El gasto público adicional en la educación durante el año marcado por la pandemia de COVID, que afectó al curso pasado y al presente, superó los 182 millones de euros. La contratación de refuerzo para adaptarse a las restricciones derivadas del virus copó la mayor parte del desembolso, con 162 millones. A ellos añadió otros 20 el pasado mes de abril para cubrir las bajas y jubilaciones de docentes y no docentes.

“Estas modificaciones presupuestarias son habituales a lo largo del año para atender la sustitución de personal que va surgiendo”, exponen desde la Consellería de Educación. “A priori, es imposible realizar una previsión de las eventuales incorporaciones, sean derivadas de bajas por jubilaciones, por incorporación de nuevos docentes sujetos a la Seguridad Social o procedentes de concursos de otras comunidades autónomas que continúan bajo el régimen de mutualidad. Por eso, hay que hacer estas modificaciones”, añaden.

Gran parte de esos recursos permitieron pagar 2.300 docentes de refuerzo que el Gobierno central pide que continúen en nómina el próximo curso. La Xunta ha condicionado esa decisión a la evolución de la pandemia y ha pedido más fondos.

Por otra parte, el conselleiro de Cultura, Educación e Universidade, Román Rodríguez, aseguró ayer que las oposiciones de la enseñanza el próximo ejercicio sumarán un número de plazas “semejante, 100 o 150 por arriba o por abajo” a las que se celebran el mes próximo y se “superarán las 3.000”, toda vez que se acumulará la oferta pública de empleo de este 2021 (ya aprobada) con la de 2022.

En declaraciones a la Radio Galega, destacó el trabajo y “responsabilidad” que ha supuesto preparar las pruebas de junio, con 3.894 plazas en juego.