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Galicia amplía el plazo para expropiar fincas sin dueño

Finca llena de matorrales sin cuidar en la comarca del Deza. |   // BERNABÉ/GUTIER

Finca llena de matorrales sin cuidar en la comarca del Deza. | // BERNABÉ/GUTIER

PP y oposición sellaron ayer decenas de acuerdos para lograr que la Lei de recuperación de terras agrarias salga adelante sin ningún voto en contra. Uno de los más relevantes se refiere al aspecto más mediático de la norma: la Xunta asumirá la gestión de fincas abandonadas sin dueño conocido para fomentar la recuperación del sector primario y el entorno rural. Si en 10 años nadie acredita la propiedad del terreno, la administración se quedará con él.

Ese plazo dobla el tiempo inicialmente previsto en el texto original, que establecía un período de un lustro. Y forma parte de un grupo de cambios consensuados entre el PP y la oposición en el último trámite parlamentario del texto legal antes de su votación, en la sesión plenaria de la próxima semana. Esa modificación concreta fue propuesta por los socialistas.

Aun así, el diputado socialista Martín Seco tiró de hemeroteca para recordarle al PP sus críticas en la época del bipartito (2005-09) acerca del Banco de Terras, acusando a la Xunta de entonces de planear quitarle sus tierras a los dueños “con la excusa de que no las trabajaban”.

El PP defendió los cambios introducidos para “mejorar la ley”, que saldrá adelante sin ningún voto en contra. “Es importante porque esta ley pretende ser un antes y un después en el monte gallego y ha mejorado con las aportaciones de todos”, expone la popular Elena Candia, que destaca haber podido “reducir la crispación” actual de la escena política para “poner en valor la negociación”.

“Ahora le toca a la Xunta demostrar si la ley es útil o se queda en papel mojado”, retó el socialista Martín Seco.

Entre los cambios se sitúa también la incorporación de nuevos mecanismos de control, como la constitución de una comisión de evaluación y seguimiento de la ley, compuesta por expertos en la materia. Además, la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) deberá elaborar un plan de acción anual de actuaciones en materia de recuperación agraria, detallando sus planes.

El BNG pasó del voto negativo a la abstención acerca de un texto legal que le genera “desconfianza” y que adolece de “ambigüedad” acerca del uso de tierras para actividades “agropecuarias”. “Una cosa es lo agrícola y lo agropecuario y otra, lo forestal”, expuso el diputado del BNG Xosé Luis “Mini” Rivas.

Una de sus enmiendas aceptadas precisamente aclara que la prioridad de usos de la tierra será el “agrícola y ganadero”, según informan fuentes parlamentarias.

En su opinión, la norma encierra “deseos forestalistas, concretamente del eucalipto”, así como una “amnistía velada a las tierras agrarias forestadas ilegalmente”, a pesar de la moratoria a nuevas plantaciones de esa especie impulsada por la Consellería de Medio Rural.

Espacios de pruebas para jóvenes agricultores

Otro de los cambios impulsados respecto al texto inicial se refiere al impulso de espacios de Test Agrarios, una propuesta socialista destinada a “facilitar procesos progresivos de instalación de nuevos agentes en el sector agrario”. Esos espacios permitirán a jóvenes emprendedores “probar su modelo de empresa en un entorno seguro, son el fomentado de la innovación social para la incorporación agrario y la transferencia de conocimiento”. Serán, por tanto, un campo de pruebas de modelos de negocio antes de arriesgar por completo una inversión.

La ley pretende reactivar parte del suelo que no está produciendo en Galicia. De acuerdo con un estudio de las universidades de Vigo y Santiago, Galicia cuenta con 512.308 hectáreas aptas para el cultivo abandonadas o infrautilizadas. Las agrupaciones de gestión conjunta también pretenden solventar el minifundismo de un territorio con 11 millones de parcelas y 1,6 millones de propietarios, estableciendo un 70% de votos a favor para sumar parcelas a esta figura. A pesar de los cambios, la oposición mantuvo sus reticencias a votar a favor del texto. Tras su abstención en comisión, El socialista Martín Seco advirtió de que la “falta de voluntad política y presupuestaria para solventar los problemas del rural gallego” y el nacionalista “Mini” Rivas apostó por la producción de “madera de calidad”.

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