Más poder para los estudiantes y menos (en tiempo) para el rector. Así podría resumirse el nuevo anteproyecto de la Ley orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que el ministro Joan Subirats presentó ayer a los medios tras una gira para escuchar a representantes de toda la comunidad educativa. El resultado es una propuesta donde se produce un “despliegue significativo” de derechos para los alumnos, tal y como señaló el titular de Universidades, al incorporar la garantía de que sean “relevantes” a la hora de “seguir” la calidad de la docencia y “exigirla” mediante la evacuación del profesorado”, o el control de las guías docentes, donde se explicita, por ejemplo, cómo se evalúa. “Los estudiantes no decidirán qué examen va a ponerse”, avisó, pero ese aspecto va a ser “negociado y discutido” con ellos. El texto legaliza asimismo su derecho al paro y fija un mínimo de presencia en el claustro (25 por ciento), al tiempo que, por otro lado, limita los mandatos unipersonales –el de rector, entre ellos– a seis años “improrrogables y no renovables”.
Asimismo, la normativa incorporará los cursos de corta duración para aspirar a hacerse con el rol de formación continua, también para adultos, y persigue además acabar con la temporalidad de los docentes, fomentar la igualdad y luchar contra el acoso. La previsión es que el anteproyecto sea incluido en breve en la agenda del Consejo de Ministros. Luego pasará al Congreso y el Senado para su aprobación definitiva tras el debate con el resto de fuerzas políticas. Una vez en vigor, la previsión es el primer semestre de 2023, se dará un plazo de tiempo a las facultades para que lo adopten y adapten a sus estatutos.
Estas son las líneas generales del anteproyecto, presentado ayer por el ministro de Universidades, Joan Subirats, que incluye también la obligatoriedad de que las facultades tengan planes y unidades de igualdad, protocolos contra el acoso y enfoque de género.
Microformaciones
La LOSU incorporará una nueva figura con la que experimentan en las principales facultades europeas: la microformación. Se trata de cursos de corta duración (de 4 a 30 créditos) a los que podrán acceder alumnos que sean poseedores de un título previo o quienes tengan experiencia profesional acreditada. Dependerá del tipo de materias que se impartan y de las reglas que pongan las universidades desde su autonomía.
Subirats indicó que las microformaciones están ligada con la filosofía de la formación a lo largo de la vida, continua. “El título del grado no puede ser el fin de la vida universitaria”, indicó el ministro, quien enfatizó la pertinencia de que se oferten cursos “más relacionados con la necesidad de actualización profesional”, además de responder al reto del “claro desajuste entre las necesidades formativas y de actualización” de la sociedad y “cierta estructura rígida de las titulaciones”.
Acabar con la temporalidad
La ley, que incorpora la figura del profesor sustituto, intentará acabar con la temporalidad del profesorado dado que solo habrá un 20% como máximo de contratos temporales frente al actual 40%. La carrera docente tendrá varios pasos. El primero, una vez realizada la tesis, será la incorporación, que conllevará un contrato predoctoral de cuatro años. En los seis siguientes se podrá acceder a la figura de ayudante doctor mediante un contrato posdoctoral. Es decir, la estabilización llegará tras un periodo de diez años. En el caso de los ayudantes doctores, en el primer año de contrato deberán asistir a un curso de pedagogía, que las universidades gallegas veían bien cuando se planteó. El contenido y duración del nuevo curso está por determinar aunque se realizará en equilibro con las tres autoridades competentes en los campus: ministerio, comunidades y universidades.
El objetivo de atajar la temporalidad de los docentes es reducir la edad media de los profesores permanentes dado que el envejecimiento de las plantillas es un serio problema en las aulas. De hecho, más de la mitad (52%) se jubilarán en los próximos ocho años. En Galicia, serán 1.500 los retiros que afrontarán en esta década.
La norma especifica también la figura del profesor distinguido, que podrá trabajar en la facultad sin acreditación y con la duración contractual que decrete la universidad, frente a los docentes visitantes, cuyos contratos tendrán de tope de dos años. Todas las plazas (menos las de docente asociado, distinguido y visitante) se realizarán tras un concurso público. Los profesores asociados (los que ejercen 120 horas al año como máximo) que haga más horas de las estipuladas podrán tener un contrato de tres años por esas mismas horas.
Rectores y rectoras
La LOSU permitirá las pasarelas entre los profesores permanentes y los funcionarios. Habrá que ser funcionario para aspirar al cargo de rector o rectora. Durará seis años (ni uno más) y no será renovable. Al contrario de lo que se especificaba en el borrador elaborado por el departamento del exministro Manuel Castells, el actual texto no incorpora todos los requisitos de docencia e investigación que un profesor debe tener para acceder al cargo de rector. Según el nuevo redactado, serán las facultades las que lo delimiten. La futura ley quiere luchar también contra la endogamia de la universidad, de modo que todos los concursos de plazas se publicarán antes en un registro y las comisiones tendrán mayoría de miembros externos. En Galicia, el nuevo plan de financiación penaliza ya esa endogamia: los campus reciben más fondos a menor profesorado que leyese la tesis en el Sistema Universitario Galego.
Derecho a la huelga
Se establecerá por ley el derecho al paro académico de los estudiantes, una práctica normalizada en la vida universitaria, pero que algunas facultades no recogían expresamente. “Es un derecho y un arma de los estudiantes”, dijo Subirats. En todo caso, si los paros coinciden con exámenes, los que quieran continuar con su actividad lectiva lo podrán hacer y los que acudan a la huelga “asumirán las consecuencias”. Otro derecho de los universitarios será la evaluación de la calidad de la docencia, una práctica que se suele realizar, pero que queda un simple papel mojado. El objetivo es que la opinión de los estudiantes tenga más fuerza, tanta como para ser tenida en cuenta a la hora de conceder incentivos económicos a los profesores por su excelencia. Otro de los derechos de los estudiantes, será su participación vinculante en los planes de estudio y guías docentes, algo que ya se hace pero que se refuerza en la nueva norma.
