“¿A qué puede llamarse universidad?” En la actualidad, las tres gallegas, Vigo, Santiago y A Coruña, pueden presumir de ser, cada una de ellas, una respuesta a esa pregunta, conforme a los requisitos exigidos por la normativa vigente para considerarse como tales. Porque un informe del Observatorio del Sistema Universitario titulado con esa cuestión revela que la inmensa mayoría de los campus del país no satisface todas las condiciones que en teoría debería. De hecho, además de las tres gallegas, solo otras quince instituciones académicas en España, casi todas públicas, se ganarían según el trabajo presentado ayer la denominación de universidad por aspectos como la oferta docente mínima en las distintas titulaciones o ratios de plantilla docente por alumno o con titulación de doctor. Solo 18 de un total de las 81 analizadas en un estudio que deja siete fuera por falta de datos. Ninguna de las elegidas se sitúa en Cataluña y en Madrid únicamente cumpliría una.
Pero, además, la Universidade de Vigo y la de Santiago pueden también felicitarse de pasar el filtro de la futura normativa del Ministerio de universidades. El nuevo decreto, que incrementa los requisitos de calidad exigidos a estos centros y que ya ha finalizado su trámite de audiencia pública, da cinco años a las instituciones que no cumplan las nuevas exigencias para adaptarse. La de A Coruña tendría que hacer los deberes en uno de los parámetros analizados: la cifra de publicaciones de su profesorado. Ahora, con un 5,1, no llegaría a las 6 que se pedirían en tres años.
Proyectos de investigación
Otras condiciones que pone sobre la mesa la normativa que vendrá, tal y como está redactada ahora, son que el estudiante de grado suponga al menos la mitad del total, obtener al menos 5 proyectos de investigación en un lustro o sexenios en el 60% del personal docente investigador. Todos estos indicadores, excepto el de publicaciones para A Coruña, están marcados en verde para Galicia en el informe del Observatorio del Sistema Universitario, lo que indica su cumplimiento. También los relativos al número de grados, másteres y doctorados que al menos hay que impartir, las ramas que hay que cubrir, la ratio de profesorado o el personal que es doctor o con contrato temporal.
Los centros adscritos, "en entredicho"
Con todo, incluso algunas universidades cumplidoras pierden este estatus cuando se incluyen en la valoración los datos de los centros adscritos. Así ocurre en el caso de las tres gallegas, cuyos centros adscritos, entendidos de forma agregada para el análisis en el trabajo, no pasarían el filtro en cuatro de las exigencias analizadas: ratio, doctores y personal temporal y a tiempo completo. En Vigo se salvaría la ratio, pero no basta. Teniendo en cuenta los datos de sus centros adscritos, solo diez universidades de las 18 “aprobarían” las exigencias actuales y la cifra de doce se rebajaría a únicamente cuatro si se valora su adecuación y la de sus adscritos al decreto en preparación de Castells. Para los autores, todo ello “plantea la necesidad de articular un sistema de seguimiento efectivo del cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos”.
Puntos fuertes y puntos débiles de públicas y privadas
En general, el informe, que obvia valorar infraestructuras por carecer de datos y se ve obligado a reformular u obviar otros porque no son públicos, detecta que las universidades públicas fallan sobre todo en los requisitos relativos a las plantillas de PDI y en los centros adscritos. Para los autores estos son puestos “en entredicho”. La mayoría de las públicas, añaden, cumplen con las demandas de actividad investigadora y todas aprueban en la oferta docente. Las privadas, mientras, “fallan masivamente” en indicadores de actividad investigadora. “Ninguna universidad privada consigue superar el conjunto de requisitos que propone el proyecto”, señala el informe.
Desde la CRUE respondían ayer a este trabajo y señalan que comparten la filosofía del nuevo decreto que prepara el Gobierno, recuerdan que da cinco años para cumplir con los requisitos exigidos y defienden que, en aspectos como los datos relativos a las plantillas, se aprecian “las graves consecuencias que supusieron las políticas de recortes impuestas en la pasada crisis económica”. En aspectos como la actividad investigadora, creen que los indicadores “deben precisarse con más claridad”.
La ley para crear el centro de Abanca, enviada al Parlamento
La creación de la primera universidad privada de Galicia enfila sus últimos trámites. La Xunta dio ayer el visto bueno al anteproyecto de ley para constituir la Universidad Intercontinental de la Empresa, impulsada por Abanca, que ahora deberá aprobar el Parlamento.
Una vez solventado ese trámite, será cuando se regulen las titulaciones que pueda impartir el centro, afectado por la nueva normativa estatal. Esta obligará al centro de Abanca a doblar su oferta académica, pues preveía comenzar con cuatro títulos de grado y otros cuatro máster. El Gobierno exige ahora un mínimo por centro de 10 grados oficiales, seis máster y tres programas de postgrado, además de un mínimo de personal investigador y producción científica.
Polémica
El proyecto de Abanca recibió el visto bueno del ministerio a finales de noviembre, pero su puesta en marcha generó una gran polémica. Los rectores de las instituciones académicas de Vigo, Santiago y A Coruña se opusieron a su implantación en la comunidad e incluso el Consello Económico y Social (CES) no pudo emitir un informe de aval al proyecto por la división suscitada entre empresarios y sindicatos.
Tras este informe del CES, el conselleiro de Educación, Cultura y Universidad, Román Rodríguez, aseguró que las “carencias” detectadas en el proyecto de creación de este centro de educación superior privado impulsado por Abanca “tendrán que ser subsanadas para poder seguir”.
Ayer, Feijóo matizó que la regulación establece que primero se cree el centro y después de aborde el mapa de titulaciones que oferta, que deberá adaptarse a las nuevas exigencias a nivel estatal.
