El sector agrario gallego tiene hambre de tierras. En Galicia existen de sobra, pero el minifundismo, un progresivo abandono de la actividad en el campo y una muy reducida movilidad de parcelas funcionan como bloqueo para que sean aprovechadas por las explotaciones activas que tienen necesidad de ampliar su base territorial. De hecho, se calcula que en la comunidad hay al menos 500.000 hectáreas de fincas sin uso o infrautilizadas. Darle una salida a este suelo improductivo –al menos a una parte– es uno de los grandes objetivos de la Consellería do Medio Rural y de la ley recuperación de tierras recién aprobada. Porque interés hay, y mucho, por ganar parcelas donde cultivar, crear pastos o ubicar instalaciones productivas. La prueba es que en la Xunta se han registrado 1.500 proyectos de empresas vinculadas al sector agrario o agroalimentario –ya funcionando o que prevén hacerlo– que pretenden movilizar más de 30.000 hectáreas para ampliar sus bases territoriales.
Es una “cifra enorme”, destacó el conselleiro de Medio Rural, José González, haciendo balance de las iniciativas que llegaron a su departamento tras abrir en marzo la Xunta una convocatoria de manifestación de intereses para que el sector presentara proyectos susceptibles de recibir financiación de los fondos europeos de recuperación para hacer frente a los efectos del coronavirus.
José González avanzó estos números durante su participación en Foro Agro organizado por FARO DE VIGO con el patrocinio de Banco Santander. Tras la bienvenida del director del periódico, Rogelio Garrido, intervinieron en este encuentro telemático la directora territorial de Banco Santander en Galicia, Rocío Pazos; la responsable de Negocio Agroalimentario de Santander España, Lorena Ruiz Ponce; y el conselleiro, en un diálogo moderado por la subdirectora de FARO Irene Bascoy.
Tras recibir los 1.500 proyectos, unos totalmente nuevos pero la mayoría para ampliar la base territorial de las explotaciones existentes o cualquier otra actividad vinculada al sector primario, una de las vías que explora la Xunta para atender sus demandas es localizar las tierras sin uso existentes en concentraciones parcelarias.
Su identificación es un proceso bastante fácil, dado que la Administración autonómica dispone de una amplia base de datos al respeto y no tiene que sumergirse en una investigación para averiguar quiénes son los dueños. “Lo que estamos haciendo ahora es casar las demandas de base territorial con las zonas abandonadas en las concentraciones parcelarias. Casamos oferta y demanda”, sostuvo el titular de Medio Rural, que confía en que a finales de este año puedan enviar las primeras cartas respondiendo a las peticiones de más tierra por parte de las explotaciones existentes o para nuevos proyectos que pretendan asentarse.
Banco Santander aportó en 2020 casi 390 millones al sector
El Banco Santander financió el pasado año el sector agrario con 383 millones de euros, lo que supuso un 43% más que en 2019, según las cifras que aportó la directora territorial de la entidad en Galicia, Rocío Pazos. “Para muchos empresarios fueron estas ayudas las que les permitieron continuar con su actividad”, destacó la directiva durante su participación en el Foro Agro. También avanzó que el banco está desarrollando junto con KPMG una herramienta para que las empresas puedan localizar los fondos europeos Next Generation más convenientes para sus intereses.
“El sector agrario es importante para nosotros y es fundamental para Galicia, de ahí nuestro compromiso”, añadió Pazos.
Por su parte, la directora de Negocio Agroalimentario de Santander España, Lorena Ruiz, puso el énfasis en que la innovación y el acceso al capital son elementos claves para el desarrollo del sector y que en 2020 el Santander aportó más de 7.500 millones de euros en financiación en toda España.
En breve, la Xunta presentará su estrategia para el vino, un sector que factura al año unos 200 millones de euros y envía al extranjero una cuarta parte de su producción. Pero Medio Rural no quiere centrarse solo en promocionar el mercado del vino. Buscará también, según contó José González, dinamizar el territorio sobre el que se asientan las cinco denominaciones de origen para así fijar población, abrir las expectativas para que se incorporen nuevos productores y favorecer que las explotaciones sean rentables. “Que el dinero del vino sea suficiente para llegar a todos los eslabones, desde las bodegas a los viticultores”, indicó. Y ganas de crecer hay en el sector. Tras una primera toma de contacto de Medio Rural con las denominaciones de origen a efectos de preparar la estrategia autonómica, la respuesta con que se encontró fue la demanda de 2.000 hectáreas más para destinarlas a la cosecha de uva. Una de las líneas que seguirá este plan será la de poner en valor la singularidad de los vinos gallegos y, por tanto, potenciar las variedades autóctonas de uva.
“La estructura de la propiedad de la tierra en Galicia es diabólica y dificulta su recuperación”
Desde el pasado día 22 de abril, con su entrada en vigor, Galicia cuenta con la ley de recuperación de tierras agrarias. Se trata de una herramienta legal con la que se busca, en última instancia, sacar el mayor provecho al suelo agrario poniéndolo a producir. Sobre todo, tiene el punto de mira en las 500.000 hectáreas abandonadas o infrautilizadas a pesar de que Galicia dispone de una tierra “con una extraordinaria calidad agronómica”, en palabras del conselleiro. Esta ley permitirá movilizar las fincas, investigar a sus dueños en caso no estar identificados e inscribirlas a nombre de la Xunta si transcurridos diez años no aparece el propietario. Antes esto lo hacía el Estado, pero sin demasiado interés. Ahora está en manos de la Administración autonómica, que promete ser más diligente. Sin embargo, estos objetivos siguen chocando con una realidad muy propia de Galicia: el minifundismo. “La estructura de la propiedad es diabólica y dificulta la recuperación de la tierra. Son esporas que se reparten por el territorio y bloquean poder aprovecharlo”, dijo el conselleiro.
“Hemos creado, con AENOR, el primer sello que califica y certifica la sostenibilidad de las pymes”
El sector agrario gallego representa el 7% del PIB, genera el 8,5% de los empleos y da trabajo a 93.000 personas. “Y además son buenos pagadores y solventes”, puntualizó el titular de Medio Rural. Pero sobre todo, añadió, es un sector que está en condiciones de afrontar si miedo los retos que conllevan del Pacto Verde de la UE, que busca explotaciones más sostenibles, mayor seguridad alimentaria, menos carga contaminante, reducir el exceso de nutrientes en el suelo y de plaguicidas o procurar el bienestar animal. Para el conselleiro, estos objetivos que se pretenden ya están siendo implantados en Galicia, cuyos productores dieron la talla durante los meses más duros de la pandemia al no dejar de suministrar a la cadena de distribución. “El sector está preparado para asumir esa sostenibilidad que marca la UE y la está trasladando a sus negocios. Todo lo que trae Europa es una oportunidad excepcional para Galicia, porque los que ya están se están adaptando y los que van a venir, se van a adaptar”, declaró el conselleiro.
“La innovación y el acceso al capital son elementos clave para el desarrollo del sector agroalimentario”
Galicia es una región puntera en Europa en producción láctea. Factura al año 800 millones de euros. Pero arrastra un par de deficiencias de calado. La negociación del precio de la leche por parte de los ganaderos con la industria y una formación empresarial mejorable. Sobre los precios, la Xunta está ultimando una herramienta informática para que los productores calculen exactamente los costes de producción y con eso puedan negociar un mínimo con la industria, dado que la ley estatal de la cadena alimentaria impide firmar contratos por debajo de los costes de producción. Pero para que esta herramienta sea efectiva, Medio Rural está estudiando la fórmula para que tenga eficacia legal en la negociación. “Tenemos que atornillarla bien jurídicamente”, expuso el conselleiro. La otra pata de la que cojea el sector en la profesionalidad. La Xunta quiere que además de ganaderos exploten su vertiente empresarial, mediante la formación, para saber negociar con la industria los contratos y también, cuando sea necesario, con los bancos los préstamos.
La Xunta promete ser “inflexible” en la negociación de la PAC
Los actuales criterios de reparto de ayudas discriminan las pequeñas explotaciones gallegas
El primer asalto en Europa para acordar el nuevo marco de las ayudas directas de la PAC (Política Agrícola Común) fracasó el pasado mes, pero a finales del actual llegará el definitivo. Y luego empezará una nueva negociación, pero esta vez circunscrita al Gobierno español con las comunidades autónomas. Y si en las conversaciones con Bruselas la Xunta se mueve, “por lealtad”, al lado del Ministerio de Agricultura, en las conversaciones nacionales el Ejecutivo autonómico promete dar guerra para defender los intereses gallegos. “Vamos a ser inflexibles”, advirtió el conselleiro, José González, durante el Foro Agro organizado por FARO DE VIGO y patrocinado por Banco Santander.
Las líneas de actuación de La Moncloa y la Xunta no van por el mismo sendero. Galicia aboga por un carácter más redistributivo de las ayudas, que tenga como criterios para fijar el reparto tanto el tamaño familiar de las explotaciones y como el disponer de base territorial, elementos que no pesan mucho el sistema actual y que, al parecer, el Gobierno central no está dispuesto a modificar.
De hecho, en la comunidad gallega son en total 26.000 los perceptores de la PAC, pero tan solo hay 74 que reciben más de 60.000 euros, cuando en otros territorios abundan los que superan los 100.000.
Las ayudas directas de la PAC suponen para Galicia unos 170 millones de euros anuales, pero la Xunta aspira a más. Enfrente tendrá a un ministro de Agricultura “con una postura muy mediterránea”, a juicio del conselleiro do Medio Rural, que no es compartida por la Xunta.
Entre otras cosas, porque el Gobierno quiere incorporar en el sur y en este de España nuevas superficies con derecho de cobro de la PAC, con lo que los beneficiarios de las ayudas aumentarían.
Pero antes de sumar nuevos territorios, la Xunta propone “regularizar” las explotaciones activas existentes en Galicia que no pueden acceder a las ayudas porque en su momento no declararon sus tierras, “por la mentalidad gallega o por desconfianza”, indicó el conselleiro. El caso es que ahora no habría ninguna razón técnica para impedirles su entrada en el reparto de la tarta de los fondos, salvo la de una decisión del Gobierno de proceder a su “legalización”.
Primeras fotos de satélite para inventariar los bosques
La ley de recuperación de tierras llevó aparejada la prohibición de realizar nuevas plantaciones de eucalipto, salvo que ya contaran con autorización previa. Esta moratoria tendrá vigencia hasta que la Xunta haya elaborado su inventario forestal para conocer con precisión cómo es al grado de ocupación de las diversas especies que pueblan Galicia.
Este mapa no estará listo, en principio, hasta finales del próximo año. Porque aún ahora están comenzando a hacerse las primeras fotos desde el satélite que rastreará toda la comunidad autónoma. Es tal el nivel de detalle de las ópticas que se podrán diferenciar los distintos tipos de árboles.
Será entonces cuando la Administración autonómica, en función de los resultados, pueda proceder a la ordenación del suelo rústico y marcar los límites de cada especie, sobre todo de las alóctonas. “El mercado nos pide diversificación porque reclama biodiversidad y parecía adecuado una parada técnica del eucalipto hasta tener claro el inventario”, advirtió el conselleiro.
