El gasto en la atención a las personas dependientes no solo redunda en el bienestar ciudadano, sino que también retorna en parte al bolsillo de la administración mediante las aportaciones a la Seguridad Social o vía impuestos de empresas y trabajadores del denominado tercer sector. Desde 2009, Galicia recuperó 1.417 millones de euros de su gasto, lo que supone alrededor del 40% de la inversión global en ese período.
El progresivo envejecimiento poblacional amenaza con disparar la dependencia entre la población gallega, con una previsión del 5,5% en 2035, según el Consello Económico y Social. El impacto económico de los cuidados es enorme tanto en la esfera del empleo, como en el del retorno económico a la administración. El año pasado, el sistema gallego provocó que la administración ingresase 163 millones, lo que supone una tasa de retorno del 42%, la cuarta más elevada del Estado, solo superada por La Rioja (44,6%), Castilla-La Mancha (44%) y Madrid (42,6%), según los datos del XXI Observatorio de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
El año pasado se cerró en Galicia con 62.544 ciudadanos atendidos dentro del sistema de dependencia, casi un millar más que al cierre de 2019. Además, la lista de espera se recortó en 2.500 personas, debido al impacto del COVID sobre la mortalidad de este colectivo.
El gasto público fue de 327 millones (292 de la Xunta y 39 de la administración central), aunque a esa cifra hay que añadir el copago de los usuarios.
La red de centros de mayores y de día, así como de cuidadores, genera una economía de la que la administración logra beneficiarse, así como el tejido laboral. En Galicia, dependen de la aplicación de la conocida como Ley de Dependencia que impulsó el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero 17.597 empleos, apenas 71 menos que un año antes. Algunas comunidades mejoraron sus cifras, pero aun así, Galicia continúa siendo la tercera autonomía que más puestos de trabajo genera vinculados a la dependencia, con 45,3 por cada millón de euros de inversión. Solo mejoran sus cifras Castilla y León (53) y Extremadura (50,7), según el citado informe.
De acuerdo con el citado informe, el incremento de 623 millones incorporado en los presupuestos generales del Estado para dependencia, supondrían 45,5 millones extra para Galicia, que permitirían aumentar los beneficiarios en 8.275 personas y crear 2.065 nuevos puestos de trabajo.
El gasto, sin embargo, no resulta un indicador absoluto de la calidad del sistema. En Galicia, por ejemplo, continuó el año pasado una tendencia a la baja iniciada hace cinco años hasta situarse en 5.505 euros anuales por dependiente, un 15,4% menos que la media nacional. “Es consecuencia de una cartera bien compensada con prestaciones eficientes y sostenibles económicamente como la ayuda a domicilio, que alcanza el 31,9% de su cartera”, apunta el observatorio.
El observatorio también destaca el impacto de los recortes del Gobierno de Rajoy en los momentos más duros de la crisis financiera global. Tras el tijeretazo de 2012, Galicia dejó de percibir 256 millones de euros. “Con ese dinero podrían haberse atenido a 42.720 personas dependientes y haberse generado 10.748 puestos de trabajo”, lamenta la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
