La normativa europea fija el 31 de diciembre de 2023 como fecha tope para que los ayuntamientos hayan implantado el quinto contenedor de basura para proceder a la recogida separada de los residuos orgánicos domésticos, pero el Gobierno central ha adelantado al 30 de junio de este año su puesta en marcha para los municipios con más de 5.000 habitantes. No obstante, el objetivo se presenta muy complicado de cumplir. En Galicia se llegará al plazo fijado sin que este nuevo servicio esté implantado en su totalidad y sin que funcione de la manera adecuada, según reconoce la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp). Esta exigencia afecta a 112 municipios, que son los que cuentan con más de 5.000 vecinos.
Inicialmente el Gobierno tenía pensado anticipar la entrada en vigor de esta obligación al 31 de diciembre del pasado año, pero ante la imposibilidad de que se llegara a la fecha con los deberes cumplidos, amplió el plazo hasta el próximo 30 de junio. De hecho, en junio del pasado año la Xunta ya había advertido que la exigencia del quinto contenedor iba a resultar “totalmente imposible de cumplir”, al menos para los municipios más pequeños, dado que las ciudades cuentan con más recursos para adecuarse a la normativa.
Medida compleja
“La gestión de este tipo de residuos es bastante más compleja que poner un quinto contenedor”, advierte la Fegamp. Porque no solo se trata de colocar en las calles un nuevo recipiente –de color marrón– para recoger la basura orgánica, sino que requiere modificar los contratos existentes con las concesionarias que prestan el servicio y desarrollar una “importante labor de concienciación” de la población para que separen correctamente ya en sus domicilios los biorresiduos. Para ayudar a los concellos en esta tarea, la Xunta abrió una línea de subvenciones con casi 20 millones de euros destinados a los municipios.
“El apoyo a la adquisición de equipamiento es fundamental, pero por todo lo anterior [modificar los contratos de las concesiones y concienciar a la población], la fecha del 30 de junio es demasiado ambiciosa tanto para tener todo el territorio cubierto como para que todo el proceso funcione en condiciones óptimas”, sostiene la Fegamp.
La provincia de A Coruña es la más afectada por la implantación de esta medida, ya que cuenta con 51 concellos que superan los 5.000 habitantes. En la de Pontevedra son 38 los que se encuentran en esta misma situación, mientras que en Lugo son doce y en Ourense, solo once.
Infraestructuras pendientes
Sin embargo, por mucho que se apure la recogida separada en origen de los biorresiduos –restos orgánicos biodegradables de origen vegetal y/o animal, susceptibles de degradarse biológicamente generados en el ámbito domiciliario y comercial–, el tratamiento final todavía no está garantizado porque Galicia aún no dispone de las infraestructuras en funcionamiento.
Sogama y la Consellería de Medio Ambiente están apurando los trámites y las obras para que las 16 plantas necesarias –además de la central en Cerceda– para que todo el sistema funcione y estén terminadas y se puedan ir activando este año. Por delante quedan por hacer las tres nuevas instalaciones de tratamiento (en Vilanova, Verín y Cervo) y otras seis de transferencia y adecuar otras siete ya existentes para que puedan asumir los biorresiduos, por lo que tampoco estarán, en todo caso operativas para cuando expire el plazo dado por el Gobierno central, si es que no vuelve a autorizar otra ampliación.
Compostaje doméstico
Mientras tanto, la Xunta también apuesta por el compostaje como alternativa para la basura orgánica, tanto en el ámbito doméstico como en el comunitario.
Para regular este último, que es el que se hará en una instalación común creada al efecto para tratar los biorresiduos producidos en los hogares y en los servicios y establecimientos de restauración, la Consellería de Medio Ambiente ha sometido a consulta pública previa el futuro decreto que determinará las condiciones técnicas de las instalaciones y actividades de compostaje para, al mismo tiempo que reforzar la confianza y la seguridad jurídica, promover su implantación y práctica. El producto resultante se destinará fertilizante o como sustrato de cultivo.
