Las comunidades autónomas se deben preparar para inyectar miles de millones de euros para atender el gasto social en esta década. Hasta 35.837 millones de euros adicionales sobre los presupuestos ordinarios. La pandemia, el envejecimiento y la necesidad de atender a este creciente sector de la población obligarán a elevar la calidad y el tamaño de algunos servicios públicos básicos, especialmente los sanitarios y las medidas de protección social. En el caso de Galicia, el gasto añadido sería de 1.561 millones de euros hasta el año 2030, según las conclusiones de un estudio elaborado por Funcas.
Con todo, Galicia no sería, ni mucho menos, la comunidad más afectada por este sobrecoste. Es cierto que su población ya es de las más envejecidas de España, pero en esta década el número de personas que superarían los 65 años no sería excesivo en números absolutos con respecto a la situación actual.
El impacto alcanzaría mayores dimensiones en territorios como Baleares, Madrid y Canarias, que son las comunidades en las que crecerá mucho más el número de ciudadanos que superarían los 65 años. Mientras que en estas comunidades necesitarían incrementar su gasto social por encima del 35% hasta 2030, en Galicia la subida se quedaría en un 19,4%, solo por encima de Asturias, Castilla y León y Extremadura, muy lejos, en todo caso, de la media nacional, que sería del 28%.
El estudio “La sostenibilidad del gasto social en las haciendas autonómicas. Perspectivas 2018-2030” de Funcas precisa que para hacer sus cálculos se han tenido en cuenta la evolución demográfica –con los costes asociados al envejecimiento poblacional–, la actualización de la tecnología sanitaria o la adecuación del nivel de gasto per cápita educativo al referente europeo. De ahí saldrían los casi 36.000 millones adicionales, tomando como base los presupuestos de 2017.
El 62% del incremento de gasto se explica por la mejora de la sanidad, el 15% por “otros servicios sociales”, seguido de educación (12%) y dependencia (10%). El incremento medio anual previsto del gasto es del 2,1% para el conjunto autonómico, siendo el de Galicia del 1,5%.
Si solo se tuviera en cuenta el factor demográfico, el gasto extraordinario se quedarían en 14.371 millones de euros para toda España, de los que 336 corresponderían a Galicia. Pero Funcas indica que se deberá contemplar un escenario más ambicioso, y también “más realista” en el que se incluye la mejora de la tecnología sanitaria y el gasto educativo. Entonces las necesidades se disparan hasta los 36.000 millones.
Pero incluso esta cifra se podría quedar corta y habría que sumar 9.000 millones más, dado que en un escenario postpandemia se registrará “un aumento previsible de la presión política y social para elevar la calidad y la dimensión de los servicios públicos fundamentales”.
En el caso del gasto sanitario autonómico, el refuerzo estimado supone un 7,4% de mayor gasto real que en el escenario prepandemia, es decir, unos 5.125 millones en términos reales.
En cuanto al gasto educativo, el aumento de 2.000 millones de euros del Fondo COVID cubre la mitad del asumido en un entorno previo a la pandemia. Esta consolidación del gasto educativo excepcional de 2020 se explica no solo por las medidas de seguridad, sino también por nuevas necesidades derivadas del confinamiento para ir adaptando el sistema educativo.
Y en dependencia, en el escenario postpandemia el incremento extra sería de unos 1.800 millones de euros durante esta década, si bien Funcas matiza que “no hay datos firmes hasta ahora” que permitan determinar el sobrecoste con margen de seguridad.
