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La piqueta de la APLU intensificó su actividad del pasado año tras el parón por la pandemia

Solo en la comarca de Pontevedra, la agencia derribó al menos 16 construcciones de todo tipo, desde viviendas a muros y cierres ilegales o una nave industrial en Caldas

La piqueta de la APLU intensificó su actividad del pasado año tras el parón por la pandemia

La Agencia de Protección da Legalidade Urbanística de Galicia (APLU) recuperó la actividad casi a niveles prepandemia después de un cierto descenso en su actividad en 2020 motivado por el confinamiento y la pandemia. La provincia de Pontevedra sigue siendo la que acumula un mayor número de expedientes resueltos (207 de 341 en toda Galicia, un 60%) y también ejecuciones de derribos (un 42% de toda la comunidad autónoma). Es decir, de las cuatro provincias gallegas, casi la mitad de los derribos se concentran en Pontevedra.

Vivienda demolida en Poio el pasado año

Tan solo en la comarca Pontevedresa la APLU ejecutó al menos, durante 2021, un total de 16 derribos tal y como se puede constatar en su página web. El listado incluye instalaciones de todo tipo, desde casetas, a viviendas, inmuebles inacabados, muros de contención, cierres, pistas de acceso a fincas e incluso otros elementos móviles como caravanas.

Vivienda derribada tras ser edificada en suelo rústico en O Vilar, Pontesampaio

Después de unos años en el que Sanxenxo era uno de los ayuntamientos con más actuaciones por parte de la agencia, el pasado año el municipio en el que más derribos se ejecutaron en la comarca fue el de Pontevedra. Sumó un total de cuatro de los 16 que se contabilizan hasta el momento en la web de este organismo público.

Caravana que la APLU obligó a retirar de una finca afectada por Costas en Mogor. Carlos garcía

Uno de ellos fue el derribo de una edificación a medio hacer en el lugar de Mato Redondo, que se había levantado en suelo rústico de protección ordinaria y que se demolió en diciembre de 2021.

Nave demolida en Caldas de Reis

Los expedientes de la APLU incluyen también elementos como caravanas. Así, otra de las intervenciones de la agencia obligó al dueño de una finca de Lusquiños, en Tomeza, a retirar una caravana y adecentar todo el espacio de este terreno de suelo rústico. Ocurrió en abril del pasado año.

Casa demolida por orden de la APLU en Carballedo, Cerdedo-Cotobade. Carlos garcía

La actuación de la APLU en la Boa Vila incluye también el derribo de dos viviendas. Una de ellas fue en el lugar de O Vilar, en Pontesampaio. Se levantaba en un terreno de suelo rústico y la piqueta la redujo a la nada en septiembre de 2021. La segunda demolición tuvo como objetivo una vivienda y dos construcciones auxiliares levantadas también en suelo rústico en esta misma parroquia de Pontesampaio, aunque en el lugar de Acevedo. Se tiraron en agosto pasado.

Construcción que fue retirada en Portas, Lantaño.

Los otros tres concellos que suman más demoliciones son Vilaboa, Barro y Marín, con dos cada uno. En el primero de ellos se procedió al derribo de una edificación de una planta en suelo rústico en Pedravedra. También se demolió una edificación inacabada de “tipoloría residencial” en Nores hace ahora un año.

En Barro las “víctimas” de la piqueta fueron una construcción auxiliar en Valbón, Agudelo; y la retirada de un doble cierre de alambrada ilegal en suelo de núcleo rural.

Por último, en Marín encontramos la retirada de una caravana instalada en la playa de Mogor en abril de 2021 y que ocupaba una finca de protección del dominio público marítimo-terrestre. El otro derribo en esta localidad tuvo que ver con la reposición a su estado original de un terreno en el que se construcción una rampa de acceso al interior a una parcela de suelo rústico en A Pastoriza, Piñeiro.

Edificación desaparecida ya con edificios auxiliares en San Mamede, Cuntis.

Nave industrial en Caldas

Luego hay otros seis concellos con un derribo cada uno. Llama la atención la demolición de una nave industrial en el lugar de Os Castaños, en la parroquia de Santa María, en Caldas de Reis. Fue construida en suelo rústico de protección forestal y desapareció dejando tan solo como vestigio de su existencia un destierre en febrero de 2021.

En Cuntis, en el lugar de A Toxeira (San Mamede de Piñeiro), se tiró abajo una edificación residencial y otras dos auxiliares en suelo rústico de protección agropecuaria.

En Cerdedo-Cotobade fue necesario eliminar una casa de dos pisos en el lugar de Paraños, en Carballedo en suelo rústico y en O Rial, en Lantaño (Portas) se derribó una edificación “de tipo residencial” aunque más bien parecido a una caseta. La única demolición en Sanxenxo el pasado año correspondió a tres construcciones de planta baja en suelo rústico, una caseta, una caravana y una pérgola en Dorrón.

Por último, en Poio la agencia ejecutó el derribo de una vivienda en terrenos de suelo rústico en el lugar de la Rúa Faveira, el pasadomes de junio de 2021.

Dos de cada diez investigaciones que inicia la agencia acaban con la instrucción de un expediente sancionador

El parón provocado por la pandemia tiene también su reflejo en las estadísticas publicadas por la APLU referentes al pasado ejercicio. En ellas se denota cierto descenso de la actividad en 2020 que se fue reactivando en 2021. Por ejemplo, en lo que respecta a las reposiciones de las irregularidades detectadas (es decir, los derribos, en su mayor parte), estos se incrementaron en 2021 en un 57% respecto a 2020, con un total de 110 frente en toda Galicia frente a las 70 del anterior ejercicio.

En este aspecto, está lejos de las cifras de 2019 cuando el total de reposiciones fue de 137. Sí que se detecta un aumento y la recuperación de la actividad de niveles prepandemia en la actuación inspectora o de recepción e investigación de denuncias dado que el número de expedientes iniciados durante el pasado ejercicio fue de 344, muchos más que los 215 de2020 pero también por encima de los 326 de 2014. También los expedientes resueltos fueron más que en 2019, 341 frente a 335 de ese año. De todos ellos, un total de 71, es decir, casi un 21% terminaron con la tramitación de un expediente sancionador tanto en materia de urbanismo como en la legislación de Costas. El año pasado también trasladaron un total de 81 casos a la Fiscalía ante la posible comisión de los correspondientes delitos contra la ordenación del territorio.

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