Los concellos tienen tres años para adaptar su tasa de basura al “coste real” del servicio

El impacto que tendrá esta nueva tasa dependerá de cada ayuntamiento. “El cambio será mayor cuanto más desfasada esté la tasa actual”, explican desde la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Existe mucha heterogeneidad en el recibo de la basura. Solo en las ciudades, por ejemplo, según un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), la tasa anual que se paga varía entre los 62,40 euros de A Coruña a los 131,58 de Pontevedra. Pero entre los ayuntamientos más pequeños, hay consistorios que cobran una cantidad simbólica o muy por debajo del coste real del servicio. Prefieren asumir el servicio con cargo a las arcas públicas y no repercutirlo a los ciudadanos, puesto que subir tributos acostumbra a ser una medida impopular entre los vecinos.

Sin embargo, ahora estarán obligados por ley a trasladar el coste real del servicio a los ciudadanos. “Cada ayuntamiento tiene ahora que calcular y establecer su tasa de recogida”, explican desde la Fegamp que precisamente abordó este nuevo tributo en el Foro Galego Local para a Economía Circular que celebraron el pasado lunes.

Disponen de tres años desde la entrada en vigor de la ley que se publicó en el BOE el pasado 9 de abril. Esta norma deja claro que la nueva tasa debe ser “diferenciada” y “no deficitaria”. Se deben repercutir todos los costes de recogida, transporte y tratamiento de residuos, así como la vigilancia y el mantenimiento del servicio, la supervisión de los vertederos, las campañas de concienciación y comunicación, así como los ingresos derivados de la aplicación de la responsabilidad ampliada del productor de la venta de materiales y energía.

Pero además el texto contempla que el recibo debe “permitir implantar sistemas de pago por generación”, es decir, que se cobre a los ciudadanos en función de la basura que generen.

“El pago por generación necesita establecer sistemas de control de la basura que se deposita en cada domicilio”, aclaran desde la Fegamp. Existen, de hecho, mecanismos para controlar cuantos residuos genera cada hogar como bolsas con identificación o contenedores con lectores de códigos de barras.

La nueva tasa podrá además incluir particularidades como rebajas en los supuestos de prácticas de compostaje doméstico o comunitario. También se incentivará la separación y recogida separada de materia orgánica compostable y el recibo podrá incluir descuentos para personas en riesgo de exclusión social.

Las entidades locales deberán comunicar estas tasas, así como los cálculos utilizados para su confección a la Xunta.

No es la única novedad tributaria. La nueva Ley de Residuos creó también un nuevo impuesto autonómico que grava el vertido y la incineración que realiza Sogama. Según los presupuestos de la Xunta para este año, este tributo aportará 8,6 millones a las arcas autonómicas. Se prevé que entre en vigor el 1 de abril por lo que los ingresos esperados se corresponden únicamente con seis meses.

Hay, sin embargo, otro punto más polémico en la ley. Las entidades locales de más de 5.000 habitantes deberán implantar el quinto contenedor marrón para los biorresiduos de origen doméstico antes del 30 de junio de este mes. Los concellos de menos de 5.000 habitantes tienen de plazo hasta el 31 de diciembre de 2023.

Los ayuntamientos, a través de la Fegamp, ya han advertido que no les dará tiempo a instalar el quinto contenedor antes de que acabe el mes y la propia Consellería de Medio Ambiente ha reclamado al Gobierno que amplíe el plazo para dar más margen a los concellos.