. “Ahora mismo la normativa no permite reflejar la realidad del mercado”. Como abunda Carballeda, “muchas empresas están renunciando a contratos o los están ralentizando, porque al aumento desmesurado del coste de los materiales se suma la falta de suministros y de mano de obra. La ley de desindexación ya fijó las bases para no abusar del modificado, pero ahora concurren causas imprevisibles, hay circunstancias que exceden lo racional”. La norma de 2017 lo marcó de la siguiente manera. “Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares solo podrán realizarse –por ejemplo– a causa de que [...] la necesidad se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever”. Y la escala inflacionaria actual, sobrevenida tras la pandemia del COVID, era imprevisible.
El objetivo de estas negociaciones es que se articule un Real Decreto que dé amparo legal a estos cambios, y que la administración general del Estado “tome la iniciativa para que la sigan las demás”. De hecho, la ley de contratos ya daría cobertura legal a ese RD. “Si la concurrencia de fuerza mayor implicase mayores costes para el concesionario –dice textualmente el artículo 254 de la norma 9/2017– se procederá a ajustar el plan económico-financiero”. Adif, por ejemplo, ya recogió en uno de sus pliegos, emitido hace unas semanas, la posibilidad de efectuar una revisión de precios por el actual escenario de subida de costes, y la Dirección General de Carreteras ha hecho lo propio.
La Xunta
La administración gallega será una de las que va a amoldar su contratación pública a las actuales circunstancias. El grupo popular del Parlamento autonómico, con mayoría absoluta, ha presentado una enmienda a los presupuestos en este sentido. Y con un doble resorte: primero, con una “compensación al contratista” cuando la variación del precio de los materiales supere el 20%, y que esto le suponga unas pérdidas superiores al 6%; en segunda instancia, la empresa adjudicataria de la obra podrá modificar el tipo de materiales a utilizar, y cambiarlos por otros más baratos, sin que esto altere la funcionalidad del proyecto. Estas medidas serán de aplicación únicamente para los trabajos iniciados a partir del 1 de enero de 2021, sin que afecte tampoco a los contratos menores de obra.
