En plena escalada de los precios de las materias primas y los suministros de construcción, la Xunta promovió el pasado año un cambio legal para permitir la revisión de los contratos de obra pública afectadas por el encarecimiento de los costes y en riesgo de paralización, de forma que se podría compensar a las empresas o modificar los materiales previstos en el proyecto por otros más baratos. La medida se introdujo mediante una enmienda a la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Xunta para 2022. Pero apenas ha tenido recorrido porque el Gobierno central intenta frenar su aplicación argumentando que las competencias sobre contratación pública son del Estado. De momento, Moncloa ha abierto un conflicto institucional y forzado una negociación bilateral con la Xunta para reformular su propuesta bajo advertencia de que si no lo hace, entonces el Gobierno central acudirá al Tribunal Constitucional para impugnar la medida.
Con el objeto de garantizar la viabilidad económica de los contratos de obra pública autonómica, la reforma legal de la Xunta le permitía actuar cuando se produjera “una alteración extraordinaria e imprevisible de los precios de los materiales tenidos en cuenta en la formalización del contrato” desde el 1 de enero de 2021. Se considera una alteración extraordinaria de precios cuando la variación en los costes de los materiales sea superior a un 20% con respecto a los precios recogidos en el contrato, siempre y cuando suponga una pérdida económica para el contratista superior al 6% del importe de adjudicación.
En estos casos se podría compensar al adjudicatario por el alza de los precios o modificar los materiales previstos en el proyecto, con el objeto de abaratar el gasto sin afectar a la calidad de la obra, y siempre dentro de los límites de anualidades que marcan los presupuestos.
Normas que colisionan
Sin embargo, el Gobierno central aprobó en marzo un real decreto para abordar el mismo problema, pero más restrictivo que el modelo gallego. De ahí que abriera el conflicto institucional con la Xunta al objeto de impugnar sus medidas por entender que la Administración autonómica se había excedido en sus competencias.
Al conocer la reacción de Moncloa, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, remitió –el pasado lunes– una carta de disconformidad a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, expresando su “sorpresa desagradable” por el emplazamiento a un “procedimiento de discrepancia” y solicitando que se dé “libertad” a las comunidades autónomas para revisar sus contratos. Le recuerda la conselleira que Galicia se anticipó en la toma de decisiones para evitar el frenazo en las obras de carreteras, hidráulicas o sanitarias tras reclamar, sin éxito, al Gobierno central que adoptara medidas para hacer frente a la crisis de precios de las materias primas y los materiales de construcción.
“Ante la falta de respuesta por parte del ministerio y con el objeto de evitar que la obra pública se detuviese y se produjese el despido de trabajadores, en Galicia nos vimos obligados a adoptar decisiones, siendo los primeros en legislar”, indica Ethel Vázquez.
Condiciones restrictivas
La conselleira reprocha que la medida de la Xunta es más ambiciosa que la del Estado, pues mientras que la norma gallega tiene en cuenta 40 materiales a la hora de calcular la subida de los precios, la normativa de Moncloa solo identifica cuatro (aluminio, bituminosos, siderúrgicos y cobre) para calcular la variación costes.
Para la Xunta, el planteamiento del Estado no servirá para resolver los problemas, dado que no se consideran, para evaluar el sobrecoste, materiales como los plásticos, la madera, el vidrio, los productos cerámicos o químicos o la energía.
La consecuencia de esta exclusión es que, por ejemplo, las actuaciones hidráulicas quedarán casi en su totalidad fuera de este marco de revisión de contratos, lo mismo que las obras vinculadas al mantenimiento de infraestructuras o de conservación ordinaria y viabilidad invernal de carreteras.
La conselleira se queja de la falta interlocución del Gobierno para negociar con las comunidades autónomas y le pide que se amplíe la relación de materiales a tener en cuenta a la hora de calcular los precios y también a los contratos de servicios, al menos a los vinculados a la conservación de infraestructuras.
Libertad para revisar
“Nuestro objetivo es que no se paralicen las obras y no se despidan trabajadores de la construcción, se asegure la viabilidad en las carreteras y se ejecuten los fondos europeos y los de construcción. En consecuencia, demandamos también al ministerio que se nos otorgue la posibilidad y la libertad a las comunidades autónomas para revisar, siempre dentro de la legalidad y con el máximo respeto al reparto competencial, los contratos para hacer viables nuestras obras públicas y dar certezas al sector y a los trabajadores”, expone la conselleira en su carta a la ministra.
Aunque está en desacuerdo con los términos del real decreto por su carácter restrictivo, la Xunta se adherirá a la propuesta del Gobierno porque así es la única forma de que los concellos también puedan asumir la revisión de sus contratos, dado que la norma del Ejecutivo gallego solo tiene efectos sobre las obras autonómicas.
