El descenso de la natalidad y el progresivo envejecimiento de la sociedad gallega amenazan la viabilidad del sistema socioeconómico en un futuro no muy lejano. Los mayores de 65 años ya superan el 25% de la población y con el paso del tiempo esto disparará la incidencia de la dependencia. En la actualidad casi 67.500 gallegos tienen reconocido el derecho a una prestación contemplada por la Ley de Dependencia, cifra que en 2035 crecerá al menos un 30% situándose en el entorno de los 90.000. Es decir, algo más de 20.000 adicionales.
La Consellería de Política Social reconoce la dificultad de realizar una estimación para un horizonte de casi tres lustros, especialmente en un contexto marcado por la irrupción de una pandemia que se desconoce cuánto se mantendrá en el tiempo y qué efectos producirá a largo plazo. “Hay que tener en cuenta que hay muchas variables que van a condicionar esta cifra. Aun así, podríamos indicar que para 2035 se puede esperar que la cifra [de dependientes con derecho a una prestación] se incremente un poco más del 30%”, estiman desde el departamento.
Las implicaciones son múltiples. Desde la necesidad de aumentar los fondos destinados a esta cuestión, al incremento de plazas porque el descenso de natalidad hará que muchos mayores no cuenten con familia para hacerse cargo de ellos a la intensificación de la actividad de este sector. El Consello Económico e Social (CES) considera esta cuestión un “enorme reto”. Solo en plantillas, deberían contratarse otras 7.500 profesionales.
Ese mismo órgano realizó un estudio hace tres años en los que cifraba la atención a las demencias en alrededor de 600 millones de euros al año entre costes directos e indirectos para administración y familias.
“Falta planificación. Deberíamos plantearnos atender la dependencia y la cronicidad, que son patologías agudas”, alerta Miguel Ángel Vázquez, presidente de la Sociedade Galega de Xerontoloxía e Xeriatría, que considera que Galicia cuenta con un problema añadido a su envejecimiento: las bajas pensiones. “La respuesta a este problema es de emergencia social y se va a agravar. Las personas que tienen 55 o 60 años y cuidan de sus padres tienen también que ayudar a sus hijos, con pocos recursos. ¿Qué sucederá cuando ellas sean dependientes?, se pregunta.
La respuesta pasa por la prevención. “En Inglaterra, el 26% de los mayores de 65 años que acudían a su médico de Atención Primaria con síntomas de deterioro cognitivo no eran diagnosticados. Cabe pensar que puede ser un porcentaje similar. Si tratásemos, por ejemplo, las demencias en su fase inicial se podrían retrasar mucho sus síntomas más graves y los enfermos podrían vivir más años con mejor calidad de vida y en sus casas”, finaliza el geriatra.
Por su parte, Política Social destaca que atiende al 94% de dependientes con derecho a prestación (63.322 de 67.435) y urge al Gobierno central a elevar su aportación: destina solo el 24% de un gasto de 400 millones. “Si cumpliese con su parte de la Ley de Dependencia, en Galicia se podría continuar ampliando y mejorando la atención a quienes necesitan un cuidador o un servicio de atención diurno o presencial”, añade.
“Se necesitará un nuevo pacto intergeneracional”
–Usted fue uno de los autores del estudio “Desafíos de una sociedad envejecida y en declive: desequilibrios territoriales y prestación de servicios” del Foro Económico de Galicia. ¿Le parece atinada la predicción de un 30% más de dependientes con derecho a prestación en 2035?
–Se trata de uno de los posibles escenarios base, en principio conservador.
–¿Existe conciencia de la dimensión del desafío?
–Creo que la sociedad y la administración son conscientes del reto que supone, aunque quizás no tengan muy claras las diferentes implicaciones económicas y sociales dada la intensidad prevista en las estimaciones sobre el envejecimiento.
“Necesitaremos mayor gasto público, pero también cambiará la producción de bienes”
–¿Cuáles serán?
–Las consecuencias son múltiples y muy relevantes. Las directas no sorprenden. Necesitamos un mayor esfuerzo en atención de los mayores y dependientes, lo que modificará las prioridades de gasto público, pero también la producción de bienes y servicios privados (cambio en los patrones de consumo por edades), la demanda sectorial de empleo y las calificaciones del mismo. Las indirectas son gran calado. El cambio en la estructura por edades de la población supone la necesidad de un nuevo pacto intergeneracional que tenga en cuenta que el futuro no será lo que teníamos en el pasado y los acuerdos existentes de solidaridad intergeneracional no serán sostenibles en los mismos términos.
–En su estudio publicado por el Foro Económico apuntaba la necesidad de situar el envejecimiento como una prioridad. ¿Se está haciendo?
–La mejor respuesta ante el incremento futuro de los dependientes con derecho a prestación es conseguir que no se produzca o lo haga con menor intensidad. Para ello, la mejor medida posible es dedicar más esfuerzos a prevención y lograr que la prevalencia de la dependencia por edades sea menor en el futuro próximo. Existen importantes diferencias en esperanza de vida libre de discapacidad por territorio en el Estado español, lo que nos indica que tenemos un importante margen de mejora. Para ello, debemos tomar medidas en muchos campos, desde la educación (promoción de una vida saludable) al diseño de nuevos servicios a la comunidad. Desgraciadamente, todos coincidimos en la prioridad, pero los esfuerzos de los dos últimos años, en gran medida como consecuencia directa de la pandemia, parecen ir en dirección contraria.
