El pasado mes de mayo entró en vigor la Lei de Recuperación da Terra Agraria de Galicia, una norma que se marca como objetivo impulsar una pequeña revolución en el modelo de producción del campo devolviendo la vida a miles de hectáreas abandonadas y entregando superficie agraria tanto las explotaciones en activo que lo necesitan como a las nuevas iniciativas. Sin embargo, sus efectos no serán inmediatos. Los mimbres están ahí, pero revertir una situación tras sesenta años de abandono progresivo del medio rural que ha dejado 500.000 hectáreas completamente desatendidas en Galicia requiere tiempo y una visión a largo plazo. Es una ley para la que no se puede medir con urgencias la cosecha de resultados porque el reto que plantea es colosal.

José Manuel Andrade, Ana Pardo y Francisco Ónega

Esta es una de las conclusiones de Diálogos con FARO dedicado al futuro del medio, moderado por la subdirectora Irene Bascoy, en el que participaron el conselleiro de Medio Rural, José González; el director de la Fundación Juana de Vega, José Manuel Andrade; el ingeniero agrónomo y profesor investigador de la Universidade de Santiago, Francisco Ónega; y la gerente de la Grupo de Desenvolvemento Rural Monteval (concellos de la comarca de Monterrei, Ourense), Ana Pardo.

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Los cuatro coinciden en que el sector agrario gallego con sus debilidades manifiestas tiene una gran oportunidad por delante con esta ley debido a la calidad de sus tierras y a que hay superficie de sobra. Pero otra cosa es que esta tierra pueda ponerse a producir de nuevo. En su contra juega el minifundismo y la inmensa cantidad de fincas sin dueño conocido que hacen muy complicada su recuperación mediante alquiler, cesión, transmisión de titularidad o gestión conjunta, obstáculos que la nueva ley precisamente intenta sortear con las herramientas novedosas que incluye. Y por supuesto, también hace falta que la población del rural confíe en ella y en las soluciones que propone, porque todos los instrumentos que se aportan para poner a producir tierras abandonadas o infrautilizadas son voluntarios.

“Cuando la ley adquiera velocidad de crucero movilizaremos 10.000 hectáreas al año”

José González - Conselleiro de medio rural

José González - Conselleiro de medio rural Marta G. Brea

“Un estudio de las universidades reveló que hay 500.000 hectáreas abandonadas y queremos recuperar tierra con producciones de calidad para vivir dignamente en el campo y con beneficios. No es que vayamos lentos, es que es una legislación novedosa”, sostiene José González.

“La norma viene a desatascar cuellos de botella, pero son 60 años de abandono”

Francisco Ónega - Ingeniero agrónomo

Francisco Ónega - Ingeniero agrónomo FdV

“Creo que la ley viene a complementar un marco legal que ya de por sí no era escaso, pero aporta elementos interesante que vienen a desatascar cuellos de botella que imposibilitaban que el marco existente desplegase todo su potencial. Sin embargo, tenemos que reflexionar de no caer en el ansia y las urgencias. Un abandono de 60 años no se puede intentar solucionar en dos años y si lo intentamos, fracasaremos y entonces esto nos llevaría a la conclusión errónea de que el problema fue la ley. Tenemos que ser sensatos y prudentes con el horizonte temporal. Esto necesita una visión a largo plazo”, argumenta Francisco Ónega, que fue gerente del Banco de Terras en la etapa del bipartito en la Xunta.

Sin prisa

Esta opinión, la de mirar la ley con las luces largas y no quedarse en la inmediatez, la comparte el conselleiro. “Me gusta lo que dijo Quico, es una ley para la que no se puede tener urgencia en buscar resultados. No podemos ir a toda prisa porque la situación estructural es muy complicada. Para hacernos un idea: en los polígonos agroforestales lo primero que hacemos es una investigación sobre la propiedad y en Ourense, donde estamos actuando, un 30% de la tierra no se sabe de quién es”, dijo José González.

Irene Bascoy, subdirectora de FARO y José González, conselleiro de Medio Rural Marta G. Brea

El conselleiro señaló como las primeras acciones la implantación de diez polígonos y catorce aldeas modelos, y que una vez la ley adquiera velocidad de crucero, se puedan movilizar unas 10.000 hectáreas al año. Sus interlocutores pidieron recursos humanos y presupuestarios para implantar la ley con garantías, a lo que el conselleiro prometió todo su esfuerzo personal y del equipo para conseguir los objetivos.

“El criterio de aplicación de la ley debe ser sin prisa, pero sin pausa”

José Manuel Andrade - Fundación Juana de vega

José Manuel Andrade - Fundación Juana de vega FdV

“Me resulta complicado decir en qué plazos a van completar todos los efectos de la ley. Pero este es el momento idóneo para la ley y me parece muy interesante dónde se pueda empezar ya para que sirva de referente para el resto de la gente, para que funcione como mancha de aceite que extienda un dinámica positiva para movilizar y recuperar tierras en el rural. No sé con que rapidez, pero se podría decir que el criterio es sin prisa, pero sin pausa”, interviene José Manuel Andrade.

“Los promotores de proyectos se topan con muchas trabas para acceder a la tierra”

Ana Pardo - Gerente de GDR Monteval

Ana Pardo - Gerente de GDR Monteval

“La frase es la idónea. La gente tiene ganas de recuperar la tierra y cuando lo ve, confía y se echa adelante”, tercia Ana Pardo.

“Que sean 4, 5 o 6 años me parece irrelevante. Lo importante es que los medios para implementar la ley se vayan implantando con solidez, aprendiendo de cada proyecto y empezando con determinación los primeros. Esto es más interesante que el número de hectáreas movilizadas”, intervino Ónega.

Demanda efectiva de superficie agraria

¿Hay demanda real de tierra? Sí y mucha. El conselleiro puso los datos encima de la mesa. Se promovió una manifestación de intereses y la Xunta recibió 1.500 propuestas solicitando tierras, de las cuales un millar, firmas por explotaciones agrarias activas –lácteas sobre todo–, detallaba incluso la localización exacta de 21.000 hectáreas donde las preferían.

Por otra parte, Medio Rural tenía identificadas 24.000 hectáreas procedentes de concentraciones parcelarias abandonadas y al cruzar los datos descubrieron que 5.000 de estas últimas coinciden en su ubicación con 5.000 de las hectáreas demandadas por las explotaciones. “Estas podemos atenderlas ya de cabeza”, destacó José González.

“Nosotros continuamente recibimos consultas de promotores para explotar el rural, pero se encuentran con muchas trabas para acceder a la tierra y el tener que negociar con muchos vecinos y propietarios”, indica la gerente de Monteval.

Pero está claro que la demanda no es homogénea ni mucho menos. La actividad agraria está concentrada en 50 o 60 concellos, el 20% del total, y donde precisamente está la tierra abandonada no hay o hay muy pocas explotaciones. “No lo planteo como un problema, sino como un reto. Si dinamizamos superficies en zonas donde no haya explotaciones tenemos que intentar conseguir también que haya demandantes, nuevos agricultores. Hay muchas oportunidades en el rural de generar valor añadido, de movilizar recursos productivos y de crear proyectos de vida, pero tenemos que ver si somos capaces de generar demanda para esas tierras”, dijo Ónega.

“El sector primario, tras lo que pasó con la pandemia, va a ser una oportunidad y Galicia está muy bien colocada en el conjunto europeo dentro de ese mundo de oportunidad, porque tenemos tierra extraordinaria”, apuntó el conselleiro.

Impulso público frente a la iniciativa privada

¿Por qué la Xunta actúa como intermediaria en la movilización de tierras? ¿No debería ser esta una acción propia del mercado y de la iniciativa privada? Antes estas preguntas, la coincidencia de los intervinientes en el debate no fue total. El conselleiro sostuvo que a veces, el mercado no es capaz de generar actividad empresarial por sí solo. “Por las condiciones de la estructura de la propiedad de la tierra en Galicia”, precisó.

“La estructura del minifundismo, el 30% de parcelas con propietario desconocido o sin localizar y problemas de titularidad, herencias sin repartir o proindivisos introducen mucha inseguridad. En este sentido, esta ley da solución a la inseguridad jurídica, por eso lo acertado del impulso público”, añade Andrade. “Pienso lo mismo. Además, se necesita que la Xunta eche una mano porque se trata de población envejecida y que tiene miedo a perder sus tierras”, conviene Ana Pardo.

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Ónega discrepa un poco y asegura que la iniciativa privada ha funcionado en los últimos años y la prueba es que la actividad está concentrada en el 20% de los concellos, pero que ahora, entre otras razones, va a menos por falta de relevo generacional. “¿Fue suficiente? No. Pero tampoco se me ocurre ninguna ideología que pueda estar en contra del papel de la iniciativa pública”, comentó.

Oportunidades sí, pero también hay debilidades

No cabe duda de que los cuatro vaticinan grandes oportunidades para el sector agrarios gallego, pero eso no impide que todos vean también sus debilidades. El conselleiro citó, por ejemplo, que a los agricultores y ganaderos, a pesar ser muy competentes en su actividad, les falta visión empresarial y profesional. “Tienen alguna dificultad sobre el perfil de empresario, tenemos que convencerlos de que son empresarios”, sostuvo.

“Escasa dimensión del sector industrial vinculado a la transformación de productos agroalimentarios, mucha tierra abandonada con gran potencial, escasa innovación, una balanza comercial agroalimentaria negativa de más de 500 millones al año… Este modelo no es sostenible, pero la ley de recuperación da respuesta desde múltiples vías adaptadas a los distintos proyectos productivos que se quieran seguir en el rural”, añade José Manuel Andrade.